- Guzmán debería pensar en otras formas para que la Federación apoye con fondos extraordinarios, dice
- Nunca se había recurrido a despedir trabajadores y cerrar planteles, señala ex rector
La rescisión de contrato de varios trabajadores del sector académico y el cierre de algunos planteles de preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para concentrarlos en la capital y zona conurbada son medidas “simplistas” y “arbitrarias” de la administración actual para eficientar los recursos, opinó el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay.
“Yo siento que estas medidas son las más simplistas. Me parece que los universitarios deberíamos tener la inteligencia, opciones y alternativas más consecuentes con lo que somos y cada acción debe tener un sustento y un objetivo”, expresó.
Respecto a la existencia de un acuerdo entre el Gobierno Federal y la UAZ para aplicar esas medidas, indicó que la federación nunca ha querido asumir el compromiso que tiene con la educación y busca la manera de presionar a las instituciones para implementar alguna política.
“Cuando yo fui rector, lo único que alguna autoridad federal, no de primer nivel, me quiso presionar para que aumentara las colegiaturas, cerrara los comedores y las casas de estudiantes. Eso fue lo que en una ocasión una autoridad de bajo rango me planteó para podernos ayudar, cosa a la que nuestra respuesta fue negativa”, expuso.
Sin embargo, en este momento “puede ser que por la crisis que estamos viviendo ahorita, sea una de las acciones que quieran asumir. Pero sea pedida por el gobierno o iniciativa de nuestro rector, son inadecuadas. Si es una exigencia del Gobierno Federal, el rector debería llamarnos a nosotros para ver cómo lo enfrentamos o para ver si las aceptamos, y si es iniciativa del rector, entonces es más grave”.
Domínguez Garay mencionó el tema de la rescisión de 18 trabajadores y cuestionó que la causal en uno de los casos sea que ha dicho apodos al rector y otros universitarios: eso es más grave y es atentar contra un principio en una universidad que se dice autónoma y democrática. Despedir a alguien porque ofende al rector con sus motes es atentar contra el principio de la libertad de expresión”.
La rescisión de Rolando Alvarado Flores, sentenció el ex rector, es una muestra de intolerancia de parte de la actual administración central y eso es algo que no puede ser tolerable al interior de la UAZ.
Aseguró que la Rectoría pretende rescindir a más personas, además de los 18 ya anunciados, y eso “lo tienen proyectado y buscan los momentos de hacerlo. Son muchos más y esta sería la cuarta parte de lo que pretenden hacer para lograr tener contento al Gobierno Federal”.
La rescisión de personal y el cierre de preparatorias, entonces, “son medidas que no comparto porque cualquier definición debe tener un sustento para realizarla. Además, este sustento de realizar las acciones que se considere, debe partir de una evaluación sobre el papel que debe cubrir la Universidad”.
Si al evaluar esa función que tiene la institución no se justifican espacios y trabajadores, “me parece que está más que adecuado hacerlas”, pero en este caso “lo que yo sé es que no existe eso o cuando menos no lo conozco y por lo tanto no comparto tales decisiones”, puntualizó Domínguez Garay.
Comentó que esas medidas se están implementando con el objetivo de ahorrar dinero, debido al déficit presupuestal, pero señaló que no es la función de la universidad “tratar de sacar el dinero que no tiene, lastimando universitarios y programas”.
En ese sentido, la Universidad nunca ha tenido los recursos suficientes para su operación y todos los rectores han buscado la manera de resolver la falta de recursos, pero nunca se había recurrido a despedir trabajadores y cerrar planteles. “Que yo recuerde, nadie por principio y por acción lo había hecho”.
Desde su punto de vista, la actual Rectoría no cuenta con un diagnóstico discutido por los universitarios y por lo tanto “hacen estas acciones arbitrarias que afectan a compañeros que no tienen la culpa de la ausencia de recursos económicos para la Universidad”.
Sobre el cierre de varios planteles de preparatoria ubicados en municipios, para concentrarlos en la capital del estado, recordó que la descentralización de la Universidad tuvo propósitos genuinos, y si en su momento parte de la comunidad universitaria no compartió esa decisión en su momento, permitió que los jóvenes tuvieran más opciones para estudiar y ahorrar recursos a las familias.
“El hecho de llevarles un programa a sus municipios les ahorra a los padres, porque al venir a Zacatecas hay que pagar hospedaje, alimentación y traslado. Pero si en su municipio hay oferta educativa de la Universidad, se ahorra esos recursos”.
Además, explicó que el hecho de que los jóvenes puedan acceder a la educación en sus municipios genera una mayor cohesión familiar e impulsa el desarrollo de los propios municipios y comunidades.
Domínguez Garay afirmó incluso que una de las causas por las cuales no se podía resolver el problema de la inseguridad, es que los municipios no hacen la parte que les corresponde, por lo que llevar educación “ayuda de manera importante a disminuir los índices de inseguridad”.
Entonces “la Universidad no puede estar pensando si tiene o no dinero. Claro que hay que usar transparentemente el recurso, pero esa no puede ser la base para determinar si cumple o no sus funciones”.
Consideró que el rector debería pensar en otras formas para lograr que el Gobierno Federal apoye con recursos extraordinarios, pero no con medidas simples como las que ha implementado recientemente.
Suponiendo que sea real el argumento de la Rectoría, que en esos planteles no hay demanda, dijo que se incurrió en el error de no consolidar esos espacios y se debieron generar las condiciones necesarias para que hubiese demanda.
