En las pasadas dos entregas abordamos el debate respecto a la democracia mexicana y su futuro, una preocupación que no es exclusiva de México, sino que recorre el mundo desde que se identificaron un conjunto de fenómenos que, para muchos expertos en la materia, implican el fin de la tercera ola democrática en la historia reciente de la humanidad. Hoy, me atrevo a dibujar de manera muy breve y simplista incluso, el modelo democrático que, a fuerza la lucha política, social e institucional, se ha ido construyendo no solo en la etapa de la transición, sino considerando el aporte que el sexenio que culmina en octubre del próximo año, generó a dicho modelo.
El sistema político mexicano, anclado en la lógica del presidencialismo, que implica, una fuerte dosis de poder para el poder ejecutivo, se inclinó, en la primera etapa de la transición, al fortalecimiento del pluralismo político, lo que trajo consigo la modificación en la conformación del poder legislativo, integrando a éste la expresión de diversidad que aún no lograba asentarse en mayorías electorales, a través de distintos mecanismos, desde 1963 hasta 1996. Así mismo, otra expresión de este pluralismo se dio en lo local con la adopción de reformas similares.
Sin embargo, ello no bastó. Se apostó entonces por la creación de instituciones cuya lógica no fuera electoral, y quizá tampoco política, lográndose solo lo primero, siendo imposible evitar la faceta política en cualquier comunidad e institución humana. En este sentido, los órganos constitucionales autónomos dieron lugar a instancias de especialización técnica, cuya neutralidad política se logró a través del acuerdo entre las diversas fuerzas partidistas para el nombramiento de quiénes habrían de encabezarlas, fueran pluripersonales (INAI, INE) o unipersonales (ASF, FGR).
Hoy queda claro, sin embargo, que, ante el agotamiento de la confianza y la credibilidad política, las instituciones del Estado no bastan y es necesario ir al reconocimiento y práctica de mecanismos de participación e incidencia ciudadana. El énfasis que ha puesto el régimen actual en la participación social, puede considerarse como una aportación para mejorar la democracia constitucional, modelo que, como hemos expuesto antes, es el idóneo para las sociedades modernas. No solo se trata de reconocer el elemento deliberativo de nuestra democracia, sino fortalecerlo y ponerlo en práctica. Mecanismos como la consulta popular, la revocación de mandato (de la que personalmente tengo mis dudas) y los procesos de comunicación directa entre gobernantes y gobernados, pueden ser revalorados, en un análisis serio, sustancial y responsable, sin echar por la borda, ni eliminar los preceptos elementales de la democracia constitucional (división de poderes, respeto y garantía de derechos humanos, límite a las mayorías, autonomías constitucionales, etc.), inclusive para mejorar las prácticas de dichas figuras. Por ejemplo: la definición de los responsables de los órganos autónomos mediante insaculación, una vez pasados los filtros de idoneidad y elegibilidad necesarios, puede incrementar el grado de autonomía de dichos perfiles respecto a los legisladores y salvar aquéllos de compromisos con éstos.
No hay que ignorar la decepción año con año los estudios de opinión han venido mostrando respecto a la democracia liberal; tampoco hay que obviar la historia y pretender inventar el agua tibia. El modelo requiere ajustes, y la experiencia que nos deja el enfoque social del presente sexenio merece ser atendida, sin que desfigure, hasta pervertir, la conquista democrática de siglos en nuestro país.
@CarlosETorres_
