■ Hay casos de éxito donde ha intervenido el Estado: José Luis Guardado Pérez
■ Aplica para cuando la regulación del mercado no es suficiente, señala
Los países más exitosos en materia económica (Corea del Sur, Japón o Alemania) son aquellos donde el Estado ha intervenido en complemento de las dinámicas del mercado, por lo que es favorable que el gobierno mexicano regule el precio máximo del gas, afirmó José Luis Guardado Pérez, investigador de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
“En aquellos aspectos donde la regulación del mercado no es suficiente, tiene que intervenir el Estado. En el caso particular de los precios del gas, además, tenemos que reconocer que hay abuso de algunas empresas gaseras. Aunque sea con centavos, por tanque de gas, ellos terminan inflando sus ganancias a costa del producto que ofrecen al consumidor”, explicó.
Además, refirió que es necesario revisar la calidad del producto que llevan los cilindros de gas, porque si al gas butano le añaden mucho butano, evidentemente permitirá alcanzar un peso de 30 kilogramos, pero el rendimiento en términos de generación de calor, va a ser inferior, motivo por el que el Estado debe intervenir.
Indicó que es legítimo que el Estado intervenga para evitar los abusos en que evidentemente incurren algunas empresas y que estas sean congruentes en su pretensión de obtener altas ganancias para que estas no sean a costa de los consumidores.
Guardado Pérez añadió que “si dejamos todo a la dinámica del mercado, la concentración de riqueza se va a acentuar y sólo tendremos una economía de empresas grandes y poderosas y que los pequeños negocios no van a tener ninguna posibilidad. Se requiere que el Estado intervenga para evitar esos sesgos que tiene el mercado cuando se deja a su libre dinámica”.
En el caso del gas, recordó que es un producto básico para todas las familias, y si no se regula el precio máximo, toda la sociedad se verá afectada ante los abusos de las empresas del ramo.
Evidentemente, dijo, para el sector empresarial es una medida que no es de su agrado y políticamente ha provocado la descalificación al gobierno, pero en todos los rubros donde la dinámica del mercado vaya en contra de los principios de justicia y equidad se justifica plenamente la regulación del Estado.
Guardado Pérez señaló que hay corrientes de la economía que ven no solamente recomendable, sino también necesaria la intervención del Estado, y la fijación del precio del gas es un claro ejemplo de ello.
“Esto debe obligar a los empresarios a que busquen sustentar sus utilidades y sus ganancias que son legítimas en la eficiencia de sus operaciones y en su alta productividad, porque la posibilidad de subir el precio abusivamente, en condiciones de monopolio u oligopolio, les facilita obtener utilidades sacrificando eficiencia y productividad”, concluyó,
Postura de gaseras
Las empresas distribuidoras de Gas L.P. difundieron un comunicado en el que exponen que, con la reciente aplicación temporal y emergente del Sistema de Control de Precios al Público definido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), “no se garantiza una mejora a la economía o bienestar social, sino por el contrario, se propician condiciones adversas para la distribución segura, eficiente y oportuna de Gas L.P.”.
Señalan, además, que el Sistema de Control de Precios no contribuye a la solución de los problemas de fondo de la Industria porque incentiva al robo de Gas L.P. a Pemex y su distribución ilícita, así como el fortalecimiento de grupos de choque y poder que controlan zonas de reparto, “a través de pseudo sindicatos y organizaciones delictivas; tal y como se están manifestando en la Zona Metropolitana del Valle de México”.
Afirman que “la determinación del precio máximo de la CRE no cubre los costos indispensables de la distribución, provocando a los consumidores y población en general afectaciones como desempleo y desabasto por disminución de rutas de reparto, inseguridad en las operaciones por menor mantenimiento a la infraestructura de distribución e incremento del consumo de leña de la población más vulnerable, al reducir la cobertura de las zonas de distribución.
