La bandera contra la corrupción fue una de las principales banderas de este gobierno en la pasada campaña. Hasta ahora hemos visto pocas medidas efectivas sobre el tema. Pero con el caso de las empresas factureras, al parecer, inicia un proceso de limpieza relevante.
Todo acto sistémico de corrupción tiene tres componentes esenciales: (1) alguien tiene posición de poder, que beneficia a la organización que opera; (2) ese poder se usa de forma abusiva; (3) y ese abuso tiene como finalidad el beneficio de algún actor privado en perjuicio de los intereses públicos. Esto es, la corrupción es un ejercicio de poder que opera de forma sistémica y donde los actores no son individuos, sino organizaciones. Esto es, en la corrupción hay tres componentes: un poder, un sistema y un cúmulo de organizaciones. Por tanto, para enfrentar la corrupción implica necesariamente enfrentar esos poderes, desmontar el sistema de operación donde tienen cómplices por activa o pasiva en los gobiernos, y conocer las organizaciones que realizan las acciones concretas.
Los poderes implicados en la defraudación fiscal de la producción de facturas falsas son empresas grandes y medianas que se benefician con esas trampas al poder reportar disminución de ganancias, con lo que terminan pagando menos impuestos. Pero también implica que encubren oro tipo de pagos, muy probablemente de carácter delictivo. Por esos motivos, a los montadores de las empresas fantasmas que emiten las facturas falsas, los acusarán no sólo de defraudación fiscal, sino de delincuencia organizada. Los montos que anuncian los responsables del SAT son enormes: al menos 55 mil millones de pesos menos a las bolsas fiscales, lo que implicó un monto de falsa facturación de 93 mil millones. Un mundo de dinero. Y rematan: es una primera entrega.
Una cosa muy importante en esta acción es el propio antecedente de hacerlo: la mejor invitación a la reproducción de estos delitos es que no pasa nada. Si hay posibilidades de que sí pasa algo grave al que defraude los recursos públicos, entonces podemos esperar que la corrupción efectivamente disminuirá. El problema es que se necesita que todo el Estado actúe de forma coordinada y en el mismo sentido para enfrentarse de manera efectiva a esos poderes que corrompen el recurso público, pero no vemos que eso ocurra.
En Zacatecas era importante que la UAZ hubiera, si no resuelto el caso de la Estafa maestra, de menos investigar y deslindar responsabilidades. Pero nada de eso ocurrió. Lo cual fue igual de grave que el acto defraudatorio fiscal, porque se incurrió en defraudación político-institucional. Se defraudó la confianza que se tenía en dichas autoridades. Y lo que es muy claro es que la omisión de las autoridades universitarias fue por el temor a enfrentar a los poderes responsables de la Estafa. Lo que finalmente hicieron dichos funcionarios fue nadar de muertito y hacer como que nada ocurría. Esa es la conducta más dañina en todos los funcionarios del Estado porque cultiva la impunidad ante la corrupción. Así, en este caso, el gobierno federal se anotó una palomita, pero debe obligar a los funcionarios estatales a actuar en el mismo sentido.
