César Pineda, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que, en la coyuntura actual de despojo y desplazamiento forzado de pueblos y comunidades, para realizar proyectos extractivistas, las corporaciones “toman la violencia organizada en sus manos”, es decir, recurren a grupos armados para amenazar, maniatar, desaparecer o asesinar opositores.
Durante su conferencia impartida como parte del congreso-encuentro “Extractivismos: contaminación y alternativas”, organizado por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), precisó que, en este momento en el que prevalece la violencia en todo el país, las empresas “tienen una estrategia oportunista y donde hay río revuelto aprovechan este campo de oportunidades de ilegalidad, criminalidad y de violencia para pasar al ataque”.
En esta coyuntura de violencia generalizada, dijo, las empresas pueden no ser señaladas como las responsables de los crímenes contra defensores ambientales, de manera que contratan a grupos paramilitares o criminales para defender sus intereses.
Un proyecto no
solamente deja dinero
a una minera, sino
también a empresas
subcontratadas
Además, explicó que, junto a las corporaciones, ya sean nacionales o internacionales, se crea un perímetro de interés, de tal manera que un proyecto no solamente deja dinero a una empresa minera, sino también a empresas subcontratadas para servicios administrativos, financieros, de infraestructura, entre otros, lo que significa que estos se constituyen como un tercer actor en el conflicto.
De acuerdo con Pineda, de esa manera, “no solamente hablamos del movimiento en defensa de la tierra, de la corporación y del Estado, sino ahora también de todos los actores secundarios alrededor del proyecto de extracción o de hiperurbanización, que pueden verse afectados si un movimiento está deteniendo sus ganancias. Este otro actor es sumamente peligroso porque también puede pasar al ataque”.
Por ejemplo, mencionó el caso de Bertha Cáceres, defensora del agua en Honduras, donde el director de la empresa decidió contratar a un sicario para ir a dispararle y asesinarla.
Por lo tanto, expuso que los pueblos, comunidades y movimientos sociales que defienden su territorio deben identificar a todos los actores que son afectados cuando se defiende un territorio y pensar qué intereses pueden estar detrás de la violencia, de las amenazas y de la persecución en su contra, ya que puede ser el gobierno, la empresa o actores secundarios.
Durante la inauguración del congreso, Edgar Záyago Lau, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, comentó que este encuentro muestra que la academia debe estar vinculada con los movimientos sociales para generar cambios y transformaciones en este rubro.
“Es de reconocer que la academia, como instituto político, se desvincula y se desarticula de la problemática social, pero aquí en Estudios del Desarrollo tenemos la firme convicción de articularnos y generar sinergias para transformar nuestro propio entorno”, dijo.
Por lo tanto, expuso que la expectativa, al concluir el encuentro, es “encontrar rutas de transformación y alternativas a esta idea que se ha enraizado en la conciencia latinoamericana, especialmente en México, donde el papel del Estado, presumiblemente progresista, se subordina a los intereses del capital con la lógica de violentar los procesos políticos locales”.
