A53 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, Chile y nuestro continente conmemoró este 11 de septiembre en medio de una nueva disputa por la memoria histórica y por el rol que desempeñó Estados Unidos en el quiebre democrático de 1973… y en la actualidad.
Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990, el gobierno chileno decidió no realizar
una ceremonia oficial para recordar el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. El presidente José
Antonio Kast (cercano al golpismo) optó por mantener su agenda habitual y sostuvo que el país “debe mirar hacia el futuro”.
Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente esa decisión
ya que la ausencia del acto oficial rompe con una práctica mantenida durante décadas, incluso bajo
gobiernos de derecha.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros se levantaron contra el gobierno de
la Unidad Popular. La Moneda fue bombardeada y Allende murió durante la toma del palacio presidencial. El golpe puso fin a la experiencia de un gobierno socialista elegido democráticamente e inició una
dictadura militar que se prolongó hasta 1990 bajo el mando del criminal Augusto Pinochet.
La participación estadounidense en el proceso que antecedió al golpe no es una teoría conspirativa: está
documentada en archivos oficiales desclasificados por el propio gobierno de Estados Unidos.
Documentos del Departamento de Estado establecen que la administración de Richard Nixon buscó impedir que Allende llegara al poder y, posteriormente, aplicó una política de presión para debilitar a su gobierno. Un memorando de la CIA fechado el 16 de septiembre de 1970 registra que Nixon consideraba “inaceptable” un gobierno de Allende y autorizó a la agencia a impedir su llegada al poder o buscar su desplazamiento, con hasta 10 millones de dólares disponibles para esa operación.
Otros documentos oficiales señalan que, desde 1971, el Comité 40 —órgano encargado de autorizar
operaciones encubiertas— aprobó más de 6,4 millones de dólares para financiar partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones privadas opositoras a Allende. La CIA también reconoció haber desarrollado campañas para desacreditar al presidente y a la coalición de Unidad Popular.
Los archivos estadounidenses muestran, además, que Washington analizó distintas alternativas para
impedir la consolidación del gobierno de Allende, incluida la posibilidad de favorecer un derrocamiento
militar. Un documento de octubre de 1970 planteaba explícitamente evitar que Chile se convirtiera en un
modelo capaz de influir en otros países latinoamericanos.
La documentación desclasificada demuestra que Estados Unidos desarrolló una amplia operación de
intervención política, económica y propagandística contra el gobierno de Allende. Algunos, todavía hoy,
sostienen que no existe evidencia concluyente de que Washington haya dirigido directamente el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La propia documentación muestra, no obstante, que el gobierno de Nixon recibió con satisfacción el derrocamiento de Allende y que Estados Unidos había trabajado durante años para crear las condiciones que lo hicieron posible. La distinción entre “no dirigir” y “crear las condiciones” es la misma que hoy utiliza Washington para justificar sus nuevas formas de injerencia que son públicas y notorias.
La conmemoración de este año ocurre en un contexto latinoamericano distinto al de 1973, pero nuevamente marcado por una creciente intervención de Washington en los asuntos políticos, económicos y de seguridad de la región y más si se trata de países cuyos gobiernos sean de izquierda como es el caso de Méxic, Brasil y recientemente Colombia.
Durante el segundo gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha incrementado el uso de sanciones,
presión económica, injerencia en elecciones, cooperación militar y operaciones contra organizaciones
consideradas por Washington como amenazas de seguridad. En los últimos días, el secretario del Tesoro,
Scott Bessent, defendió abiertamente el uso del poder financiero estadounidense como instrumento de política exterior, particularmente en América Latina.
A ello se suma una ampliación de la política estadounidense de intervención bajo el disfraz de la lucha antiterrorista. De acuerdo con reportes recientes, la administración Trump ha designado a 21 grupos de la región como organizaciones terroristas extranjeras, una política que ha servido para justificar acciones
más agresivas, como el asesinato de ciudadanos en lanchas sin que existan pruebas de que fueran delincuentes, o la invocación del inexistente “cartel de Los Soles” para justificar el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses.
El caso chileno de 1973 no es un episodio aislado ni una reliquia histórica. Es la prueba documentada de
que Washington ha utilizado sistemáticamente todos los instrumentos a su alcance —económicos, políticos, mediáticos y militares— para impedir proyectos soberanos en América Latina. La recuperación de esos mecanismos de presión por parte de la administración Trump ha reabierto en la región el debate sobre la importancia de la soberanía de los pueblos latinoamericanos.
A 53 años del golpe, esa discusión adquiere una dimensión adicional en Chile, México y Latinoamérica:
mientras en el mismísimo Chile deciden no realizar una conmemoración oficial, los archivos históricos
mantienen documentada la intervención de Washington contra el proyecto de la Unidad Popular o cualquier gobierno soberano. La memoria no es un adorno del pasado: es una advertencia sobre el presente que hoy todos debemos recordar para evitar que se vuelva a repetir.
“Por primera vez desde el retorno a la democracia, el gobierno chileno omitió todo acto oficial de conmemoración del derrocamiento de Salvador Allende. La decisión se produce mientras la administración Trump profundiza una política de presión, sanciones y operaciones encubiertas en la
región.
