Hasta que se logró la Independencia nacional, lo que hoy es México era una colonia del reino de España, cuyo rey era el soberano del virreinato de la nueva España, y sus autoridades principales eran designadas directamente por el Rey o, en su nombre por el Virrey. Al conquistar su independencia el nuevo soberano, el pueblo representado por sus diputados, determinó que la forma de Estado sería la de una República en donde el poder, para su ejercicio, se depositaría en tres poderes equivalentes diseñados para que “el poder controle al poder”. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se debe realizar mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases establecidas en la propia Constitución y en las leyes secundarias. Así pues, todo el edificio institucional tiene su cimiento en el voto libre y auténtico, no falsificado, condicionado ni, mucho menos, comprado de los ciudadanos, quienes haciendo uso de su libertad de asociación son libres para formar partidos políticos y, mediante su competencia bajo condiciones equitativas, resolver el principal problema de las repúblicas: escoger a quienes deben estar al frente de las instituciones públicas y detentar las riendas de los poderes creados por el pueblo para su bienestar.
El mayor problema de los mexicanos es que hemos permitido o propiciado la erosión grave de los cimientos de nuestra democracia y, en consecuencia, las instituciones ya no cumplen las funciones para las que fueron creadas y, por el contrario, han sido capturadas por diversos intereses privados y propician la continua degradación de las relaciones indispensables para que todos los mexicanos disfruten de una vida digna y, lo que es peor, han conducido a una gran proporción de los mexicanos a adoptar una actitud de indiferencia que raya en la temeridad, pues los problemas que sufrimos son tan graves que esa conducta es equivalente a la de los pasajeros de un barco que hace agua por todas partes mientras que ellos se mantienen entretenidos viendo televisión.
En Zacatecas estamos viviendo días especiales porque los miles de afiliados a los distintos partidos políticos serán testigos y víctimas inermes del mayor desprecio a sus derechos políticos por parte de las cúpulas nacionales de sus partidos que en cualquier momento designarán, con justificaciones más o menos elaboradas, a sus candidatos a gobernador y a los otros cargos en juego en el proceso electoral local en marcha en nuestra entidad. Y también registrarán plataformas sacadas de la manga, no discutidas por nadie, que terminarán como parte de la basura remanente del proceso. Las distintas imposiciones causarán la irritación de los principales protagonistas agraviados, pero no se avizoran respuestas masivas exigiendo la participación democrática de los afiliados. De esa circunstancia lamentable se desprenden conductas irresponsables de los agraciados con la imposición que entienden, aunque no lo digan, que deben su lealtad a las cúpulas que los designaron, y no a las bases militantes de su partido y, mucho menos, al resto del cuerpo electoral.
Ante esa realidad lamentable, esperemos que la sociedad civil zacatecana tenga la creatividad indispensable para obligar a los contendientes a estudiar y debatir nuestros problemas públicos, y a comprometerse con soluciones viables para los mismos.
