El abogado Bruno Tiscareño Flores denunció presuntas irregularidades en diversos órganos jurisdiccionales de Zacatecas y anunció que emprenderá acciones legales ante instancias disciplinarias, órganos internos de control y fiscalías. Señaló que estas actuaciones han perjudicado a jubilados del ISSSTEZAC, al considerar que existen privilegios procesales y omisiones en el cumplimiento de resoluciones judiciales que les afectan directamente.
En una declaración pública, Tiscareño Flores sostuvo que cualquier acuerdo entre un juez y alguna de las partes que genere una ventaja o beneficio procesal en perjuicio de la contraparte podría configurar —dependiendo de las circunstancias y de lo que determinen las autoridades competentes— delitos contra la administración de justicia, colusión, prevaricato o corrupción.
El abogado señaló específicamente a los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito, los Juzgados Primero y Tercero de Distrito, y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
Afirmó contar con elementos que, desde su perspectiva, acreditarían un supuesto “privilegio procesal” y un “ostracismo sistemático” orientado a evitar el cumplimiento de sentencias, en perjuicio de los jubilados del ISSSTEZAC.
“Tenemos pruebas contundentes en las que se acredita el privilegio procesal y el ostracismo sistemático para no hacer valer sus sentencias y, sobre todo, la ley”, manifestó.
Tiscareño Flores anunció que presentará denuncias ante los tribunales de disciplina judicial, los órganos internos de control, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que las actuaciones señaladas sean investigadas y, en su caso, se determinen las responsabilidades correspondientes. Estas acciones se motivan, según el abogado, en el daño que dichas irregularidades han causado a los jubilados del ISSSTEZAC.
El abogado vinculó su denuncia con el debate nacional sobre la actuación de los órganos judiciales, particularmente después de la detención en Chihuahua del juez penal Manuel Jurado Torres, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de ese estado del delito de prevaricación agravada.
Caso Chihuahua
El caso de Chihuahua ocurrió esta semana, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción detuvieron a Jurado Torres, juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral. La Fiscalía sostiene que el juzgador habría utilizado su cargo para favorecer procesalmente a una de las partes en un procedimiento penal.
De acuerdo con la acusación ministerial, una de las actuaciones cuestionadas habría beneficiado a la defensa de un imputado mediante una modificación de las medidas cautelares. La Fiscalía también señaló una presunta relación de amistad entre el juez y el abogado defensor.
El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que Jurado Torres enfrentaba además otras denuncias por hechos que la Fiscalía considera relacionados y que existen investigaciones abiertas contra otros juzgadores.
Posteriormente, Jurado Torres fue vinculado a proceso por prevaricación agravada y obtuvo la suspensión condicional del procedimiento por 12 meses. Entre las condiciones establecidas se encuentra la renuncia al cargo de juez penal.
Tiscareño Flores utiliza este caso como referencia para advertir que las actuaciones de jueces y magistrados deben estar sujetas a mecanismos efectivos de vigilancia y responsabilidad.
