El cambio de modelo económico en México, impulsado a partir de 1983 ininterrumpidamente hasta ahora, produjo una inserción del país en la economía globalizada que ha desmantelado cadenas productivas enteras, arruinado a millones de productores rurales y profundizado la desigualdad, de manera que las brechas regionales y sociales han cobrado una dimensión que ya resulta peligrosa para la cohesión del país. El camino elegido para la inserción del país en la economía internacional implicó que regiones con condiciones específicas, como los estados fronterizos o el eje de Querétaro a Aguascalientes, establecieran relaciones productivas con determinadas empresas o industrias norteamericanas, como la automotriz, mientras que otras, como el sur sureste, se rezagaron aún más. A Zacatecas no le fue bien pues no contaba ni con infraestructura, ni energéticos, ni agua suficiente, ni una clase empresarial ni política capaces de enfrentar el reto; todos ellos factores indispensables, cuya ausencia debió ser considerada por los gobernantes de la Federación para elaborar políticas específicas para sus condiciones.
La situación de Zacatecas no fue considerada porque los impulsores de la idea de la apertura indiscriminada también sostenían que el Estado no debía jugar papel alguno en la economía, lo que se tradujo en el hecho de que no hubo ninguna política para desarrollar ramas productivas estratégicas para el país, o para las distintas regiones. Partían del dogma neoliberal de que si se generaba riqueza, a la larga se beneficiarían todas las personas y el desarrollo de las regiones sería convergente. “La mejor política industrial es la que no existe” pontificaban.
Los resultados han sido catastróficos para el mundo y para México. Los sacerdotes del culto neoliberal se apoderaron del timón de las finanzas mundiales y provocaron la peor crisis económica desde la gran depresión. El fracaso ha propiciado que la CEPAL produjera el año pasado un informe denominado “LA HORA DE LA IGUALDAD. Brechas por cerrar, caminos por abrir” que recomienda a los gobiernos de América Latina recuperar su función en la rectoría económica diseñando políticas públicas para promover el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo local y regional. Sostienen los nuevos cepalinos que el combate a la pobreza y las desigualdades sociales y territoriales deben ser objetivos explícitos de las políticas económicas, y no de las políticas asistencialistas que sólo mitigan levemente la tragedia de los excluidos por el sistema dominante. Asumen en todo su significado las preocupaciones de la ONU sobre el futuro de la democracia en la región si el modelo económico neoliberal no es sustituido.
Ojalá que el nuevo secretario de Economía del estado esté convencido de que debemos luchar con la visión de que el desarrollo del país hay que diseñarlo desde sus regiones, con la participación de los actores locales, especialmente de los gobiernos estatales, pues la visión centralista ha partido de la idea de que el país es homogéneo y todas las entidades están en condiciones de enfrentar los retos de la competencia global, lo cual evidentemente es falso. Sólo algunas entidades lograron integrarse económicamente con E. U. y la política del Gobierno Federal ha propiciado la profundización de las brechas entre las distintas regiones. Y a Zacatecas le tocó bailar con la más fea.
