“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa”.
Montesquieu
El gobierno de AMLO sigue su paso devastando al neoliberalismo; en tan solo 13 días del nuevo gobierno, los cambios abruptos se han venido concretando y a su vez planteado para lograr la meta de la idea de Nación que tiene López Obrador. El primer mensaje de los cambios radicales que darán significado a este nuevo gobierno, inicio con la polémica decisión de cancelar el NAICM; juicio que al día de hoy, le ha generado al presidente un dolor de cabeza que difícilmente logra quitarse a lo largo de su sexenio; pues las consecuencias de su mal criterio, evidencian lo caro que le saldrá a su gobierno y lo caro que le saldrá al país haber tirado a la basura tan magna obra. Pero no solo este tema tiene en el ojo del huracán al presidente de México; temas como la Guardia Nacional, la fiscalía carnal, la derogación de la Reforma Educativa. La ley Taibo, las reformas a la Constitución, el tren Maya, los programas sociales, entre otros temas más; están cada vez alejando más a la llamada reconciliación nacional y están cada vez más cerca que temas como estos, hagan de AMLO y su gobierno un verdadero pandemónium. Por si fuera poco, ahora el nuevo gobierno mediante el poder ejecutivo se enfrenta a una dura guerra, pues el rival a vencer, es nada más ni nada menos que uno de los tres poderes que conforman nuestro sistema de gobierno republicano y democrático, como es el poder judicial.
Todo inicio tras el anuncio que hiciera el presidente AMLO, de que los salarios de los ministros y magistrados eran un insulto al pueblo de México y que en su gobierno se acabarían los altísimos privilegios. En el primer round de esta pelea; el presidente Obrador afirmo que había ministros que ganaban la exorbitante cantidad de 600 mil pesos al mes, a lo cual la respuesta inmediata por parte de la SCJN que no se hizo esperar, desmintió vía redes sociales la aseveración pública que había hecho el presidente, luego de que la Suprema Corte ordenó suspender la aplicación de esta ley. El problema de la ley de remuneraciones, es que quiere cortar de tajo lo que se necesita cortar con delicadeza. El pasado 6 de noviembre, entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dentro de esta ley, su contenido reproduce lo que dice el artículo 127 de la Constitución: “nadie puede ganar más que el presidente o su superior jerárquico”. Lo grave del asunto es que esta ley contiene disposiciones que afectan los derechos laborales de todos y no solo lo de los altos funcionarios, olvidaron quien diseño la ley que el concepto de servidores públicos incluye mucho más que la alta burocracia.
Tras los dimes y diretes entre el ejecutivo y el judicial, el debate y la discusión expandieron el terreno de la controversia a tal grado que se han iniciado denuncias informales a través de medios de comunicación, de lo putrefacto que se encuentra la conformación de nuestro sistema de justicia. Por ejemplo el nepotismo que se ha fomentado y gozado a través de décadas en el Poder Judicial; familias enteras colocadas, y no por méritos, en la estructura del Poder Judicial Federal. El día de ayer por el noticiero de Denisse Maerker, se revelo una investigación hecha en el 2017, que reveló que más del 50 por ciento de los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal tenían a por lo menos un familiar trabajando en la judicatura. En un caso en especial, ubicaron en el Estado de Durango uno de los casos más representativos, un magistrado con una red de 17 familiares contratados en el Poder Judicial Federal. Se trata del magistrado Héctor Flores Guerrero, que labora en el Poder Judicial Federal en Durango y se identificaron a 14 familiares suyos en puestos de secretarios, actuarios, administrativos, oficiales o asesores jurídicos. Todos ellos son parientes de sangre o políticos y trabajan en el Distrito Vigésimo Quinto del Poder Judicial de la Federación, en Durango.
Otro caso más revelado a través de las redes sociales y sobre todo gracias a la controversia de la ley de remuneraciones, es el del llamado “Lord Ministro”. Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, magistrado del circuito del tercer tribunal unitario del séptimo circuito de Veracruz desde 2015. Este personaje denunciado a través de las redes sociales por sus múltiples y polémicas publicaciones, donde muestran los extravagantes y exclusivos gustos para gastar su dinero. Entre carros, botellas, relojes, habanos exóticos, el ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas iniciar una pesquisa para esclarecer la consistencia entre los ingresos de Serrano Ruiz y su situación patrimonial.
Para finalizar:
El choque entre los dos poderes es una realidad; tras la suspensión que hizo la SCJN sobre la ley de remuneraciones, el ejecutivo hizo evidente su molestia y cancelo su asistencia a la ya tradicional comida con los ministros. Estoy seguro que ni AMLO imagino un inicio tan complejo como el que está teniendo en su sexenio. El primer capítulo contra los ministros Amlo lo perdió; pero lo que si gano, fue hacer de conocimiento de la nación, lo desproporcionado e injusto que es el salario de un ministro de la nación. Mientras alrededor de todo el territorio nacional, millones de mexicanos ganan $88.36 pesos diarios, los encargados de la justicia se llevan alrededor de 17 mil pesos al día. Aunque voy en contra de mal abaratar la profesión; quizá sea tiempo para que los ministros reflexionen sobre disminuir esas grandes brechas de desigualdad y se haga justicia no solo al gremio de la justicia, sino a todo el pueblo de México.
