En el último proceso de alternancia, por primera vez, al menos en los últimos 20 años, el gobernador del estado pudo elegir a su sucesor.
El mandatario estatal actual no sólo pertenece al mismo partido que su antecesor, sino que pertenecían al mismo equipo, e incluso fue parte de su gabinete como titular de la secretaria de Finanzas.
Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, el gobierno actual ha manifestado en reiteradas ocasiones que recibió la administración estatal en quiebra técnica, con boquetes financieros de tal tamaño, que diversas instituciones tienen problemas hasta para pagar su nómina.
Dada la cercanía entre el actual y el anterior mandatario, no es difícil suponer que este escenario nos lo estarían pintando mucho peor, si un partido opositor hubiera ganado las elecciones del pasado mes de junio.
Además de esto, nos encontramos en una situación financiera nacional de por sí más complicada que la que ya estamos acostumbrados, con el tipo de cambio a 20 pesos por dólar, las gasolinas a punto de tener libre precio, y con previsiones de crecimiento económico a la baja.
Por todo esto, se esperaba que el presupuesto para Zacatecas fuera menor al del 2016, y sin embargo, es superior por 7 mil millones de pesos a los cerca de 25 mil millones de pesos de los últimos años.
Lo más preocupante de esto, es que este aumento, si es que es aprobado en esos términos por el Congreso del Estado, no está planeado para llegar a los sectores sociales que más requerirían del apoyo gubernamental en esta situación económica, o para producir desarrollo que permita por sí mismos a la ciudadanía generar ingresos.
No, la mayor parte del aumento presupuestal caerá en manos de la Secretaría de Finanzas, quien incrementaría sus recursos pasando de menos de 350 millones de pesos a 9 mil 384 millones, es decir, un aumento de 2700% que según justifica su titular, se deberá a que así lo requeriría la ampliación de sus funciones.
La segunda dependencia que salió más beneficiada, fue la secretaría de administración, cuyo presupuesto en el año corriente es de 186 millones de pesos, para pasar en 2017 a 316 millones de pesos. Con este dinero se pagarán a los más de 10 mil 500 empleados que laboran en la burocracia estatal, mil más de los que se reportaba hace unos meses, y ya contando con los cientos de basificados del fin de sexenio anterior, varios de los cuales, según investigaciones periodísticas, incumplieron con los criterios establecidos por el gobierno anterior referentes a la antigüedad. Y ya ni hablar de los perfiles, pues solamente para ejemplificar, el Incufidez otorgó certidumbre laboral a más de 50 abogados sin que pudiera justificarse la pertinencia de su trabajo en una dependencia de ese tipo.
Con aumento presupuestal está también la Secretaría de Turismo, que recibirá 37% más de lo que había logrado en 2016.
Salen beneficiadas también la secretaría General de Gobierno con un aumento del 13%, la de la Función Pública con 9% y la secretaría de Economía con 17%. El Poder Judicial también tiene un sensible incremento, mientras que al Poder Legislativo se le otorgaron hasta 15 millones más de lo que los diputados habían solicitado. Y eso que estamos en austeridad…
El DIF, según se propone, tendría 15% más de recursos, de 381 millones de pesos a 448.8 millones de pesos; y la Secretaría del Migrante aumentaría sus recurso en 70%, aunque la mayor parte de esto estaría destinado al programa 3×1 con el fin de beneficiarse del tipo de cambio y de la buena voluntad de los paisanos.
Esto ha sido criticado por el diputado migrante Felipe Cabral Soto, quien solicitó que una parte de ese dinero fuera destinado a amortiguar las posibles deportaciones, a los exbraceros, a los tianguis agropecuarios y otros rubros olvidados por el gobierno.
Mientras tanto, la secretaría de Educación, que con frecuencia causa marchas por la ciudad debido a que deja hasta seis quincenas sin pagar a sus docentes, tendrá un aumento de 4.2%. El área de salud, cuyo titular asegura tener la infraestructura y el personal suficiente, recibirá 6% más, pasando de 2 mil 355 millones de pesos a 2 mil 523 millones.
Los que verán disminuidos sus presupuestos son la jefatura de la Oficina del Gobernador en un 33%, la Secretaría del campo con 18% menos, la secretaría de Infraestructura con 44% menos.
Con todo esto, es notorio que en este panorama se apuesta a favorecer a la burocracia, a las áreas administrativas, pero no así a las secretarías cuyos recursos –al menos en teoría- terminan en estímulos para la ciudadanía y en el desarrollo económico del ciudadano de a pie.
Por si esto fuera poco, algunos legisladores, como la diputada Lorena Oropeza, del Partido acción Nacional advierten que además se pedirá un nuevo empréstito que engañosa y elegantemente llaman “refinanciamiento”, con el fin de pasar la deuda que antes estaba de 12 años a 20.
Independientemente de cómo se asignen estos recursos, es urgente que además de esto se eficiente la recuperación de recursos “desaparecidos” de las arcas municipales y estatales, haciendo efectivas las medidas resarcitorias que en términos reales están en calidad de letra muerta.
Esto se ve muy complicado dado el nexo entre el nuevo, y el viejo gobierno, pero si no se hace, además del descalabro en las finanzas estatales, se constituirá en una complicidad legal, que tendrá su costo político más pronto que tarde. ■
