El Congreso de la Unión aprobó la legislación secundaria en materia energética. Se trata de una reforma impuesta con el respaldo de una propaganda oficial que oculta lo medular de múltiples afectaciones para nuestra seguridad energética, pero ofrece bajar las tarifas de gasolina, gas y luz eléctrica, a sabiendas de que ello no ocurrirá, pues al mismo tiempo se planea eliminar los subsidios.
Han creado un nuevo modelo de apertura económica total del sector a inversionistas extranjeros, mediante contratos y licencias que carecen de mecanismos de transparencia y protección para la nación. Se compartirán las ganancias de la explotación de los hidrocarburos con las corporaciones transnacionales, sin plazos ni límites mínimos al porcentaje de dichas utilidades. Un nuevo modelo muy alejado de una política energética integral orientada hacia el desarrollo humano sustentable, que impulsara en serio la utilización de fuentes de energía renovables y mayores compromisos y metas de protección al medio ambiente frente al fenómeno del calentamiento global; se vuelve a postergar el desarrollo de las energías renovables y se abrió la puerta a una de las técnicas extractivas más depredadoras del medio ambiente: la fractura hidráulica, conocida como fracking, para la explotación del gas de esquisto o “shale”.
Como ejemplo de la desverguenza se recordará la defensa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la legalización del fracking en nuestro país, con lo que se convierte en el único partido verde en el mundo que la defiende. No hay duda de las delicadas implicaciones ambientales que conllevará esa técnica, pues no sólo implica el uso intensivo de agua (se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo), sino también su contaminación y la del aire (la técnica supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera), así como la contribución directa al cambio climático.
Las preocupaciones que despierta la legislación secundaria aprobada no sólo tienen que ver con el impacto ambiental; son también significativas las ausencias de medidas efectivas de combate a la corrupción. Es totalmente cuestionable que en un tema de trascendencia e impacto nacional no se establezcan los más altos estándares en estas materias y muy por el contrario se contribuya a la opacidad. La Ley de Petróleos Mexicanos prescribe que si bien Pemex estará administrada por un director general y un consejo de administración, los miembros del consejo serán designados por el Ejecutivo federal sin participación del Legislativo, además de crear un régimen especial de responsabilidades en manos de un sistema de control interno de la empresa, lo que propiciará un retroceso en el esquema de rendición de cuentas.
Una cesión mayor de los legisladores al Poder Ejecutivo se contiene en el artículo 2 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, que cataloga a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía como simples dependencias del Poder Ejecutivo. La necesidad de órganos reguladores fuertes, autónomos, con capacidad para desarrollar, administrar, supervisar y sancionar la industria eléctrica y la producción de hidrocarburos, quedó en el olvido. Como si la historia y la experiencia reciente no nos diera suficientes ejemplos de la enorme corrupción que brota de las asignaciones de contratos multimillonarios, que quedan, al final del día en la discrecionalidad política del Presidente de la República.
