Llega la policía o el Ejército, te detiene y no sabes lo que ocurrirá. Pueden iniciar golpizas a los órganos internos, toques eléctricos, desnudos prolongados, bolsas en la cara y asfixia, y demás procedimientos refinados para hacer que firmes una confesión, y a las pocas semanas te encuentren procesado por algún delito que nadie sabrá si verdaderamente cometiste.
México es un país que practica un método de investigación sobre el cuerpo del indiciado, causando dolor y vulnerando la voluntad. Y no se ha podido desterrar esta nefasta práctica por falta de planeación producto del desinterés e indolencia de las autoridades. Por ejemplo, en los diagnósticos del actual fracaso en que se encuentra el nuevo sistema procesal penal (acusatorio), se encuentra la débil capacidad y autonomía de los peritos, especialmente médicos. Cuando hay tortura, y se denuncia, dejan pasar el tiempo suficiente para que desaparezcan evidencias corporales o se remiten a médicos de las mismas corporaciones denunciadas. El informe del Relator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas, en su visita a México, dice textual al respecto: “La aplicación del Protocolo (de Estambul) suele ser tardía, incompleta, y realizada por personal no capacitado. Por ser tardía, las alegaciones de la víctima de tortura suelen contrastarse con informes médicos realizados al comienzo de la detención (…) Estos primeros informes médicos suelen ser deficientes o realizados por personal del mismo cuerpo acusado de cometer o tolerar la tortura”. Amnistía Internacional reporta que 64 por ciento de los mexicanos no se siente a salvo de la tortura, y muestra la total impunidad en la que actúan los torturadores: no hay procesados por este delito.
Pero las autoridades se resisten a aceptar las recomendaciones de los organismos internacionales para prevenir realmente la tortura en sus sistemas de procuración e impartición de justicia. El informe del Relator mencionado dice textualmente: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. El relator hace 24 recomendaciones al gobierno de México. Pero se observa ausencia de voluntad para avanzar en ese rumbo.
En este contexto, hubiera sido importante que los candidatos a dirigir los destinos del Gobierno de Zacatecas presentaran una posición y una propuesta para resolver este asunto que daña gravemente los derechos humanos. Y no lo han hecho, no sólo en el caso específico de la tortura, sino de las garantías generales a los derechos humanos en Zacatecas. Hubiera sido vital conocer su posición en torno a las observaciones del Relator de Naciones Unidas y las recomendaciones que genera. Y su posición respecto a la actitud del gobierno mexicano en los casos preocupantes de la actuación de militares y los cientos de denuncias no resueltas sobre tortura (en 2014 fueron más de 2 mil 400 denuncias sobre este tópico). Los derechos humanos siguen siendo una materia pendiente en este país que, en muchos aspectos, sigue viviendo en las mazmorras del siglo 17.
