Ni la versión del procurador Murillo Karam, ni las declaraciones de Alejandro Solalinde tuvieron credibilidad entre los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, ni en la sociedad en general que los ha acompañado en su lucha y en su dolor.
Los padres de los estudiantes solamente han depositado confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), experimentados en situaciones como esta, y frecuentes colaboradores de grupos de derechos humanos, quienes han hecho una cuidadosa labor, que sin embargo no ha podido ir lo suficientemente lejos para clarificarnos lo que sucedió en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aún no lo tenemos claro, pero cuando menos la versión oficial aportada por la PGR está desecha gracias a Jorge Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM, quien dirigió la indagación científica que concluyó que para la quema de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula habrían sido necesarias 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, es decir dos trailers de leña y 53 kilogramos de gas por cada cuerpo; o bien 995 llantas de autos pasajeros que después de incendiadas dejarían 2.5 toneladas de alambre de acero que nadie ha visto.
La cantidad de material requerido para dicha incineración hace imposible que su compra y transportación pasara inadvertida en la región donde sucedieron los hechos, a menos que fuera en pequeñas cantidades, y por tanto,el crimen se hubiera planeado con anticipación, como apunta la investigación periodística de Anabel Hernández publicada en la revista Proceso.
Montemayor Aldrete, y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco), investigan ahora la hipótesis de que los estudiantes hayan sido incinerados en crematorios del Ejército. Para comprobar o desechar la hipótesis buscan información fiscal de las empresas gaseras de la región que permita ver quién habría comprado cantidades extraordinarias de gas.
Los investigadores, según narran a Sanjuana Martínez en La Jornada, han recibido amenazas y son seguidos en días recientes. Su labor seguramente está causando incomodidad, y sin embargo no han cejado en su esfuerzo.
Otro investigador del mismo centro que Montemayor, que sacó ronchas a las autoridades policías es el Dr. Luis Mochán Backal, quien usó sus conocimientos para desmentir la confiabilidad del GT-200, llamado también ouija del diablo, un supuesto detector molecular fraudulento que dizque permitía encontrar narcóticos, explosivos, armas e incluso migrantes ilegales, a una distancia de entre 300 metros hasta 5 kilómetros dependiendo de cómo se operara.
Cerca de mil aparatos de estos fueron comprados por instancias gubernamentales mexicanas a un precio de entre 280 mil y 580 mil pesos, de acuerdo al criterio “según el sapo es la pedrada”, y fueron usados en retenes militares, revisiones policiacas y hasta operativos de seguridad de gobernadores y diputados.
Los argumentos del Dr. Mochán (disponibles en http://youtu.be/dBzl_43zM0A) contra la ouija del diablo fueron publicados en artículos que sirvieron para la defensa de incautos que habían caído presos porque este aparatito, que consiste en una cajita y una antena, los había señalado como portadores de drogas, armas, explosivos, etc. Paradójicamente, la labor del investigador mexicano también contribuyó a llevar a alguien a la cárcel: a Gary Bolton, creador del GT-200, condenado a siete años de cárcel por fraude en el Reino Unido.
Hemos dado cuenta hoy sólo de dos ejemplos de aportaciones invaluables hechas por científicos mexicanos. Hay muchas más, pero más interesante que enumerarlas, y elogiarlas en lo individual, sería desentrañar las condiciones que las hacen posibles. Apuntaríamos a una de ellas, quizá la más importante: la autonomía, es decir, la posibilidad de investigar con cierta libertad y recursos incluso contraviniendo intereses comerciales y gubernamentales.
Es fundamental para una sociedad, la existencia de espacios de investigación científica, creación artística y libre pensamiento, cuyas reglas de operación y financiamiento respondan a necesidades sociales, y no se basen ciegamente en los caprichos de empleadores, y prejuicios políticos. Las universidades hasta ahora han sido el terreno idóneo para ello, pero poco a poco ceden frente a la embestida de quienes creen que la vinculación significa regalar mano de obra, y de quienes confunden el valor con el precio.
Atender eso, implica necesariamente la lucha por la educación pública, y a ella mucho contribuyen quienes divulgan sus aportaciones más allá del microscópico círculo de colegas, y las ponen al servicio de quienes con sus impuestos pagaron la ampliación de conocimientos y enriquecimiento de los currículos de unos cuantos. ■
@luciamedinas
