Chilpancingo, Gro. Alrededor de las 20 horas de este lunes, sujetos encapuchados incendiaron las oficinas del distrito 24 del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) con sede en el municipio de Tixtla, donde se ubica la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, a unos 10 kilómetros de esta capital .
Los agresores sacaron al vigilante del inmueble y enseguida destruyeron muebles, equipo de cómputo y papelería institucional. Asimismo, realizaron pintas en las paredes del inmueble con mensajes como “faltan 43” y “no habrá elecciones”. Luego prendieron fuego a las instalaciones y se retiraron.
Ello, luego de una manifestación en Chilpancingo, donde maestros de la Ceteg, alumnos de la normal de Ayotzinapa y padres de familia quemaron una patrulla de la policía del estado y destruyeron otra más, así como los vidrios de las instalaciones de los juzgados primero y séptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), debido a que no los atendieron en audiencia para manifestar su rechazo a la actitud “parcial” que ha tenido este poder al negar la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre.
Los padres de los 42 estudiantes normalistas que desaparecieron policías municipales de Iguala, e integrantes del crimen organizado, presuntamente ordenados por el ex alcalde y su esposa-, acompañados por normalistas e integrantes de la Coordinadora de la Educación de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), llegaron como a las 14:00 a protestar afuera de estos dos juzgados (el primero y el séptimo) del PJF, que está en la calle 5 de mayo del centro de esta ciudad.
Ahí estuvieron como una hora y media demandando que les dieran audiencia los funcionarios del PJF, pero en vez de atenderlos, les cerraron las puertas, y enseguida salieron una decena de policías estatales armados para resguardar las instalaciones, y evitar que los manifestantes entraran a la fuerza.
Esto provocó el enojo de los padres, que insistieron en que lo único que querían decirles a los funcionarios del PJF, que dejen de ser parciales a favor del ex alcalde y su esposa, y que emitan lo más pronto posible una orden de aprehensión contra ellos por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.
Por medio del sonido que estaba en un vehículo, mismo que estacionaron frente a estos juzgados, les exigieron a los policías que se fueran de ahí. Gritándoles que fueron policías municipales, presuntamente con policías estatales, federales y hasta elementos del Ejército, los que detuvieron y desaparecieron a sus 43 compañeros, y también, aseguraron, asesinaron a tres normalistas, y tres civiles, aquella noche del pasado 26 y madrugada del 27 de septiembre en el municipio de Iguala.
A la fuerza, y por que los amenazaron con sacarlos a empujones de las inmediaciones de esas instalaciones federales, los policías se fueron.
Como a las 15: 30 los padres se pusieron frente a la entrada de esos juzgados y gritaron por el sonido que los recibieran, y que sólo entraría una comisión, pero a esa hora el edificio casi ya estaba vacío, pues la mayoría de los trabajadores salieron por la puerta trasera para no tener roses con los manifestantes.
Como a las 15:45, cuando los padres de los 42 muchachos desaparecidos ya habían anunciado su retirada, ante la negativa de que fueran recibidos en audiencia, un grupo de jóvenes, entre normalistas, maestros, y también padres, utilizando palos, piedras y lo que encontraron, comenzaron a destrozar dos patrullas que estaban estacionadas afuera de estas instalaciones (en las patrullas se habían trasladado algunos reos acusados de delitos federales, para llevarlos a la audiencia).
Eran dos patrullas del gobierno del estado, una con batea y la otra cerrada, a la primera uno de los jóvenes le lanzó gasolina y luego le aventó una mechón con lumbre. Enseguida la patrulla comenzó a incendiarse. A la otra patrulla solamente la destrozaron.
En esos instantes, como a las 15: 48, gritaron algunos normalistas que venían los antimotines que se fueran. Los uniformados llegaron por la calle 5 de mayo, por la parte norte, por lo que los manifestantes se fueron en esa misma calle hacia el sur de la ciudad.
Pero antes de retirarse, algunos normalistas y maestros, les lanzaron tres cohetones, mismos que estremecieron las instalaciones del PJF. Los policías antimotines trataron de correr tras los manifestantes, pero éstos se trasladaron hacia el plantón que tienen en el zócalo de la ciudad.
Los fueron correteando, hasta la calle Abasolo, ubicada esta, a un lado del zócalo; pero los normalistas, padres y ceteguistas se resguardaron en el plantón y ahí permanecieron.
Exigen orden de aprehensión contra Abarca y Pineda
Antes de los acontecimientos, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que el motivo de la protesta en el Juzgado Primero, y Séptimo, del Poder Judicial de la Federación, fue con la finalidad de hace un reclamo, porque a casi cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes, y el asesinato de otros tres, así como de tres civiles más, ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, no giró órdenes de aprehensión en contra del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Angeles Pineda Villa, por el delito de desaparición forzada.
Al contrario, afirmó, el Jugado Primero de distrito en materia penal, con sede en Matamoros, Tamaulipas “absolvió a Abarca Velázquez, y a Pineda Villa, por esos delitos. Incluso en la resolución del juzgado de distrito, se deja ver una tendencia, y una posición de que los compañeros (estudiantes), ya están muertos, y que esa habría sido la causa de que negó las órdenes de aprehensión por desaparición forzada”.
Insistió que mientras los juzgados federales “exoneran a las personas que asesinaron y desaparecieron a nuestros compañeros, meten a la cárcel a los luchadores sociales. Sin duda, hay un criterio político en la aplicación del derecho por parte de los tribunales federales, y por eso hoy venimos a protestar aquí en Chilpancingo, a los juzgados primero, y séptimo”.
“Vemos que los tribunales están sesgando la aplicación de la ley. No están resolviendo conforme a derecho y hay un criterio político en ellos, que se traduce en los comentarios de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), que ha hecho respecto al caso nuestro”, recalcó.
Rosales Sierra, argumentó que a los policías comunitarios, se les condena por el presunto uso de armas de uso exclusivo del ejército, y se les dicta auto de formal prisión “cuando ellos el bien jurídico tutelado, es por la seguridad y la vida”.
“Lo que se debió hacer es girar la orden de aprehensión contra estos dos personajes, por el delito de desaparición forzada, y en cambio resuelve que no hay elementos para poder liberar las órdenes de aprehensión en contra de (los esposos Abarca Velázquez, y Pineda Villa), y los detienen por lavado de dinero, y delincuencia organizada por hechos anteriores al 26 de septiembre”, indicó.
Finalmente Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 42 estudiantes desaparecidos, expresó que la protesta de este día en los juzgados primero y séptimo, forma parte del plan de acción que se tiene programado “hoy estamos aquí para decirles que están para procurar justicia, no para cubrir delincuentes”.
Ahí está el caso de María de los Ángeles, esposa del ex alcalde José Luis Abarca “se le otorgó un amparo, eximiéndola de los delitos de desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. En un primer momento, la PGR, la señalaban como la autora intelectual de la ejecución de los normalistas, pero ahora el Poder Judicial de la Federación, le cancela los delitos de desaparición forzada”.
Señaló que la demanda central de los padres de familia es exigir a las personas encargadas de la procuración de la justicia, que hagan lo que les corresponde “porque si no quedará demostrada la complicidad que existe del gobierno, y de las leyes, con la delincuencia organizada”, concluyó.
