Abrir la política social a criterios de asignación discrecionales, es un retroceso de décadas en materia de política pública. La publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 justo destraba esa puerta que se cerró originalmente en 1998, cuando se obligó, por vez primera, a que los programas con impacto social definieran reglas de operación.
A partir de entonces, todas las dependencias quedaron sujetas a la publicación anual, dentro del Diario Oficial de la Federación, de los lineamientos y normas que darían estructura y validación. Todo con la finalidad de hacer más transparente y eficaz la asignación del gasto.
La oposición influyó en ese esquema de reorientación de la política pública, y lograron que en el año 2000 se estableciera, de manera expresa, un listado de programas sujetos a Reglas de Operación, entre cuyos requisitos debían constar los criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios de cada programa.
Efectivamente, en muchos casos las reglas de operación dejaron lagunas apenas perceptibles para distribuir ilícitamente los apoyos sociales. Sin embargo, las instituciones tenían un marco de referencia y fiscalización como medida de control del gasto público.
Crearon reglas precisamente para evitar el monopolio arbitrario de la distribución de recursos, especialmente en programas que tenían como razón de ser el combate a la marginación. ¿Por qué? Porque la pobreza es un fuerte adhesivo de clientelas electorales que viven gracias a los subsidios que otorgan los gobiernos en turno.
Hoy, no obstante, las reglas fueron relegadas a un peligroso segundo plano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca salvar una de las disposiciones esenciales en la política asistencialista mexicana: el papel preponderante que juegan los municipios como “principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social…” según la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 17.
El resto del texto dispone, claramente: “de acuerdo con las reglas de operación que para efecto emita el Ejecutivo”. Es cierto también que el artículo 43 de la misma Ley previene que “en el año que inicie una nueva Administración del Ejecutivo Federal” el gobierno tendrá que publicar las reglas de operación, a más tardar, el primer bimestre de ese año, o sea, el 28 de febrero.
“Nada ni nadie por encima de la ley”. Fue una de las prédicas que más evocó López Obrador en su discurso inaugural, el pasado 1 de diciembre. En contraste, el día de ayer adelantó ante los medios de comunicación que el próximo viernes iniciaría la entrega de apoyos sociales para adultos mayores y personas con discapacidad, programas que aún no publican sus respectivas reglas de operación.
Para completar el escenario de incongruencias, el pasado 27 de diciembre durante la reunión de Andrés Manuel con los 32 Delegados de Programas de Desarrollo, el presidente puso el dedo en la llaga del lento avance que registraba el Censo de Bienestar en las entidades del país, con el cual se nutren los nuevos padrones de los programas sociales prioritarios.
El promedio nacional, según la información ofrecida por los delegados de Jalisco y Baja California, rondaría en el 50% de hogares censados hacia finales de diciembre. El compromiso entonces fue concluir, en un mes, un proyecto que de septiembre a diciembre apenas pudieron avanzar a la mitad.
La urgencia: comenzar la derrama de recursos que ya fueron presupuestados para cada mes de este 2019, no importando que no se distribuya en su totalidad. Claro, pasamos por alto el hecho de que el Gobierno Federal utilizara una estructura partidista paralela para realizar un censo en hogares, tarea que correspondería al Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es otro ejemplo. Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 9 de noviembre presentó las reglas de operación que días más tarde la Iniciativa Privada calificó como poco claras.
La Confederación Patronal de la República Mexicana no sólo encontró un programa social que se caracterizaba por sus distintos “costos ocultos”, como dijeron diez días más tarde, además permanecían a la espera de “reglas muy claras para que las empresas tengan la certeza de que todo esté bien regulado”.
Las reglas de operación del subsecretario tampoco fueron incluidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos, ni fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. ¿Nada ni nadie por encima de la ley? El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que depende de las empresas, encontrará resistencia entre la iniciativa privada por falta de claridad en su ejercicio real.
Para el Crédito Ganadero a la Palabra las cosas no son muy distintas, salvo que dos legisladores zacatecanos son corresponsables de la falta de reglas de operación de 4 mil millones de pesos. Mirna Zabeida Maldonado Tapia y José Narro Céspedes, integrantes de las respectivas comisiones de ganadería, no son el contrapeso de David Monreal Ávila que dijeron ser. ■
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