Dicen que los zacatecanos no olvidamos cuando empezó la violencia y la inseguridad a golpear a nuestra entidad. Y no les falta razón, lo sabemos, lo recordamos.
Quizá no fue la primera vez, pero el imaginario colectivo registró el 28 de diciembre de 2007 como la fecha en la que Zacatecas como estado conoció la situación de guerra. La gente de Tepetongo, Mómax, Colotlán, Huejúcar y Jerez saturaban las líneas telefónicas advirtiendo que se vivía cruenta balacera. Algunos creían que era broma del Día de los Inocentes, pero conforme avanzaban las horas y se repetía la información, la gente empezó a tomarlo en serio.
Muchos se salieron del cine, del café, de reuniones familiares y se fueron a casa temprano. Los pocos que deambulaban por las calles en la noche de aquel día daban cuenta de que los accesos de la ciudad estaban resguardados por militares. No se sabía a ciencia cierta qué pasaba, pero era evidente que algo sucedía.
Al día siguiente supimos en líneas generales que un pesado narcotraficante había sido detenido en el sur del estado e intentaban trasladarlo a la capital, cuando el convoy que lo llevaba fue atacado por un grupo armado en varias partes del camino.
El saldo oficial fue de seis policías y un agente de tránsito muertos. Corría la mitad del sexenio de Amalia García, Miguel Alonso Reyes había sido hasta ese año, secretario de Turismo, cargo al que renunció para ir por una diputación local.
Los titulares del 29 de diciembre hablaban de una “inusitada movilización de seguridad en el estado”.
De entonces en adelante hubo historias similares: muertos por docenas en diverso municipios, cazadores desaparecidos en Villanueva, mandos policiales que nunca volvieron a sus casas, ex presidentes municipales que nunca llegaron a su destino, fugas por decenas en el Cerereso, etcétera.
Sin embargo, egocentristas como somos, la capital del estado se mantuvo con percepción de calma porque las noticias no referían Zacatecas o Guadalupe. Hasta la noche de entre el 1 y 2 de febrero de 2011, cuando trataron de despistar del sonido de balazos y granadas diciendo que eran cuetes del Día de la Candelaria.
Una academia de artes marciales quedó destrozada, algunos dicen que como daño colateral, otros aseguran que porque irresponsablemente ahí se refugiaron los policías usando como escudo humanos a niños y adolescentes que fueron protegidos por su instructor en algún espacio del lugar. Por toda la ciudad sonaban mensajes de alarma y preocupación, llamando a no salir.
El gobernador del estado se encontraba entonces en Japón, según contaban los memes de aquel momento, buscando convencer a las tortugas ninjas de venir como refuerzo.
La violencia recrudeció en la capital. A esta noticia se sumó la tragedia del Vergel nuevo donde fue acribillado un hombre y su familia, los indiscriminados balazos al bar El Cactus en el Centro Histórico de la ciudad, un fuerte operativo en el hotel Gami que dejó policías y jóvenes muertos, y un largo etcétera. Para colmo, un día a las tres de la tarde un comando armado sacó de las instalaciones de la Unión Ganadera a su líder estatal y presidente municipal de Florencia, también a su secretario particular. Poco después aparecieron muertos.
Luego en febrero de 2013, algunos medios de comunicación amparados en el acuerdo “Por nuestra imagen” deciden dejar de publicar hechos de violencia e inseguridad, al menos en primera plana. Pero cuando la violencia está a la vuelta de la esquina no hay forma de ocultarla, y entre las redes sociales, y los medios de comunicación que se mantuvieron lejos de esto, el acuerdo sirvió de poco.
Ahora es casi vida cotidiana, un baleado aquí, otro allá, no suspenden las actividades de nadie. Que dejaron cuerpos en tal lugar, que aparecieron cabezas en hieleras, o que las mal llamadas narco mantas “decoraron” incluso el portal de Rosales son casi relleno entre las páginas interiores de los periódicos. No es culpa de los pactos, si es rutina no es noticia.
Quizá se piense que el asunto es de percepción, pero para eso están las estadísticas. De acuerdo al índice delictivo que recopila la Procuraduría General de Justicia del Estado, los delitos van en aumento desde hace trece años, cuando comenzó el registro.
En 2004, últimos 9 meses del gobierno de Ricardo Monreal y primeros tres del de Amalia García, ocurrieron 55 homicidios dolosos; 2010, cuando se despedía la perredista, y se estrenaba en el cargo el gobernador actual hubo el doble: 111 homicidios. Hasta abril de este año, en apenas cuatro meses ya van 121 homicidios dolosos.
En cuanto al secuestro, en 2004 hubo tres denuncias por ese delito; en 2010 fueron 17; y en el primer cuatrimestre del año van siete, es decir, que si la tendencia sigue como hasta ahora, este año cerrará con 21.
La extorsión en 2004 se tasaba en cero denuncias, para 2010 llegaban a 26 en todo el año, y de enero a abril de este año ya van 29.
El ejercicio se puede hacer también con el robo, el abigeato y otros delitos.
Conclusión: sí, los zacatecanos recordamos cuándo empezó la violencia y la inseguridad en la entidad, y sería muy injusto atribuirle la total responsabilidad de los buenos o los malos tiempos, a quien gobernaba el estado.
Es innegable que a la violencia e inseguridad han contribuido el endurecimiento de la pobreza y la crisis, la llamada guerra contra el narcotráfico y otros factores incluso geográficos.
No obstante, sí hay responsabilidad de quien tuerce la realidad para sus propios intereses. ¿O qué, nos dirán que todo es culpa de algún colaborador? ■
