Desde el inicio de la administración del PRI, encabezada por Enrique Peña Nieto, dos han sido los sellos distintivos de este régimen, uno: la voracidad, el trasfondo de las 11 reformas estructurales que a toda prisa y de manera improvisada se han delineado y aprobado en las cámaras por la mayoría priísta en ambas; y dos: la utilización de las fuerzas armadas y de seguridad de todos tipos para reprimir y controlar a la población, de la mano con la indiferencia e indolencia para otorgar a la población la seguridad necesaria para que se puedan realizar la actividades de supervivencia elementales.
Esto está llegando a límites extremos en estos primeros dos años de gobierno priísta, No es posible que se publiciten y presuma una inversión de alrededor de 3500 millones de pesos en seguridad pública, en tanto, los asesinatos se hayan disparado hasta la aterradora cifra de alrededor de 50 mil, para cualquier parámetro y medición, algo sólo visto en estados en franca guerra, inaceptable para una sociedad y un país que se presumen modernos y en desarrollo, algo no está funcionando como debiera obviamente.
Y el régimen…erigiéndose como un cártel criminal más, en lo que Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso. El pasado 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala del estado de Guerrero se sucede el genocidio que ha trascendido, con un saldo de 7 muertos (de los cuales 4 eran estudiantes normalistas), 25 heridos y hasta la fecha 43 estudiantes desaparecidos, se sucede una masacre, (y se asume que muy seguramente los desaparecidos también fueron asesinados) que se filtra a la opinión publica gracias a medios de comunicación internacionales, desatando un cúmulo de manifestaciones y rechazo, tanto en nuestro país como a lo largo y ancho del planeta, todo ello dado a conocer especialmente gracias a la difusión que se le dio a los hechos en las redes.
Semanas antes, en la comunidad de Tlatlaya, del Estado de México, veintidós jóvenes fueron ejecutados a mansalva por el Ejército, fungiendo como ejecutores, jueces y verdugos, en una masacre que ya había levantado ámpula en organismos y medios de comunicación internacionales, ocho militares mexicanos ejecutaron a 15 de los 22 civiles que fueron detenidos el pasado 30 de junio tras un enfrentamiento, según un informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituyendo una de las «peores violaciones» de los derechos humanos por parte de integrantes del Ejército, de acuerdo al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.
Y no fue todo, menos de tres años atrás, en el siempre convulsionado Guerrero, el 12 de diciembre de 2011, los jóvenes Gabriel Echeverría y Alexis Herrera perdieron la vida, también estudiantes de la misma Normal Raúl Isidro Burgos, que habían organizado una protesta y pedían fondos y plazas para la humilde escuela normal con internado, habían tomado la autopista del Sol que une la capital mexicana con Acapulco, a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo, cuando llegó la policía a reprimir la protesta a tiros, muriendo los dos jóvenes, varios resultaron heridos y otros fueron detenidos. Ese día también falleció un trabajador de una gasolinera cercana que fue incendiada en la refriega, y pese a que el caso llegó también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos y abuso de poder, a pesar de todo ello, al día de hoy no hay nadie encarcelado por esos hechos.
El 22 de diciembre de 1997 en Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, en un ataque que fue perpetrado mientras los indígenas oraban en un templo evangélico de la comunidad, queda un saldo de 45 muertos, incluidos 15 niños y mujeres embarazadas entre las víctimas, mediante grupos paramilitares, derivando esto en una denuncia civil en contra del también ex presidente priísta Ernesto Zedillo Ponce de León, que hasta ahora se ha venido empantanando.
28 de junio de 1995, en la comunidad de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, también en Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos que se dirigían a un mitin por policías estatales, un grupo de indígenas fue atacado por otro grupo vinculado por pandillas paramilitares. Y hasta ahora, la misma, poco se ha hecho.
La matanza estudiantil de 1968 ejecutó al menos 200 estudiantes que se manifestaban en contra del gobierno donde si bien se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por el gobierno mexicano, dada su carencia de resultados, se cree que la misma tiene por fin proteger a los actores de dichos crímenes de Estado para nulificar la jurisdicción del CPI al simular investigaciones al respecto.
La masacre de Ayotzinapa lleva a recordar los actos y matanzas impunes que acontecieron el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, a cargo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo partido que regresó al poder en 2012 con Enrique Peña Nieto como presidente, que a su vez, tuvo responsabilidad de los hechos de Atenco, en el Estado de México cuando él era gobernador, él ordenó ese operativo que culminó con los asesinatos de dos jóvenes, de la violación de una veintena de mujeres, del encarcelamiento de 207 personas y de las condenas que alcanzaron los 112 años y medio de prisión, de lo que tampoco se ha hecho justicia hasta ahora.
Y qué decir de la multitud de denuncias públicas por las redes de personas ejecutadas por las fuerzas armadas o policiales, de las que sólo nos damos cuenta por las redes, único instrumento de comunicación no regulado donde aún hay libertad de expresión, y donde menudean expresiones de rechazo y señalamientos contra el régimen, que responde criminalizando la manifestaciones; 11 de los detenidos en la manifestación del pasado 20 de noviembre en el centro de la Ciudad de México, que se efectuó en protesta por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, fueron enviados a penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit, poniendo este régimen a los manifestantes al mismo nivel que criminales de alta peligrosidad.
Este es el verdadero rostro del PRI, un partido dictatorial, incapaz de hacer algo por la gente, acostumbrado a imponer su voluntad en contra de los intereses de la sociedad mexicana, engañada por la masiva publicidad y la manipulación Goebbeliana de los medios para adormecer la conciencia popular. El PRI es un régimen represor e intolerante que actúa defendiendo los intereses de un puñado de privilegiados, empeñados a mantener a toda costa el control del país para enriquecerse sin ningún escrúpulo, empobreciendo con ello a más de 70 millones de mexicanos que aún no terminan de asimilar el impacto de las pomposamente llamadas “Reformas Estructurales”, México está despertando, y con ello, trayendo las esperanzas de un futuro mejor, que a través de un verdadero Movimiento Ciudadano, y con la movilización de quienes desean un mejor porvenir, está construyendo la vía para lograr el México de democracia, de prosperidad y de tranquilidad que todos nos merecemos. ■
*Coordinador de la Comisión Operativa de
Movimiento Ciudadano en Zacatecas
