Una campaña contra la corrupción que no logra acotar su objeto ni definir y limitar su objetivo puede resultar en el fracaso o, peor, en la promoción de aquello que combate. Vamos por partes, cuando se habla de corrupción puede haber diferentes percepciones de la misma, correlativas de una concepción de fondo. Las personas “ven” la corrupción cuando saben qué es, pero esto es una idea y no un concepto científico, mucho menos uno operativo. Para muchos hombres de negocios la pertenencia a familias acaudaladas, que poseen un importante capital de relaciones sociales con los políticos, es un factor de la acumulación de riqueza (véase Hernán Gómez Bruera “Los empresarios mexicanos y la desigualdad”, Este País (Abril) 2019). Sin embargo, tal situación, que es resultado natural de la estructura de clases de nuestra sociedad, puede ser considerada como “corrupción” porque las oportunidades de negocios son concentradas por unas cuantas personas debido a su mejor posición en el entramado social. Pero por lo regular lo anterior es un ejemplo de desigualdad social, no de corrupción, aunque haya quien vindicaría que lo es, y de la peor especie. Acontece que la corrupción, como idea,aparece en tantos contextos, y por ende la palabra tiene usos tan diferentes que, aunque se pudiera establecer un concepto que los abarque todos resultaría muy difícil, y caro, diseñar medios para combatirla, por eso se debe acotar el ámbito en el que actuará la instancia responsable de controlarla. En el proyecto de “Programa anticorrupción” que presentó la administración central de la UAZ al Consejo Universitario, el 4 de abril de 2009, se reconocen muy buenas intenciones, pero muy poca efectividad, en particular porque al definir a todos los docentes como “servidores públicos” expanden el espacio de los sujetos del programa de manera tan amplia que diseñar una instancia para que los vigile, a todos y en todos sus movimientos, resultará muy caro y contraproducente porque conflaciona los ámbitos de acción de diferentes autoridades universitarias que, hasta el momento, no han actuado como se espera de ellas (el tribunal universitario, la defensoría, los consejos de unidad, el mismo Consejo Universitario). El primer paso práctico para combatir la corrupción consistiría en activar todas las instancias que no funcionan para que, dentro del espacio de sus responsabilidades, emitan las sanciones necesarias. Esto delimitaría el ámbito de lo que son las prácticas corruptas en la UAZ. Podemos caracterizar mejor el paquete anticorrupción de la rectoría si recurrimos al análisis de las “campañas anticorrupción” que dio M. Reissman en ¿Remedios contra la corrupción? Cohecho, cruzadas y reformas” FCE (1981) México. Les atribuyó tres características: 1.- responden a la presión social, 2.- atacan el carácter inmoral del fenómeno, 3.- ignoran las prácticas que lo producen y componen. Por eso van al fracaso, aunque resulten muy buenas como campañas para reposicionar administraciones que pierden legitimidad con rapidez.Notemos que las tres características están presentes en el caso del programa de la administración central. Por un lado, la presión hacia la rectoría surge de sus compromisos con el gobierno federal, ante el que ofreció recortes, y de los hechos delictivos que han acontecido en estos días en la Unidad Derecho. Por ende, es creíble que la legitimidad y credibilidad de la administración está en juego. Por el otro, debido a que no hay en el programa una definición precisa de corrupción se queda en la idea de “inmoralidad”, de denuncia y campaña de relaciones públicas. La última característica ya la hemos comentado, pero vale la pena ejemplificarla con dos casos. Es público y notorio que los directores incumplen reiteradamente el procedimiento de contratación establecido en el contrato y que esto es un asunto laboral que sanciona la rectoría de acuerdo a la Ley Orgánica bajo denuncia del sindicato, pero si no lo hace es “corrupción”. También es claro que existen ciclos electorales en la universidad, porque los rectores elevan la contratación antes de las elecciones para ganar votos y después de las elecciones para pagar favores, pero esto es un problema del Consejo Universitario porque los consejeros analizan y emiten un dictamen inapelable sobre las elecciones (hasta el día de hoy siempre aprobatorio). Por supuesto si los consejeros emiten ese dictamen sin considerar los elementos de prueba es corrupción ejemplar, pero nadie los puede sancionar, mucho menos una instancia anticorrupción dependiente de la administración central. Podemos apreciar que existen medios para sancionar las prácticas “corruptas”, pero no se activan. ¿Por qué?, por la razón más simple de todas: si un mismo grupo universitario ocupa la rectoría y el sindicato no existen contrapesos, sino complicidades, lo que es el humus de la corrupción. Con esto llegamos a un límite de las campañas anticorrupción: los contrapesos que pueden darles vida no existen si no resultan de la consideración de la existencia de varios actores en el campo universitario. La pluralidad en la universidad es el origen mismo de la corrupción, así como su solución. Es el origen porque para ganar una elección todo vale, mientras que para evitar que todo valga es necesario que exista la pluralidad. La corrupción no se remedia con honestidad, tampoco con buenas relaciones públicas. Se requiere objetividad y ciencia. ■
¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción?
