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Indudablemente, la política migratoria emprendida por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, tendrá efectos negativos para nuestro país: 1.- La feroz persecución y deportación de mexicanos indocumentados, a quienes se les atribuye, sin haber sido juzgados legalmente, la autoría de todo tipo de delitos. 2.- La renuencia de muchos de ellos para regresar a sus lugares de origen. 3.- La deportación de personas con nacionalidad diferente a la mexicana. 4.- Serán más extremos los problemas, sobre todo en inseguridad, desempleo, pobreza, educación y Salud. 5.- Se incrementará la población de jóvenes que carecen de oportunidades para estudiar y para trabajar (ninis). 6.- Grandes sectores de esas personas se convertirán en el blanco de la delincuencia organizada.
¿Qué hará el gobierno de Peña Nieto ante estos problemas? Es difícil dar una respuesta. Sin embargo, ya puso en marcha una “gran idea” para hacer frente al problema educativo, que se avecina con la deportación de estudiantes mexicanos indocumentados:
Presentó ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, mediante la cual se agilizan los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, con el propósito de atender a los mexicanos que serán deportados de Estados Unidos.
¿?
Tal iniciativa es de trámite preferente.
Significa que el día de la apertura de cada periodo de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen, en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones señaladas.
Hace un mes, el primero de febrero, dio inicio el segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, en su oportunidad, Peña Nieto, con la facultad que le asiste según el artículo 71 de la CPEUM, presentó la iniciativa de reforma educativa en materia de revalidación de estudios. La Cámara de origen fue la de Senadores. Misma que discutió y aprobó con algunos cambios el dictamen.
Veamos:
La Cámara de Senadores, se encuentra integrada por 128 miembros. Para iniciar las sesiones, es indispensable un quórum de más de la mitad de ellos.
Al discutir la iniciativa de trámite preferente, se contó con un quórum de 108 miembros. Se aprobó la reforma por 107 votos y sólo uno fue en contra, el del senador Manuel Bartlett, coordinador también del PT. Su argumento: explicó que el Estado Mexicano pierde facultades “al pretender que los particulares se encarguen materialmente de la revalidación; implica ir más allá del artículo tercero constitucional, en detrimento de las funciones públicas, ya que se permite que las universidades privadas autoricen la validación de estudios en la educación superior, es decir se privatiza el procedimiento de validación o convalidación de estudios”.
Ya aprobada la iniciativa en la Cámara de Senadores, se encuentra ahora en la de Diputados integrada por 500 miembros, y que se ha convertido en Cámara revisora. Será en ella, donde habrá de llevarse a cabo el mismo procedimiento que en la de origen, siempre que exista un quórum legal, que en este caso deben ser 251 diputados los que asistan para dar inicio a la sesión, en la cual, se dará la discusión y votación que corresponda.
No comparto la iniciativa preferente comentada. Considero que lesiona derechos de los mexicanos radicados aquí, en el territorio nacional. Existen millones de jóvenes que, pese a las necesidades por las que atraviesan sus familias, se mantienen firmes, y son perseverantes en sus estudios, desde el nivel pre escolar hasta el doctorado y post grados. Millones de profesionistas mexicanos, radicados en su tierra, que han logrado con esfuerzo, escalar su trayectoria y poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Millones de jóvenes que se han formado en las Universidades públicas y privadas del país, que integrados a ellas se desempeñan como docentes y prestan sus servicios a la enseñanza, o han rendido frutos en el campo de la investigación.
Muchos deben sortear todas las vicisitudes que implica la tramitación burocrática de sus documentos que avalan sus estudios correspondientes, desde la preparación de sus exámenes profesionales, hasta la expedición de títulos, y expedición de cédulas profesionales. Muchos profesionistas, también se esmeran en obtener periódicamente su certificación.
Hay también, según palabras del Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 7 millones de jóvenes entre 18 y 22 años que están fuera de la educación superior (La Jornada. Jueves 2 de marzo 2017. Pág.13).
Urge atenderg este problema. Tomar en cuenta primero a los mexicanos.
¡No a la iniciativa preferente! ■
