Vivimos muchos años de gobiernos hegemónicos, donde los derechos siempre se negociaron, y eran administrados por el Estado a través de distintos grupos sociales, o corporaciones que eran las clientelas del Estado. En ese régimen, el individuo no era ciudadano con derechos, era cliente de un sistema donde los derechos se negociaban.
Este sistema funcionó, hasta el punto de volverse insostenible, debido a la baja recaudación del Estado y a las crecientes demandas sociales. Con la democratización del régimen político, la democracia mexicana comenzó con deficiencias de ciudadanía, porque el concepto en la sociedad nunca se desarrolló a plenitud.
Hoy queda muy claro que ya no es posible regresar al corporativismo del pasado, pero que tampoco se ha logrado la ciudadanía que se requiere para que evolucionemos todos juntos; lamentablemente no tenemos alternativa de sistema, el sistema mismo ha sido incapaz de desarrollar respuestas para superar las crisis, con reformas insuficientes para lograr un mejor funcionamiento; el propio sistema no es capaz de retroalimentar la labor institucional, por lo que tiene que esperar a cada elección y en cada elección pareciera que se vota a manera de referéndum del gobierno en turno, sin importar del todo, el proyecto prospectivo que va por delante.
El futuro de la democracia en el gobierno, en el proceso de gobernar está en riesgo, se requiere gobernar en estilo de Gobernanza. Eso implica, involucrar más actores al Estado, más ideas que las que tiene el Estado y más recursos económicos de los que dispone el Estado, y entre todos, mejorar la capacidad directiva en la conducción de la sociedad.
Ante todo ello, en pasados días, legisladores locales de las fracciones del PRI-Verde-Panal, desarrollaron su Primera Plenaria para organizar la agenda Legislativa del próximo periodo. Fue allí donde el Ejecutivo del Estado, partiendo del principio de la división de poderes y de la urgencia de ser corresponsables del Desarrollo de la Entidad, donde se expuso una serie de propuestas, de las que destacaré la Ley de Planeación del Desarrollo del Estado y Municipios de Zacatecas, así como la de Asociaciones Público – Privadas.
La primera se justifica porque los procesos planificadores del desarrollo requieren de instrumentos novedosos y objetivos que permitan una programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de toda actividad gubernativa y sus impactos en la sociedad; la ley vigente, así como su reglamento presentan una serie de inconsistencias que limitan la implementación del proceso planificador a las instituciones responsables de su instrumentación; existen contradicciones significativas en órganos y figuras de planeación con otros ordenamientos jurídicos como la Ley Orgánica del Municipio; en ausencia de una ley estatal de información se tiene que normar con criterios y rigurosidad metodológica la generación de registros administrativos, estadísticas, indicadores e información geográfica; pero sobre todo en la necesidad de la construcción de ciudadanía y de la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en los procesos de planeación para el desarrollo, entre algunos otros argumentos importantes.
En esta propuesta se concibe a la planeación como un mecanismos coordinado y de concertación; se reconoce la importancia de la participación específica de las dependencias, por ello en función de competencias y atribución se pondera una mayor participación de determinadas dependencias en los distintos sistemas; se define la participación de Sefin, Sinfra, Sedesol y Sezac en materia de inversión pública, y la participación de Seduvot, SAMA, Sedesol, en materia de Desarrollo regional; se fortalece la participación de la sociedad en los procesos de planeación a través del Consejo de Planeación con tareas consultivas y de apoyo; y se deja en claro el sistema estatal de evaluación.
La Ley de Asociaciones Público –Privadas, cobra relevancia ante las vicisitudes económicas por las que atraviesa el Estado y la urgencia de responder a la exigencia ciudadana no sólo con obras y servicios básicos, sino con proyectos a gran escala que requieren cuantiosas inversiones que por su dimensión rebasan la capacidad financiera del estado. Para ello, es necesario que el gobierno logre desarrollar proyectos de inversión de forma conjunta con el sector privado, en obras que permitan mayor grado de desarrollo para el Estado y bienestar para los ciudadanos.
Por consiguiente, el Gobierno del Estado debe proponer proyectos de infraestructura para el desarrollo y que incluyen inversiones en materia de salud, infraestructura carretera, desarrollo agropecuario, infraestructura industrial e hídrica, educación, vivienda, entre otros rubros. Por lo tanto es necesario visualizar escenarios posibles y buscar esquemas de financiamiento para no detener el progreso del Estado.
En tal virtud, se hace indispensable adecuar la legislación vigente en materia de la participación del sector privado en proyectos de inversión de interés público, para dar lugar a una mayor apertura a la modalidad de inversiones mediante ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, el cual es un modelo que ya se ha implementado con éxito en diferentes países, e incluso ya se tiene experiencia a nivel federal, así como en entidades y municipios del país, y que han mostrado ser una alternativa viable para inversiones públicas productivas.
Ante la nueva realidad, se requieren nuevas estrategias, las dos propuestas involucran más actores, más recursos e iniciativas que las que dispones el Estado, con la participación cotidiana de la sociedad a través de un proceso de gobierno abierto que no haga esperar hasta que llegue la elección, permitirá al sistema democrático retroalimentarse y permitirá al estado hacer inversiones que rebasen su capacidad financiera; eso es gobernar en estilo de Gobernanza, la tendencia en el mundo apunta en esa dirección, no hay tiempo que perder. ■
*Coordinador Estatal de Planeación
