Desde principios del año pasado, conscientes de la urgencia que el caso ameritaba, comenzamos a perfilar las características de una reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), en la que procuramos subsanar todas las deficiencias que arrastraba la ley reformada en 2015, que no resolvió los problemas de fondo, quizás porque quienes jurídicamente la diseñaron no estaban adecuadamente informados de la situación del organismo, les faltó visión a largo plazo o quizás solo se conformaron con hacerle remiendos paliativos, a sabiendas del elevado costo político que entrañaba la reforma radical que la realidad exigía.
Para ser justos, graves deficiencias ya venían desde la primera ley, la que en 1986 dio nacimiento al Instituto. Seguramente inspirados por los buenos deseos, entonces imperantes, de fortalecer un Estado de bienestar para todos, los gobernantes y los creadores solo pensaron en integrar un ente social que esparciera grandes beneficios para los trabajadores públicos. Lamentablemente, los buenos deseos no se construyeron sobre una estructura capaz de sobrevivir a los cambios que el futuro trajera.
Lo cierto es que ninguna institución creada por el hombre puede permanecer estática. La gente, los tiempos y circunstancias siempre son cambiantes y por eso toda institución humana debe ser susceptible de ser reformada, no una, sino cuantas veces sea necesario.
Faltó vislumbrar el futuro, que llegó con grandes transformaciones sociales y humanas. Lo deplorable es que nada se hizo para actualizar la normatividad, y conforme pasaron los años y los sexenios, vino su paulatino hundimiento.
Conocida la crítica situación en la que se debatía el Issstezac, el gobernador Alejandro Tello Cristerna decidió no postergar el ataque al conflicto, y a partir del 2020 comenzamos a trabajar con ese objetivo. Primero, mediante el conocimiento real y claro de las diversas problemáticas. Conocidas estas, nos dimos a la tarea de convocar a bien prestigiados actuarios para que desde su óptica imparcial y meticulosa hicieran el diagnóstico más fiel.
Posteriormente, y acatando los dictámenes actuariales y atendiendo voces de trabajadores, líderes sociales y académicos, emprendimos el planteamiento de las reformas legales imprescindibles para impedir el naufragio.
Fue así como se concretó la Iniciativa de Reforma que el pasado 16 de junio el poder Ejecutivo estatal presentó ante la 63 Legislatura.
Ahora, como la sociedad espera, y como lo ha dicho el gobernador Tello Cristerna, la necesaria reforma legal está en las manos de los diputados y las diputadas. Esto no significa pasarle la papa caliente al Poder Legislativo, porque el gobierno del estado reconoce que la propuesta de iniciativa es perfectible; se somete al análisis y debate de los representantes populares, quienes, si lo consideran pertinente, habrán de convocarnos para aclarar o discutir cuantos puntos consideren necesarios.
Lo vitalmente necesario es que haya en el Congreso una recia voluntad política para asumir la responsabilidad. Toca a esa soberanía actuar conforme sea necesario para que de ella surja la base legal que resuelva definitivamente los actuales problemas y además siente las bases para resolver cualquier conflicto venidero.
Acertadamente lo dice el Gobernador: “de no hacerse nada, el Issstezac colapsaría y se llevaría consigo las finanzas del estado de Zacatecas”. Esa es la verdad, por más dolorosa que sea.
Baste recordar que en 2016 había 3,203 trabajadores pensionados y hoy son 4,485, o sean, 1,300 más. Lo que verdaderamente sería insostenible si nada se hace al respecto, es que para 2025, según los estudios actuariales, el número de jubilados ascenderá a 8,998. ¿Cómo podría sostenerse la actual situación?
Aun convirtiendo la reserva técnica en líquida y aportando el gobierno estatal y municipios hasta 30%, no podría evitarse la crítica descapitalización, lo que implicaría que el gobierno asignara subsidios urgentes para sufragar las pensiones, a costa del sacrificio de las finanzas estatales, y sobre todo, del bienestar de los zacatecanos.
Recordemos que hasta ahora la administración de Tello Cristerna ha debido asignar para el pago de pensiones más de 300 millones de pesos, que fueron quitados a rubros de seguridad, salud y educación.
Otro dato que debe ser visto es que al 8 de junio de este año el Instituto arrastra adeudos por 460 millones 328 mil pesos con el Sistema de Atención al Contribuyente (SAT), con la Secretaría de Finanzas y con pensionados.
Voluntad política y compromiso con los zacatecanos deberán demostrar nuestros legisladores para decidir sabiamente, sin egoísmos ni mezquindades partidistas. Zacatecas espera que estén a la altura del desafío.
*Director general del Issstezac.
