Si algo cabe destacar de la estrategia nacional de prevención de la criminalidad es su desarticulación como política pública. En un conocido estudio sobre su primer año de aplicación, la organización México Evalúa determinó que el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) no fue transparente en la distribución de recursos para los 57 polígonos del plan en todo territorio nacional. De arranque, la nueva Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana supuso que la inopinada idea de repartir lentes podía funcionar, como si esa medida cambiara un ápice escenarios de violencia mucho más complejos que aun enfrenta el país. La Comisión Intersecretarial, que agrupa a 9 dependencias federales con programas sectoriales relacionados con prevención, dio resultados magros hasta hoy. Acciones aisladas sin orden ni concierto, con poca consistencia conceptual y operativa.
Lejos de enmendar el camino, la designación del verde Arturo Escobar como titular de esta subsecretaría agrava aún más el rumbo -de por sí extraviado- en un asunto que preocupa cada vez más a la sociedad: Cómo encontrar alternativas para revertir la crisis de inseguridad y violencia que se prolonga pese a las cuentas alegres oficiales.
Los Estados y Municipios tienen su parte ineludible en el problema: En los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en sus revisiones del Subsidio de Seguridad Pública Municipal (Subsemun) la enorme opacidad e ineficiencia, cuando no corrupción, en el uso de recursos federales destinados a seguridad y a prevención.
Desde luego, el desarreglo institucional se inscribe dentro de la errática trayectoria que ya se venía arrastrando desde el sexenio pasado. Cuando el ex presidente Calderón anunció su propia “Estrategia Integral de Prevención del delito y Combate a la delincuencia” –dos términos mutuamente excluyentes-, señaló que las prioridades eran la lucha frontal contra las organizaciones criminales, la transformación institucional y la reconstrucción del tejido social. Con enormes costos para la Nación, aprendimos que esa desafortunada ecuación podría plantearse a la inversa, es decir, primero fortalecer a las comunidades, luego a las instituciones y con ello contribuir a desestructurar un fenómeno de grave complejidad con implicaciones globales, como es el crimen organizado. Otra alternativa era dar un peso equivalente a los tres componentes, sin necesidad de una secuencia tan jerarquizada, donde el Estado ponía su poder punitivo por delante.
Con el calderonismo, los principales programas de prevención tampoco tuvieron demasiada fortuna, ni coordinación. “Escuela Segura” probablemente desaparecerá en el recorte presupuestal de 2016; el “Programa de Rescate de Espacios Públicos” (limitado de por sí en su visión en torno a la aguda problemática urbana) siguió un triste peregrinar burocrático, de la Secretaría de Desarrollo Social a Desarrollo Urbano y Territorial; mientras que Subsemun también podría ser reorientado con un sentido más reactivo que preventivo. Nuevamente, diversos análisis de la ASF y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) cuestionaron que estos programas tenían problemas de diseño y ejecución, al carecer de objetivos bien definidos, no necesariamente se orientaron a detectar y revertir procesos de violencia socialmente arraigados y mucho menos se concibieron con participación ciudadana.
En ambos sexenios es evidente la ausencia de voluntad y un compromiso de altos niveles por crear un nuevo paradigma de Seguridad Ciudadana, donde tenga lugar una política coherente, efectiva, bien informada sobre las tendencias internacionales y socialmente consensada en torno a la prevención de la criminalidad. En estados y municipios no faltan iniciativas sociales por transformar positivamente distintas dinámicas de violencia, aunque los gobiernos locales frecuentemente languidecen entre la falta de capacidad, la secrecía y la contumaz resistencia al cambio interno.
Los cuadros directivos en los gobiernos, especialmente en las áreas de seguridad, no apuestan seriamente por la prevención y son muy pocos quienes reconocen el rezago por el que atraviesan sus instituciones y actúan en consecuencia. En 2011, Ángel Aguirre anticipó que Guerrero no podía tener una policía como la de Suiza y por no esforzarse en lo mínimo por una reconstrucción institucional, ahí están las trágicas consecuencias: terminó con una policía como la de Iguala. Desafortunadamente, la no repetición en casos de desaparición forzada no es hoy una garantía que el Estado tenga capacidad de ofrecer.
Hay un caudal de temas como la crisis de Derechos Humanos y del sistema penitenciario, la situación de los migrantes centroamericanos, la postergada reforma policial, la dinámica de relegación/gentrificación en las ciudades, la exclusión de oportunidades educativas y laborales, la insuficiencia de políticas de juventud y equidad de Género, que evidentemente no son abordados ni medianamente por una política de prevención que ha optado por la dispersión de esfuerzos, las medidas cosméticas y los eventos de oropel.
Los tres órdenes de gobierno reciben anualmente cuantiosos recursos para seguridad y prevención de la criminalidad, todavía con limitada vigilancia y contrapeso social. Toca a la ciudadanía, desde sus propias comunidades, presionar para conocer qué hacen sus autoridades en estos temas para cerciorarse que en México se vayan dando los pasos adecuados hacia la construcción de condiciones para una convivencia pacífica. Los gobiernos solos -ya se vio- no pueden, no saben, ni quieren. ■
