El próximo miercoles 3 de noviembre estará en la capital de Zacatecas el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia; el propósito de su visita es la presentación de su libro más reciente: El triunfo de la dignidad. La temática es una continuación de la contenida en ‘El colapso de la dignidad’, publicación que obtuvo el certificado de Best Seller del New York Times. Se trata de una narración vívida de la persecución sufrida por el autor y el sindicato que dirige por varios de los hombres más ricos de México, empresarios de la industria minera y siderúrgica, apoyados por las administraciones federales encabezadas por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La narración contiene varias lecturas posibles: diversos ejemplos de la corrupción y la avaricia que caracterizan al empresariado minero más poderoso, un curso de cómo utilizar el derecho laboral de manera combativa para derrotar las maniobras urdidas por autoridades y empresarios, también es un repaso de la historia del último medio siglo del mundo del trabajo en México, y de las relaciones que durante su persecución, supo tejer el autor con organizaciones internacionales y sus dirigentes, lo que hizo posible el establecimiento de límites a la arbitrariedad de empresarios y gobernantes neoliberales.
La visita de Gómez Urrutia a Zacatecas es también una oportunidad para conocer sus opiniones sobre la nacionalización del Litio contenida en la propuesta de Reforma Eléctrica que hoy se debate intensamente en el país, así como su propuesta de reforma integral a la ley minera. Ambos temas muy importante para el país en su conjunto, pero fundamentales para el futuro inmediato y a mediano y largo plazo de nuestra entidad, por los yacimientos que contiene y por el número de empresas que operan en su territorio. Veamos el primero de ellos. La reforma enviada al Congreso por el presidente, contiene la propuesta de nacionalizar la explotación de todas las reservas del mineral de litio, para que sólo la realicen las empresas del Estado que se crearán para ese propósito. Es decir, el litio y los demás minerales considerados estratégicos para la transición energética quedarán bajo control del Estado y no se otorgarán nuevas concesiones. Hay que tomar en cuenta que en el último año el precio internacional de la tonelada de litio prácticamente se ha duplicado y la tendencia es que continuará en ascenso, como consecuencia de la mayor demanda debido al crecimiento de la producción cada vez más elevada de los vehículos eléctricos, los aparatos celulares y de comunicación modernos.
El senador y dirigente minero ha señalado en sus columnas publicadas en La Jornada que así como se propone la nacionalización del litio, un negocio de más de 100 mil millones de dólares, es necesario “…revisar de manera integral la Ley Minera para evitar la explotación irracional de los minerales y recursos naturales no renovables propiedad de la nación, y además, controlar y reducir la concentración de tierra en muy pocas manos, a través de las enormes concesiones, que se otorgaron durante los últimos gobiernos de PRI y PAN, las cuales ocupan más de una tercera parte del territorio nacional. Hay que tener presente que la minería es la base para el desarrollo industrial y económico de México, pues no hay industria sin metales y éstos los extraen de las entrañas de la tierra los valientes y responsables trabajadores mineros, los transforman los metalúrgicos y siderúrgicos y los utilizan en toda la sociedad”.
La conclusión fundamental es que se requiere una reforma integral para recuperar la soberanía del país en esta materia. La minería, históricamente, ha sido fundamental para la economía nacional, pues constituye, junto con la metalurgia y la siderurgia, la cuarta fuente más importante de divisas, y aporta un 3.5 % del producto interno bruto, además de representar más de 10 por ciento de la producción industrial. De ahí que su desarrollo debe respetar los derechos de las comunidades y de los trabajadores, garantizar la protección del ambiente y las condiciones de seguridad y de salud para las personas, así como promover el crecimiento de las regiones.
La minería no debe mantenerse como el sector en que unos cuantos intereses concentren los beneficios de esta actividad. A pesar de que la Constitución establece que los recursos minerales del subsuelo son patrimonio de la nación, las anteriores administraciones entregaron 120 millones de hectáreas del total de 200 que posee el país, a unas cuantas empresas nacionales y extranjeras. Además, con las disposiciones legales regresivas, criterios personales arbitrarios y acciones por las vías de los hechos, las grandes extensiones del subsuelo minero se concesionan hasta por 50 y 100 años, sin límite de superficie y con una inspección deficiente y en muchos casos inexistente. La duración de un yacimiento es mucho menor a ese plazo, pero la concesión no se reintegra o se regresa al Estado mexicano una vez que se agota. La situación es más inaceptable porque la mayoría de esas concesiones no están en explotación y sólo funcionan como “reservas”, con lo cual en el tiempo se vuelven parte de un mercado negro paralelo de tierras ociosas para el desarrollo de ranchos, centros turísticos o habitacionales y, en general, para la especulación. Esa política equivocada propició el resurgimiento de grandes latifundios modernos, la afectación de tierras ejidales y comunales y un crecimiento desordenado de las actividades especulativas, dado el muy bajo costo que pagan por los derechos de cada hectárea concesionada. En fin, hay que recuperar la soberanía perdida.
