- Comentarios Libres
Los partidos políticos de México se encuentran desprestigiados mundialmente, porque quieran o no, muchos de sus dirigentes nacionales, estatales y municipales; líderes también de los tres niveles y quienes ocupan cargos de elección popular que ellos postularon, son responsables de los actos de lesa humanidad cometidos en Ayotzinapa, y carecen de toda autoridad para proponer candidatos a ocupar el cargo del titular de la CNDH, periodo 2014-2019. La población perdió la confianza en ellos. El apoyo total del PRI, es la reelección del actual titular Raúl Plascencia Villanueva. El PAN se ha manifestado de cierta manera aunque no total por la misma reelección. El rector de la UNAM, José Narro, insiste en apoyar a Luis Raúl González Pérez, una persona de dudosos antecedentes penales, y, es nada menos el PRD, organización política que incendió la mecha para colocar a nuestro país en el banquillo de los acusados internacionalmente por la grave violación de los derechos humanos de los normalistas, el que ahora, se molesta con la propuesta de Narro y se aduce como defensor puro de derechos de tal naturaleza. ¡Vaya paradoja!
No será el total de la población mexicana, la que esté al pendiente de cualquier designación, y mucho menos, tendrá la confianza plena de tomar en cuenta cual fue el partido político que “atinó” con una buena elección. El pueblo de nuestro país está muy lastimado, y la consternación mundial es mucha como para atender a lo que vaya o no a suceder en este asunto. La razón es única: la CNDH perdió todo prestigio.
Aun y cuando haya ocurrido oficialmente, como muchos eventos que se realizan en nuestro país, el miércoles 6 de junio de 1990, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en una solemne ceremonia que se llevó a cabo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, y con la asistencia del Gabinete Presidencial en Pleno; senadores; diputados; miembros del Cuerpo Diplomático; gobernadores y procuradores generales de Justicia, instaló formalmente esta Comisión, cuyo objetivo primordial fue: prevenir, evitar y castigar la violación de los Derechos Humanos en territorio mexicano. Considero que, por lo menos se le dotó de una noble facultad. Su primer titular lo fue Jorge Carpizo.
¿Cuál fue la necesidad que se presentó en el sexenio de Salinas de Gortari para obligarlo a crear la CNDH? La respuesta no puede ser otra, más que la posibilidad que tiene el Estado omnipotente para violar los derechos de los individuos, y trata de protegerlos frente a las injusticias perpetradas por los funcionarios. Su trabajo depende de las investigaciones que realiza, porque en ella sustenta sus recomendaciones, su fuerza viene de la autoridad moral, que le da obedecer solamente las leyes.
Tal innovación tuvo trascendencia a los 31 Estados y el Distrito Federal. Por ello, acorde con el principio de supremacía constitucional, con posterioridad a aquella fecha, se comenzaron a crear los organismos estatales. El Congreso de la entidad también cumplió con ese mandato y creó la Comisión Estatal.
Posteriormente, en Baja California el 31 de enero de 1991, el Congreso local, aprobó un Decreto de 40 artículos, en el que se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana. Su importancia se debe a que el Poder Legislativo, al ejercer sus facultades establece a una institución con atribuciones claras, y sobre todo, con independencia del Ejecutivo. Tal decreto otorga al procurador de los Derechos Humanos, el tiempo de duración en su cargo, y establece el supuesto jurídico para su remoción.
Baja California tuvo como primer procurador de Derechos Humanos a José Luis Pérez Canchola, un mexicano excepcional, que independientemente de lo político, y social, mantuvo siempre una lucha a veces solitaria, contra las injusticias. De ahí que todos los partidos políticos en su oportunidad, votaron por él. La unanimidad, fue calificada de histórica.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo y debido al gran índice de violencia que hoy agobia a nuestro país y lo mantiene como rehén, esta institución perdió todo el prestigio, y sus nobles objetivos y facultades que en su origen le asistían, fueron rebasados por la realidad.
Frecuentemente las personas sufren lesiones en sus derechos por parte de autoridades que actúan con prepotencia, y presentan en tiempo y forma las denuncias que corresponden ante la CNDH. Pero estos casos en su gran mayoría, no son atendidos y mucho menos resueltos mediante recomendaciones con apego a la ley, que permitan la restitución de los derechos violentados de que se duelen los denunciante. Tenemos casos más que evidentes: los de Tlatlaya y Ayotzinapa, en los cuales la CNDH no ha emitido un pronunciamiento serio y con la condena que los mismos ameritan. Tan es así, que los problemas referidos se plantean llevarlos a conocimiento de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
México vive además de toda su problemática actual, la gran decepción e impotencia porque sus habitantes en términos generales, no encuentran, de manera precisa, cuál o cuáles podrían ser las instancias ante las que acudirían en casos que requieren atención debida en casos tan delicados. ¿Qué esperar? ■
