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martes, 30 noviembre, 2021

Notas para el debate sobre la Reforma Eléctrica en México

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

En la última década, la fuerza de la realidad se impuso y ya son pocos quienes niegan que la acción humana ha venido propiciando un calentamiento global que ya llegó a niveles críticos para la sustentabilidad de nuestra casa común: el planeta tierra. Por ello todos los gobiernos están siendo presionados por sus propios pueblos para que tomen medidas en la dirección indicada en las convenciones internacionales en la materia como el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015. Tampoco se puede negar que los países más poderosos económica y militarmente también son los mayores contaminantes y, al mismo tiempo, los que mayores obstáculos ponen al cumplimiento de las referidas convenciones. Los 10 primeros son: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Indonesia. El actual gobierno mexicano ha señalado que en pocos años Pemex dejará de exportar petróleo crudo y que sólo extraerá la necesaria para que las refinerías abastezcan de combustibles a la planta productiva, el parque vehicular y demás actividades que los requieren (alrededor de la mitad de lo que exportó anualmente del 2000 al 2012).

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Aunque no se menciona con la frecuencia que lo requiere el debate nacional, es obvio que en la medida de que el desarrollo económico y la tecnología hagan viable la sustitución de todos los equipos y maquinarias que requieren de combustibles fósiles, el gobierno tendrá que disminuír más o menos rápido su producción, hasta que los hidrocarburos sólo se utilicen como materia prima para producir miles de productos que demandan los mercados: plásticos, productos farmacéuticos y para la agricultura, además de miles de nuevos materiales. El ritmo al que ocurrirá ese proceso lo impondrán los países más poderosos y México tendrá el reto de producir las nuevas energías y construir una poderosa industria petroquímica y/o de sustitución de importaciones. Ello ocurrirá de cualquier modo, sea que Pemex y CFE prevalezcan como empresas públicas e instrumentos para que el estado ejerza su rectoría del desarrollo nacional, o que los neoliberales regresen al poder y tengan éxito en convertirlas en chatarra. El tema es apasionante, pero no es el núcleo de la reforma sobre la energía eléctrica.

Tampoco es un tema a debatir la idea de que se desea reconstruir el monopolio estatal en materia eléctrica, porque simplemente es falsa. La iniciativa del presidente establece un reparto del mercado de 54 y 46 por ciento para la generación pública y privada respectivamente. Dado el tamaño de las empresas con capacidad para disputar espacios de mercado, se puede prever que en mediado plazo serán unas cuantas empresas extranjeras las que ocuparán ese 46 %, algunas de las cuales ya están presentes y NO serán expropiadas.

Esperemos que quienes participen en el debate admitan que despúes de 4 décadas de aplicar el dogma neoliberal admitan que propiciaron graves crisis económicas y energéticas, además de que hoy está claro, aún en Estados Unidos, que hay muchos asuntos públicos donde el Estado debe tener capacidad para garantizar el bienestar de todas las personas: la gestión del agua y de la salud, de la producción de vacunas y muchos medicamentos, el internet y, por supuesto la gestión de la energía. Los grandes apagones que sufrió California en 2001 y Téxas hace unos meses; el grán fraude de ENRON y lo que está ocurriendo hoy en varios países europeos demuestran que los oligopolios solo generan problemas a millones y profundizan las desigualdades sociales. Muchas privatizaciones se efectuaron simplemente porque los gobernantes adoptaron como verdad revelada la superioridad del sector público. Los efectos de la pandemia han mostrado con crudeza que fue falsa las consignas de Reagan y Thatcher de que el Estado era el problema y los derechos sólo mercancías. Hoy, el Estado está de regreso en todas partes.

Otro tema que debemos analizar a fondo es la competencia deseable en el mercado eléctrico nacional. Ante el hecho de que la red de distribución es un monopolio estatal (algunos dicen que natural) la electricidad generada debe entregarse al ente estatal para su incorporación a la red garantizando el piso parejo para las distintas empresas: todas deben pagar la misma tarifa por la utilización de la red de transmisión y distribución, y para garantizar la existencia de una reserva de plantas generadoras que sustituyan paros inesperados, o falta de viento, sol o agua en las plantas de ese tipo. Si el Estado decide subsidiar la instalación y generación de energias limpias, ello debe propiciar la inclusión de nuevos actores y el crecimiento relativo de la proporción de energías limpias que ya produce la CFE, además de que el Estado debe mantener la atribución de fijar las tarifas del servicio electrico para todos, lo que hace posible el otorgamiento de subsidios a los consumidores.

Otro tema a debate es qué hacer con el exceso de permisos para generar energía otorgados por Calderón y Peña. La cantidad es tal que, si en este momento todos los permisionarios pudieran operar, el país tendría el doble de electricidad que la requerida. Por ello es que el responsable de mantener funcionando el sistema electrico debe ser la autoridad electa, el Poder Ejecutivo. La decisión de cuáles y cuántas plantas incorporar a la actividad, en todo momento debe estar en manos de quienes, por definición, deben rendir cuentas a la sociedad. Es una materia muy delicada y el diseño de la institución encargada debe cuidar todos los detalles que propician la corrupción.

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