Una marcha que clama por que el Estado viole los derechos humanos de otras personas. Una marcha por la segregación y promueve la discriminación. El fraseo de los organizadores, cuidando el lenguaje ‘políticamente correcto’ argumenta “la protección de la familia”. Y con ello, se oponen a que el Estado reconozca el derecho a las parejas del mismo sexo a formar una familia y que sea jurídicamente reconocida, y con ello, los implicados accedan a los derechos y obligaciones que el contrato matrimonial implica. Por eso es discriminatoria, porque promueve que el Estado excluya a las parejas homosexuales de la figura matrimonial. Y con ello, los excluya de los beneficios de la sociedad conyugal, como el seguro médico para los miembros de la familia, la comunidad de bienes, las obligaciones económicas para con los hijos, y otras.
El matrimonio, como reconocimiento y contrato jurídico, se redefine de acuerdo al avance de las propias sociedades. Antes no se reconocía el acceso a la salud como un derecho humano, y ahora ya se hace; no se reconocía el derecho político de las mujeres y ahora ya se hace, y también: no se reconocían a todo individuo el derecho a elegir y formar el tipo de familia que desee independientemente de su orientación sexual y ya se ha logrado. Por ello, se tuvo que re-definir el concepto de Matrimonio. Antes se definía como “un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer…”, pero la corte, después de un debate ilustrado y largo, decidió que “esa definición vulnera los principios de igualdad y de no-discriminación contenidos en el artículo primero constitucional”. Y el artículo citado versa sobre el principio pro-persona de los derechos humanos en México. Por tanto, negarse al matrimonio de las personas del mismo sexo es violatorio de sus derechos humanos.
Como parte de los derechos matrimoniales está la posibilidad de adoptar niños para incorporarlos a su familia. En este caso, la propia Corte, hizo discernimiento sobre el particular, y dijo que siempre habrá el interés superior del menor, pero la orientación sexual de los padres no les resta valor como seres humanos ni degrada su función de protección. Por ello, consideró que no hay elemento alguno que muestre que la orientación sexual de los padres afecte el desarrollo psico-emocional del menor. Un matrimonio es una comunidad de vida basada en lazos emocionales y apoyo permanente y solidaridad cercana. Lo importante es que los niños vivan en un ambiente sano y estable, y se les brinden garantías al acceso a una vida sin violencia, de amor y derechos a la alimentación, educación y salud. Si un matrimonio homoparental garantiza todo eso, no hay motivos para negar el derecho a la adopción. Y no se puede negar ese derecho sólo por razones basadas en prejuicios sin evidencias y en razones dogmáticas sin bases científicas. O sólo fundados en la oscura tradición.
El Estado laico está obligado a garantizar la diversidad de modelos de familia y de valores. No puede asumir como propios ni dogmas ni preferencias de ciertos grupos sociales e imponerlos al resto. Y sobre todo esa diversidad en el marco de los derechos humanos. La marcha del próximo sábado llama a violar los derechos de las personas del mismo sexo y, por ello, toda la sociedad debemos rechazarla: el derecho de las minorías le conviene a todos los mexicanos.
