La Revocación de Mandato es un proceso de democracia directa por el cual un determinado número de electores pueden solicitar a la autoridad electoral competente la remoción de un gobernante (Presidente, Gobernador o Alcalde) mediante el voto directo de un porcentaje específico de electores de la lista nominal que por mayoría absoluta voten por la revocación de mandato antes que termine el periodo de su encargo por el cual fue electo.
La Revocación de Mandato existe en las legislaciones de varios países del mundo, entre ellos Suiza, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Ecuador, aunque con diversas variantes, en unos solo se contempla esta figura para el caso del Presidente; también varía en cuanto al tiempo que debe transcurrir de iniciado el mandato para que se pueda solicitar. Asimismo, hay variaciones en el porcentaje requerido de ciudadanos para que pueda iniciar el procedimiento; de igual manera, hay variaciones en el porcentaje mínimo establecido de electores que deben participar para que sea vinculante la remoción, además ésta debe ser por mayoría absoluta de los votantes, aunque en algunos países además se condiciona su procedencia a que el número de electores que opten por la revocación de mandato deberá ser igual o mayor al número de electores que lo eligieron.
En México Andrés Manuel López Obrador desde el 2019 promovió reformas a varios artículos de la Constitución Federal para incorporar la figura jurídica de Revocación de Mandato, figura por la cual se puede remover por mayoría absoluta al Presidente de México y a los gobernadores de los Estados cuando la declaratoria de validez que emita el Tribunal Electoral indique que la participación total fue de al menos del 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal. En las entidades federativas los procesos de Revocación de Mandato estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos de la Constitución (Diario Oficial de la Federación, DOF 20/12/19).
Tuvieron que pasar 21 meses para que el Congreso aprobara la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuando el Transitorio Segundo del Decreto de las reformas constitucionales de 2019 le dieron al Congreso 6 meses para expedir la ley, la cual se publicó en el DOF el pasado 14 de septiembre de 2021 y entró en vigor al día siguiente.
El Congreso de la Unión rebasó los tiempos estipulados para aprobar la ley secundaria de Revocación de Mandato, porque seguramente muchos de las y los legisladores, gobernadores y aspirantes a cargos de elección popular no quieran someterse en su encargo actual o futuros a un proceso de Revocación de Mandato porque pudieran ser revocados por pérdida de confianza de la ciudadanía al no cumplir sus compromisos y desempeñar malos gobiernos.
Es obvio, que también los partidos políticos de oposición se oponían a la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato porque conocen de la amplia aceptación ciudadana de AMLO reflejada en las diferentes encuestas, derivado de su desempeño como Presidente de México por sus acciones de gobierno como son: el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, al tráfico de influencias y al conflicto de interés; abatimiento de la defraudación fiscal y terminación de la condonación de impuestos a los grandes monopolios.
Asimismo, por la austeridad republicana aplicada en su gobierno que junto con el combate a la corrupción se han generado ahorros de un billón 400 mil millones de pesos, los cuales son reorientarlos a los programas sociales para el Bienestar en beneficio de adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, becas escolares, entre otros; también por haber contenido la inflación y la devaluación del peso, mejorado el salario y la recuperación progresiva del crecimiento económico. Por todo lo anterior, la oposición y los poderes fácticos se oponen al ejercicio de Revocación de Mandato porque lo más probable será un resultado a favor de la ratificación de AMLO para que termine su mandato constitucional y con ello saldría más fortalecido, y ello influiría en la sucesión presidencial del 2024.
El Presidente de México siempre ha promovido una democracia directa y participativa, porque no basta elegir a un gobernante, la verdadera democracia radica en que todas y todos los mexicanos tengan asegurados sus derechos sociales: el derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda digna, empleo bien remunerado, a los servicios básicos y a un medio ambiente adecuado. Todo esto es posible si se tiene gobiernos nacionalistas, progresistas, honestos, eficientes y trabajadores; de lo contrario, la ciudadanía tiene el derecho a votar a favor o en contra de que el Presidente, Gobernador o Alcalde en turno abandone o continúe su mandato “el pueblo pone y el pueblo quita”.
En el caso de México el inicio del proceso de Revocación de Mandato procederá a petición de ciudadanas y ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritas en la lista nominal de electores y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El INE será quien emita la convocatoria y los formatos para la recopilación de firmas (a más tardar el próximo 1 de octubre) y tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación y emitirá los resultados. La votación será libre, directa y secreta de electores inscritos en la lista nominal.
La pregunta será: ¿Estás de acuerdo en que, a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? El resultado será válido y vinculante si la participación es igual o mayor al 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.
Será un proceso complicado, polémico y conflictuado porque persiste la resistencia de la oposición y de los poderes fácticos a que se lleve a cabo este ejercicio de democracia participativa, pero vale la pena, ya que como dijo la Consejera del INE Norma De la Cruz “la realización de los ejercicios de la democracia directa… deben convertirse en algo común y periódico en nuestra sociedad. Normalizar estos ejercicios de evaluación a los gobiernos daría como fruto una sociedad más crítica e informada, comprometida a exigir cuentas claras y transparentes a su gobierno y a sus representantes. Y, por otro lado, obligaría a desempeñar la labor de todas y todos los funcionarios públicos de mejor manera a sabiendas que, de no hacerlo, se nos puede exigir nuestra renuncia.”
Ahora el paso siguiente es armonizar las leyes locales a las reformas constitucionales de diciembre de 2019 para que también los gobernadores y presidentes municipales puedan someterse a la Revocación de Mandato a petición de la ciudadana.
