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sábado, 18 mayo, 2024
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El cogobierno del Departamento de Estado y Ecuador

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Por: La Jornada •

Por: Gabriela Rivadeneira

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ordenó el asalto a la embajada de México en Quito, cometiendo una ilegalidad internacional sin precedentes y sometiendo al país a la posibilidad de sanciones que acentuarían aún más la crisis multidimensional provocada en los últimos seis años por tres gobiernos de corte neoliberal.

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Noboa es hijo de Álvaro Noboa, cinco veces candidato presidencial, el hombre más rico de Ecuador y el mayor deudor del fisco. El joven presidente, cuya irrupción en la política nacional es reciente, ha cometido una serie de errores reflejados en políticas como el aumento del IVA, exoneraciones al fisco de grandes deudores, disminución del presupuesto de educación y salud con el desmantelamiento de unidades médicas, la decisión de intervenir en la guerra a favor de Ucrania, así como la solidaridad manifiesta al Estado sionista, que demuestran el alineamiento a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Departamento de Estado de Estados Unidos y su desconocimiento de la diplomacia internacional y los tratados internacionales de los que Ecuador es parte, cuando ordena el asalto a la embajada de México en Quito, la violencia contra el personal diplomático y el secuestro de una persona en condición de asilo político.

La ilegalidad internacional en este último hecho ha merecido el repudio de la mayoría de países del mundo, así como la preocupación de organismos multilaterales, quienes han rechazado la violación de la norma internacional y han instado al gobierno ecuatoriano a que tome correctivos inmediatos en cuanto a las disculpas internacionales al Estado mexicano, así como el respeto de la condición de asilo de Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, y el otorgamiento de su salvoconducto para la salida del país, como corresponde bajo los parámetros del derecho internacional.

A pesar de la gravedad de la decisión de Noboa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha optado por la madurez política de asumir este ultraje dentro de los parámetros de la ruptura del derecho internacional, por lo que ha puesto la denuncia respectiva en la Corte Internacional de Justicia, así como en Naciones Unidas, para que, en el marco del restablecimiento y vigencia de los tratados internacionales, sean estos organismos los que impongan las sanciones que correspondan, así como la reparación al Estado mexicano por las vulneraciones cometidas.

Muchos se han preguntado cómo es que el presidente de un país con una economía periférica y dependiente como la ecuatoriana tomó una decisión que sin duda expone a su pueblo a sanciones que pueden ocasionar mayor sufrimiento. La respuesta está en revisar quién se encuentra detrás de la decisión y nos encontramos con el cogobierno ejercido con el Departamento de Estado, quien al observar el repudio mundial, no tuvo más que hacer un pronunciamiento tibio llamando al restablecimiento armónico de las relaciones bilaterales; un cogobierno que hoy en día tiene presencia militar norteamericana en suelo ecuatoriano con la dotación del portaviones natural en las Islas Galápagos, que opera desde junio de 2019 con vuelos militares en la costa del Pacífico, así como con cooperación en inteligencia estatal y el restablecimiento de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional.

El escándalo de los últimos días y el secuestro de Jorge Glas, una de las víctimas más cruentas de la guerra judicial o lawfare en Ecuador, le ha permitido a Noboa señalar que gobierna con mano dura, que su dureza es capaz de atravesar incluso una sede diplomática, discurso que, amplificado por las corporaciones mediáticas, se enmarca en su campaña por la consulta popular convocada al inicio de su mandato, con preguntas que apuntan al mejoramiento de la seguridad nacional (principal preocupación ciudadana), el retorno a mecanismos de explotación laboral y el regreso del Ecuador al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) como parte de sus compromisos con el sector transnacional empresarial del que es parte. Consulta que necesita ganar para legitimarse en el momento más inestable de la política ecuatoriana, con miras a su relección presidencial, cuya campaña empezará en el último trimestre de este año.

Ecuador es hoy por hoy el país más inseguro y violento del continente, con un acelerado avance del crimen organizado; el segundo con mayor número de muertos en la Selva del Darién, producto de una ola migratoria sin precedente, y con un empobrecimiento social que complejiza la vida de la población ecuatoriana y la somete a estados de desesperanza. Un país que, además de su trágica realidad, ahora se encuentra expectante de sanciones internacionales como resultado de un presidente empresario que demuestra su ineptitud e inexperiencia para estar al frente de Ecuador, un presidente que se aparta del sentir y de la dignidad de un pueblo que lo observa desde la penumbra de la incertidumbre.

Fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador durante dos periodos (2013-2015 y 2015-2017) y del Parlatino, y fundadora del Grupo de Puebla; actualmente es directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro.

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