Uno de los puntos que suscitan mayor debate alrededor de los proyectos mineros en el país es su contribución al desarrollo social y económico de los territorios y las regiones donde se implantan. Por un lado, algunas voces sostienen que la inversión minera es importante para dinamizar al conjunto de la economía nacional y fortalecer el ingreso de divisas y la recaudación para el Estado. En el otro, se ubican posiciones que cuestionan estos beneficios al señalar que la contribución económica es mucho menor en tanto las actividades extractivas generan poco empleo y no aportan significativamente al producto interno de las entidades y que el balance sería más negativo si se contabilizan los costos ambientales y sociales que el desarrollo de los proyectos mineros ocasiona. Si bien es importante el ingreso masivo de capitales al país para la estabilización macro económica, la verdad es que las dinámicas que se producen en el ámbito local acentúan la desigualdad entre las población, además de que los marcos regulatorios existentes son insuficientes para asegurar adecuados estándares ambientales y procesos sostenibles de bienestar económico para las poblaciones rurales en las áreas de influencia de los proyectos mineros.
Otro elemento central de la discusión es el monto de los impuestos que pagan por las empresas mineras, su distribución en las regiones productoras del mineral y la manera de utilizarlos para promover el desarrollo regional. Muchos piensan que es indispensable incrementar la tasa impositiva a la industria minera, eliminar les inequidades en su distribución y establecer criterios que incrementen la eficiencia de su inversión. Es fundamental evitar el nocivo clientelismo que propicia el desperdicio de recursos y socaba los cimientos de nuestra incipiente democracia, así como evitar la discrecionalidad, tan cara a nuestras autoridades, diseñando parámetros claros y precisos que guíen el gasto para que contribuya a atender temas cruciales como mejoras productivas y eslabonamientos económicos, cerrar brechas de infraestructura, combate a la desnutrición o transformación educativa y tecnológica. Sería muy importante que el gobierno estatal decidiera canalizar grandes inversiones productivas y sociales bien articuladas hacia zonas rurales aledañas a los proyectos mineros, una vez que con la asesoría del PNUD haya construido metas de desarrollo de los territorios, metodologías de intervención, indicadores, así como los montos de inversión social y productiva necesarios, todo ello acompañado con el fortalecimiento de los gobiernos municipales correspondientes.
Cabe señalar también que resulta inconcebible que un país minero como México tenga una red empresarial tan pequeño en el sector. Las grandes maquinarias, los medianos y pequeños equipos, así como una gran cantidad de materiales utilizados masivamente por las empresas mineras son importados del extranjero sin que hasta la fecha se hayan hecho esfuerzos importantes para fortalecer a la industria nacional del ramo. Y el descuido es peor en el caso del financiamiento de la formación de personal de alta calificación, la investigación y la innovación. En esos temas México no pinta en el escenario internacional, asunto que debe enfrentarse lo más pronto posible con reformas legales que obliguen a las grandes corporaciones mineras a llenar ese vacío.
