Las acusaciones que se han hecho esta semana sobre presuntos intercambios de dinero entre el Gobierno del Estado y los diputados locales para la aprobación del presupuesto no son las primeras de este tipo que se dan en Zacatecas, sino que ha habido casos anteriores en los que inclusive se han filtrado audios que han evidenciado este tipo de prácticas.
En el año 2013 salió a la luz un audio en el que se exhibía el pago de 100 mil pesos a cada diputado por parte del Gobierno estatal, encabezado por Miguel Alonso Reyes, para que aprobaran el presupuesto sin hacer modificaciones.
Como integrantes de la Legislatura en ese momento había dos diputados actuales, María Isabel Trujillo Mesa y Juan Mendoza Maldonado, además de la senadora Geovanna Bañuelos, el ex dirigente del PRI, Felipe Ramírez, la presidenta con licencia del PAN, Noemí Luna Ayala, y el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, entre otros.
Además, los escándalos de corrupción en el Congreso local no se han reducido a la compra de votos desde el Gobierno estatal para avalar los presupuestos de Zacatecas. Este Poder en la entidad se ha visto involucrado en otros actos irregulares como la simulación de operaciones y la compra de facturas falsas a través de la contratación de empresas fachada.
Fue en el año 2015 cuando La Jornada Zacatecas desveló un entramado de contrataciones de empresas fachada que, de acuerdo a las justificaciones dadas por los legisladores de ese momento, respondían a la necesidad de tener que comprobar los gastos de las ayudas sociales que entregaba en lo particular cada diputado.
En el reportaje publicado en este medio, se refería que en 2014 y el primer trimestre de 2015 se facturaron productos y servicios por más de 9 millones con tres empresas: Bello Caporetto SA de CV, Consultoría Ipanema SC y Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV.
Con las dos últimas empresas se facturó una cantidad superior a los 8 millones de pesos por asesorías que no fueron comprobadas, ya que La Jornada Zacatecas solicitó vía transparencia la documentación que respaldara estos trabajos y nunca se obtuvieron dichos comprobantes.
Además, la empresa Gaudino y Bello Caporetto compartían la misma dirección en la vialidad Arroyo de la Plata, en el municipio de Guadalupe. Desde esa oficina, a la que acudió este periódico y comprobó su inexistencia, se facturaron desde asesorías legislativas y fiscales hasta la compra de globos de helio y material de oficina, así como la impresión de lonas y la renta de sillas mesas y equipos de sonido.
Estas tres empresas fueron incluidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el año 2016 en el listado de Empresa Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) por haberse ubicado en los supuestos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Este texto legal expone que “cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.
Aunque tras la publicación en 2015 del reportaje que evidenció la simulación de estas operaciones en la legislatura local se inició una investigación desde la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta el momento no se ha conocido resolución alguna de esta indagatoria.
