Cuando hablamos de derechos de las mujeres, la conversación pública suele quedarse en las palabras. Se discute el lenguaje, se discute la representación, se discuten los símbolos. Todo eso importa, pero hay un terreno donde la discusión se vuelve verificable: qué instituciones existen, dónde están, quién puede entrar a ellas y qué le resuelven a una mujer que está pasando por lo peor.
En ese terreno, lo construido en los últimos años es de una escala que todavía no terminamos de dimensionar. Más de 700 Centros Libres para Mujeres en todo el país, de los cuales 58 están en Zacatecas. Una Secretaría de las Mujeres con rango de gabinete. La Línea de las Mujeres, la primera línea telefónica nacional dedicada a orientación y denuncia. Y en nuestro estado, dos Centros de Justicia para las Mujeres, en la capital y en Fresnillo.
Todo eso es infraestructura, y la infraestructura tiene una virtud que el discurso no tiene: sigue existiendo cuando cambia el gobierno.
¿Qué significa un Centro Libre en la práctica? Significa que una mujer de un municipio pequeño tiene a dónde ir sin pedirle permiso a nadie ni explicar por qué. Que ahí hay asesoría jurídica, atención psicológica y personas capacitadas para escucharla sin preguntarle qué hizo para provocarlo. Que puede llegar sin cita, sin denuncia previa y sin la certeza de querer denunciar todavía. Esa última condición es la más importante, porque el momento en que una mujer decide pedir ayuda casi nunca coincide con el momento en que está lista para ir a una fiscalía.
A la red de servicios se suma el marco jurídico. La reforma en materia de feminicidio homologó el tipo penal en las 32 entidades del país, hizo obligatoria la investigación con perspectiva de género y estableció protocolos únicos. Antes, la suerte de una investigación dependía del estado en el que le hubiera tocado morir a una mujer. Se han repartido 15 millones de cartillas de derechos, traducidas a lenguas indígenas, y se entregaron más de 30 mil certificados de propiedad ejidal a mujeres, que por primera vez fueron reconocidas en la ley como ejidatarias con nombre propio.
Ese último dato me parece de los más profundos. La tierra en México se heredó entre hombres durante un siglo. Que una mujer campesina tenga hoy un papel que diga que la parcela es suya cambia su poder de negociación dentro de su propia familia, no solamente frente al Estado.
Nada de esto sería posible sin nuestra querida presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, que convirtió su llegada en política pública en lugar de quedarse en el símbolo.
Como mujer y como zacatecana, tengo claro que lo construido no basta y que decirlo no debilita el argumento: lo hace creíble. Se sigue registrando violencia contra las mujeres en niveles que no podemos normalizar. El aumento en las carpetas por violencia de género se explica en buena medida porque hoy se denuncia más, y eso es un avance, pero un avance que sólo tiene sentido si la denuncia termina en algo. Una mujer que se atreve a denunciar y no obtiene respuesta queda peor que antes: sin protección y ya identificada.
Ahí está la tarea. Que los 58 Centros Libres tengan personal suficiente y permanente. Que las órdenes de protección se cumplan y se supervisen. Que ningún ministerio público mande a una mujer de regreso a su casa a pensarlo.
Porque en México la justicia tiene que sentirse en la vida de todas, en cada hogar y en cada comunidad, como un derecho que cuide, que acompañe y que garantice una vida libre de violencias.
