César Castanedo, presidente de la Coparmex Zacatecas, comenta (El Sol de Zacatecas, 10/10/16) que: “Necesitamos encontrar la formula para no deber cada año 2 mil millones de pesos, sobre todo por el gasto en concepto de educación”. Tal es la resonancia de las afirmaciones que suele hacer el gobierno estatal de Zacatecas respecto a que no tiene para pagar los pasivos inmediatos de los trabajadores de la educación. A 16 años queda el gobierno de Ricardo Monreal, que se daba el lujo de incrementar las prestaciones del magisterio zacatecano. Pero tampoco es necesario ir tan lejos: al inició del gobierno de Miguel Alonso se acusó a Amalia García de despilfarro, y se prometió que terminaría tras las rejas. Pese a ello, Alonso afirmó que había “bases para el desarrollo” (La Jornada Zacatecas, 9/9/11). Visto está que ni hubo “bases para el desarrollo” ni se pudo colocar a Amalia tras las rejas. Incluso la invitación que le hizo el gobernador Tello a la ex-gobernadora a su toma de posesión se puede interpretar como un “perdón” por todo lo pasado. De acuerdo a Emmanuel Levinas la irreversibilidad del tiempo es la condición de lo irreparable en la vida humana, y en el cristianismo esa irreversibilidad puede, místicamente, ser suspendida mediante el “perdón”, que equivale al olvido de lo acontecido. Visto así, un aspecto de lo irreparable; i.e. del tiempo; se codifica en la memoria –individual o colectiva- y se manifiesta como la constante presencia del agravio. Quien no se resigna a perdonar no olvida los agravios, no recomienza desde el principio sus relaciones y carga consigo la losa del pasado. El perdón que Tello, en tanto que representante de los zacatecanos, emitió a favor de Amalia García equivale al olvido de todos los agravios que ella cometió contra el pueblo de Zacatecas. Queda de incógnita saber si en un plebiscito la gente vota a favor de esa posición de Tello. La reciente votación en Colombia muestra la persistencia de los agravios en la memoria de los pueblos. Lo que sí es claro es que el gobierno estatal afirma que existe una deuda, y que adquirirla era algo “justificable”, tanto que los diputados la aprobaron. El punto es que la deuda no la pagarán ni Tello, ni sus funcionarios, ni los diputados que la aprobaron: todos ellos, por administrarla y aprobarla, cobran, cobraran o ya cobraron, pero de sus personales peculios ni un peso saldrá para pagarla. El pago de esa deuda será con cargo al bienestar de todo el pueblo de Zacatecas, ya que por pagar créditos se mantendrá en suspenso indefinido un mejor nivel de vida para todos. Por lo tanto los agravios no quedan únicamente en la memoria, se manifiestan cotidianamente como falta de empleos, delincuencia, calles intransitables, deterioro de la salud de la población debido a incapacidad de los hospitales de atender la demanda y a la baja calidad el servicio ofrecido. El agravio que nos inflige la deuda es constante y cotidiano, palpable. El discurso gubernamental tiene un eco en la UAZ: el rector Dr. Antonio Guzmán Fernández declara que “…el cierre de año será muy difícil”, por lo que solicita a los sindicatos una “postura flexible”. Todo debido a una deuda adquirida por rectores que no consultaron a nadie para adquirirla, pero que creen que se pueden amparar diciendo que lo hicieron por el bien del pueblo de Zacatecas. Es dudoso que hayan logrado ese bien, lo que no está en duda es la reducción de prestaciones, la precariedad del empleo, la explotación intensiva y la generación de peores condiciones laborales. Podemos notar que el deterioro ha sido constante, y que no se detendrá en la administración del Dr. Guzmán. Veamos cómo es que se ha recrudecido. Durante la administración rectoral del I. Q. Silva Cháirez hubo dos huelgas, una de ellas la segunda más larga en la historia de la UAZ. La primera en 2014 la encabezó el, en aquel entonces, M. C. Guzmán Fernández exigiendo que se abrieran las promociones de nivel y categoría y que se dieran en garantía al SPAUAZ unos meses de pago al ISSSTE que sumaban 30 millones de pesos. Seguramente en ese trance logró negociar con gobierno del Estado el apoyo para que lo ungieran rector, porque dinero para la UAZ no logró. En esos momentos la “flexibilidad” ante la rectoría era impensable: Silva Cháirez debía pagar. Y pagó, con cargo al presupuesto 2015. Y así pagó sucesivamente, con adelantos de presupuesto, pero nunca con logros de las huelgas. Hoy día, en plena doctrina de la “unidad”, no se ve posible una huelga en la UAZ, aunque las causas que provocaron las de 2014 y 2015 siguen vigentes: no se paga la cuota de seguridad social al ISSSTE, no hay promociones de nivel y categoría, se anuncia que no hay para pagar las primas de antigüedad de agosto, octubre, noviembre y diciembre y se reproduce el discurso de la austeridad de gobierno del Estado, en la absurda creencia que “reducir” los salarios de los funcionarios alivia los agravios contra los universitarios. Esos agravios se alivian con justicia: los saqueadores deben estar en la cárcel, no gozando de perdones y salvoconductos. ■
