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Opacidad

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Por: AQUILES GONZÁLEZ NAVARRO • admin-zenda • Admin •

Miscelánea

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“MAR posee un patrimonio de 20.7 mdp: SFP” Cabecea a ocho columnas “La Jornada”, sección local, ayer 20 de mayo. Aunque la propia Secretaría de la Función Pública se apresura en informar que se trata de datos que “son los que el mandatario autorizó”.

“Sin mostrar o entregar copias de documento alguno e informando tan sólo de siete propiedades seleccionadas  entre un listado mayor, los secretarios de la Función Pública (SFP) Finanzas (Sefin) y Administración (SAT), aseguraron que el patrimonio del gobernador Miguel Alonso Reyes al 31 de diciembre de 2015 era de 20.7 millones de pesos”.

La información  autorizada por el gobernador Alonso para hacerse pública, pareciera  ser la respuesta a una denuncia presentada esta semana por el diputado Cuauhtémoc Calderón Galván y Saúl Monreal Ávila, asesorados por el abogado Jesús Alberto Gaytán Espinosa, por la posible comisión de tres delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y peculado.

Sorprendió que la denuncia hiciera referencia a un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Siglo XXI  que es  área de donación en favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Aunque un tanto obligada la información dado estos  acontecimientos y otros que señalan desde hace meses enriquecimiento inexplicable por parte del gobernante, es de reconocerse que el propio aludido, el gobernador Alonso, haya decidido abrir algunos datos sobre su patrimonio:

Tres casas en área urbana, dos terrenos y dos predios rústicos constituyen el listado que el gobernador informa al público, aunque la ausencia de avalúos y la omisión de bienes muebles, llevan en sí opacidad en la información.

Cualquiera de los predios rústicos  que se mencionan y las inversiones que le han dado plusvalía, tienen un valor superior a los 20.7 millones de pesos, afirman quienes conocen los inmuebles y su contenido, de tal manera que, si el mandatario ha cobrado 7.7 millones de pesos durante su desempeño como gobernador, según informó el titular de la Función Pública, resultaría una cifra muy inferior comparativamente con el valor de los inmuebles adquiridos.

Es rumor popular que la familia Alonso adquirió la finca antigua ubicada en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la capital,  precisamente frente a la iglesia del mismo nombre, además de algunas casas aledañas. Es necesario que el propio gobernador lo aclare para evitar “rumores infundados”.

Por su parte David Monreal hace público tener un patrimonio de 27 millones 212 mil pesos, Alejandro Tello de 14 millones 222 mil 376 pesos y Rafael Flores de 4 millones 629 mil 960 pesos. (La Jornada. 18 de mayo 2016).

Todas las informaciones sobre situación patrimonial adolecen del mismo problema: opacidad. Los declarantes hacen público los bienes que ellos, a criterio propio o a conveniencia deciden y sin avalúo creíble. Menos con los pormenores sobre la forma de obtención de los recursos económicos suficientes para la compra (sueldos, donaciones, herencias).

Es por lo mismo que la legislación, mal llamada anticorrupción y que a nivel federal se está aprobando más bien con fines mediáticos, resulta insuficiente y no  cumplirá esta función al dejar la información al arbitrio y habilidad de los contadores del funcionario. La 3 de 3 se encuentra en esa situación.

Se hace indispensable la creación de órganos autónomos, con facultades jurisdiccionales y para investigar a fondo los orígenes de riqueza del funcionario, para exculpar hasta el límite de lo explicable y proceder judicialmente en aquello que sea fruto de pillerías. Insistimos en la iniciativa que en Zacatecas crea la Ley del Tribunal de Cuentas.

¿Uso faccioso de la Procuraduría?

Como “respuesta” a la denuncia que interpusiera el diputado Cuauhtémoc Calderón y el licenciado Saúl Monreal en contra del gobernador Miguel Alonso por enriquecimiento inexplicable, se presentó en medios la procuradora general de Justicia, Leticia Catalina Soto, algo turbada y desencajada para “aclarar” lo que no venía al caso:

Que el abogado Jesús Gaytán, quien asesora a los denunciantes, ha tenido varios procesos por delitos diversos y que en uno relativo al robo de un vehículo su libertad está condicionada al buen comportamiento. Como advirtiendo…

No debe nuestra amiga la Procuradora, por bien de la institución que representa y de ella misma, caer en la tentación del uso faccioso de la procuración de justicia y, si tal, fuera mandato, la salida digna es mejor opción. “El hombre justo rehúye complicidad con el mal” dice José Ingenieros en “Las Fuerzas Morales”.

Sábado 21 de mayo 2016 ■

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