A fines de los años setenta iniciaron dos procesos que se retroalimentaban mutuamente: la unificación de las izquierdas y la apertura democrática gradual. Al mismo tiempo, el capital financiero mundial aprovechó la crisis económica de la misma década para lanzar una gran ofensiva contra el estado de bienestar, acusando por igual de populismo a los gobiernos socialdemócratas y nacionalistas; José López Portillo cedió a la presión y entregó la Presidencia de la República en 1982 a un equipo formado en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, encabezado en esa época por Miguel de la Madrid Hurtado, cuyos integrantes no han dejado de encabezar esas dos dependencias claves para determinar la política económica, desde donde han impulsado todo el paquete de reformas determinado por el capital financiero, denominado Consenso de Washington o simplemente neoliberalismo.
La liberalización cambió la configuración de la política y del Estado en México (el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y la jefatura de gobierno en 1997, y sobre todo, la presidencia de la república en el año 2000), mientras que la transformación económica ha tenido, en cambio, un resultado decepcionante al incorporarnos a la globalización, sin preocuparse por responder a las necesidades que plantean la nueva sociedad y la dinámica demográfica del país. Podemos afirmar que en México el proceso democratizador no estuvo acompañados de crecimiento, de bienestar o de una expectativa masiva de prosperidad. Todo lo contrario: la ampliación de libertades efectivas creció hasta el año 2000 mientras la economía se estancaba. A partir de ese año se ha mantenido el estancamiento, pero la élite del poder traicionó su compromiso con la democracia y las izquierdas no han logrado construir el polo político necesario para romper el nudo gordiano que nos aprisiona.
Quienes han resultado más afectados de la era neoliberal integran una generación completa de mexicanos que buscó su primer trabajo en los años ochenta y que ha sufrido una era de inestabilidad productiva con estancamiento a largo plazo. Se trata del progresivo deterioro de la capacidad de creación de empleo, de la baja tendencial de los salarios reales y de una distribución del ingreso de las más desiguales del hemisferio. Esta generación que tocó la puerta del mercado laboral en la última parte del siglo XX, y las que siguen, han crecido toda su vida en un ambiente cargado de dificultades económicas. Se trata de un problema mayor pues ahí se cultiva el ánimo público del que dependen, a su vez, millones de decisiones individuales que van de la reticencia a invertir, al abandono del país o la inmersión a circuitos informales o francamente ilegales.
Es falso que los malos resultados se deban a la falta de reformas. De hecho, la historia económica de México da cuenta de al menos 25 años de continuo frenesí reformador, de cambios constitucionales, legales y administrativo. De reformas de y para el mercado cuya promesa esencial ha sido, igual que ahora, que la igualdad y la distribución del ingreso vendrán como consecuencia de ellas (la teoría del goteo). Haber mantenido el modelo neoliberal nos ha costado demasiado caro. No solamente porque las reformas liberalizadoras no nos han conducido a una senda de crecimiento así sea de mediano plazo, sino porque han aumentado la desconfianza, la inseguridad y la precariedad económicas. El ambiente que se alimenta todos los días del decepcionante desempeño económico no sólo ha ensombrecido el clima público sino que junto con los escándalos de Tlatlaya, la Casa Blanca, la fuga de El Chapo y ahora el desplome de la explicación oficial del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, configuran un escenario muy cercano a algún tipo de ingobernabilidad.
Es evidente que los cambios económicos que hoy se requieren no pueden ocurrir si no avanzamos hacia un relanzamiento de la transición democrática, que en primer lugar asegure que los fundamentos sociales de la vida colectiva cobren vigencia, se construyan y se desarrollen. Necesitamos políticas para el crecimiento sostenido y redistributivo. Por otra parte, recordemos que en México se ha modificado el sistema de partidos y el sistema electoral, pero el sistema de gobierno se mantiene intocable y ya son muchas las voces que sugieren que algunas reformas de corte parlamentario (como el gobierno de gabinete) al sistema presidencial vigente, nos ayudaría a darle vialidad a la gobernabilidad en nuestro país por dos razones: permitirían la articulación de varias fuerzas minoritarias en coaliciones capaces de dar origen a gobiernos más estables y eficientes, ante el hecho de que ya no existe un partido mayoritario como el que supone el sistema presidencial, y por otro lado, propicia la desconcentración del poder del titular del Ejecutivo, debilitando una de las fuentes de los vicios de nuestro régimen político. Ambas tareas deben convertirse en un acicate para el relanzamiento de la unificación de las fuerzas progresistas en Zacatecas y en México.
