L os asesinatos en Iguala y la desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa es el acontecimiento más brutal y estremecedor que los mexicanos hemos vivido en mucho tiempo. Es el peor, pero no el único. Son incontables las muestras de una profunda descomposición política, social y moral que afecta ya a una buena parte del Estado y del territorio nacional; es el peor acontecimiento por su insólita crueldad y porque puso al descubierto una “forma de trabajo” criminal basada en asesinatos rutinarios que funcionaban como señal eficiente para mantener el control de la ciudad por medio del terror, y porque aportó pruebas indudables de la connivencia entre policías, autoridades y bandas delincuenciales.
Como señala el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), ningún otro episodio criminal en México ha exhibido el fracaso del Estado y de los gobiernos, en tramos y en obligaciones fundamentales:
- En la policía del municipio, maniatada y al servicio de las bandas delincuenciales.
- En la policía del estado, sin reflejos ni capacidad para acudir, ni siquiera interesarse en los hechos de extrema violencia conocidos y denunciados en la Ciudad de Iguala.
- En el Ejército, que tampoco quiso hacerse cargo de la seguridad de la población ni de los jóvenes normalistas colocados en una situación límite.
- En los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos, incapaces para evitar encumbrar a un individuo de vínculos familiares directos con los cárteles de la droga.
- En la procuración de justicia estatal y federal, indiferentes e indolentes ante las denuncias por homicidio contra el Presidente Municipal, en 2013.
- En la investigación incompetente y deliberadamente lenta, cuya negligencia hizo perder un tiempo crucial para la averiguación de los hechos.
- En los servicios de inteligencia, incapaces de alertar ni prevenir las consecuencias del dominio de un grupo criminal sobre varios municipios.
- En el pasmo y la reacción errática del Gobierno Federal, que tardó diez días en atraer un caso de lesa humanidad y omiso por un año, ante las denuncias contra el presidente municipal.
- En las actuales circunstancias es indispensable continuar la investigación hasta encontrar una explicación creíble sobre los desaparecidos, pero pienso que reformar y rehabilitar al Estado también debe ser un propósito mayor. La enorme indignación y movilización nacional debe encontrar un cauce institucional y una agenda amplia de cambios que el IETD sintetiza en siete temas para el debate y el acuerdo político y social urgente:
Los derechos humanos deben colocarse en el centro de los debates y de todas las políticas.
La atención a las víctimas –ahora, a los padres de los normalistas- vuelve a ser tema de enorme relevancia, porque son el centro del dolor y de la indignación de nuestro país.
La discusión y rehabilitación del poder municipal. A estas alturas queda claro que ése es el ámbito privilegiado por el crimen (no el único) para reproducir su control. México está obligado a examinar con toda seriedad la cuestión del federalismo, pieza esencial del Estado, que desde hace tiempo espera su reforma en un sentido democrático.
La impartición de justicia es otra área clave que no se resolverá con el conocido expediente de mayores presupuestos ni con la magia atribuida a los juicios orales. Es preciso decir, con todas sus letras, que hay una crisis en el corazón mismo del Estado de Derecho cuyos efectos ponen en un predicamento las aspiraciones de justicia y equidad de los ciudadanos mexicanos.
La pobreza y la desigualdad son el abono de la violencia endémica y del tránsito cada vez más expedito de la juventud hacia los mercados delincuenciales. Es imposible separar el atraso, la falta de crecimiento y de oportunidades, de la decisión de miles de mexicanos para enrolarse en el ejército criminal que ya existe y que hoy ha puesto en jaque al Estado en amplias zonas y segmentos del país. Ésta es la coyuntura precisa para enviar un mensaje de cohesión social inequívoco.
El combate a la corrupción es la forma concreta que adquiere hoy, esa enorme exigencia contra la impunidad y por el Estado de Derecho. Pocas veces estuvo tan claramente inserta y con tal urgencia en la agenda nacional, una genuina reingeniería de la estructura de rendición de cuentas en todo el país, especialmente en los niveles primarios del Estado. La elaboración de otra forma de combatir la corrupción está madura, lo mismo en la academia que en la política, y no hay razones para seguir posponiéndola.
Crisis de representatividad, crisis administrativa y crisis en la capacidad de respuesta del Gobierno, un cuadro perturbador que debería convocar a una discusión política amplia, acerca del régimen y la forma en que se organiza el poder público en el país.
A querer o no, nos enfrentamos a una crisis de nuestra democracia, de la izquierda, del régimen de partidos, del Estado de Derecho y de la política misma como actividad esencial para procesar el interés público y encontrar las soluciones comunes. La reforma del poder público es el horizonte que puede encuadrar la discusión nacional de los siguientes meses. ■
