Habiendo transcurrido la mitad del lapso que media entre la elección presidencial y la toma de posesión del cargo por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya existen suficientes elementos para hacer un balance preliminar del mismo y de las perspectivas más probables. Dos son los asuntos que llaman más la atención: la integración del equipo de trabajo con personas que representan la pluralidad de intereses que se amalgamaron en la campaña para lograr el espectacular resultado electoral, y las primeras políticas anunciadas por el propio AMLO y/o por sus futuros colaboradores. En cuanto a los nombramientos de Manuel Bartlett en la CFE, Ignacio Ovalle Fernández en el organismo que sustituirá a Diconsa y Liconsa, y Luis Antonio Ramírez como director general del ISSSTE, jugarán el papel de puentes con sectores distintos del sector nacionalista que todavía existe, (el nombramiento de Ovalle también expresa el agradecimiento de AMLO por su apoyo en su juventud). Los tres cuentan con solvencia técnica para el cargo. Los nombramientos de Esteban Moctezuma, Alfonso Romo, Víctor Manuel Villalobos y Germán Martínez es evidente que también expresan su carácter de puentes con sectores sociales que nunca habían apoyado a AMLO. El resto de quienes serán secretarios provienen de la corriente morenista que incluye a las izquierdas más diversas.
También es muy evidente que el reclamo social expresado en las urnas está teniendo respuestas inmediatas a través de las medidas de austeridad en el ejercicio gubernamental, combate la corrupción y a los privilegios comprometidas por AMLO, y los primeros acuerdos y decretos legislativos aprobados la semana pasada en el Congreso de la Unión, los programas hacia los jóvenes y adultos mayores anunciados para los primeros días del 2019, impulso al mercado interno, recuperación salarial, apoyo al campo, industrialización en distintas regiones, política de seguridad y combate a la violencia y el crimen, reforma educativa, regulación del mercado de drogas y proceso de pacificación. Está en marcha un intenso diálogo de funcionarios con organizaciones de víctimas y derechos humanos, y el debate de algunas políticas públicas y no criminalización de resistencias. Del mismo modo, los incipientes trazos de una política migratoria vinculada al desarrollo regional, además de otras en materia laboral, crearán una percepción de que el nuevo gobierno está cumpliendo su tarea, lo que afianzará sus bases sociales y amortiguará los efectos de que las expectativas creadas por el triunfo de AMLO rebasan con mucho las capacidades del gobierno.
Por otra parte, no parece posible que se inicie pronto un proceso de desmontaje del modelo neoliberal, sino que es más probable que se avance en una etapa de adecuación con nuevas pautas para cierta distribución de riqueza y un reacomodo político derivado del colapso de los partidos y del caudal de votos de AMLO y Morena. Es muy evidente que el poder económico y el mediático despliegan una presencia muy activa en la promoción de sus intereses, de la continuidad de su narrativa ajustada al momento y el inicio de lo que puede llamarse deconstrucción de subjetividades favorables al futuro gobierno. A la luz de las experiencias del giro que han dado las luchas políticas en Brasil y Argentina, las expresiones de AMLO de que en ese ámbito no habrá cambios son muy preocupantes.
Ante esa actividad de la élite empresarial, será necesaria mucha imaginación y compromiso para transformar la corriente del cambio expresada el 1 de julio en rebelión electoral, en otra que exija una solución de la disputa por el país con un nuevo pacto social que garantice justicia y libertad para las mayorías; ello no se logrará sin participación social organizada, con propuestas concretas y con la construcción de un sentido común emancipatorio. Es necesario poner en la agenda pública los temas: la reforma fiscal, el desarrollo regional; la reforma del Estado, incluyendo el sistema de justicia y el mecanismo electoral; los derechos humanos; el papel del municipio, base de las relaciones democráticas y primer afectado por el crimen organizado; la planeación integral del desarrollo con participación social en todos los niveles; una comunicación democrática, abierta y plural en contrapeso a las corporaciones mediáticas; una política de género transversal a la gestión; los derechos de pueblos y comunidades indígenas; la relación con América Latina y el papel de México en el mundo.
Hay que crear la fuerza organizada capaz de revertir los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la derogación de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria y sus fundamentos constitucionales, el decreto sobre aguas, la Ley General de Biodiversidad y asimismo la revisión a fondo de las leyes de Minería, de Hidrocarburos, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de Aguas Nacionales, leyes en materia agraria, de Inversión Extranjera, de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de Desarrollo Forestal Sustentable.
Es posible lograr que muchas de estas tareas indispensables para el cambio que el país requiere maduren en la primera mitad del mandato de AMLO, y que la elección de diputados federales se convierta en un plebiscito sobre las mismas. Vienen tiempos de intensas luchas políticas. ■
