En general, la cuestión de la independencia del Poder Judicial, en todos sus componentes, es vital para la sana vida política y la propia garantía de impartición de justicia. A los órganos de este poder les toca hacerla de árbitros, tanto entre particulares como entre los otros poderes. Así las cosas, es muy claro que sin independencia no hay imparcialidad; o en otras palabras: con un poder dependiente los casos de relevancia estarán invariablemente partidizados, y con ello, el principio de toda autoridad jurisdiccional, a saber, su sometimiento a la ley, queda hecho ceniza. La partidización en la composición y en el funcionamiento de los tribunales es la manera más cruda de distorsionar su misión.
Hay diferentes tipos de independencia que se deben garantizar. La personal, que busca que jueces y magistrados estén libres de presiones que orienten sus decisiones; la colectiva, que demanda que el conjunto de la judicatura mantenga su autonomía frente a los otros poderes; y la independencia interna, que cuida al juez de la propia estructura del Poder Judicial. Aquí nos referimos sobre todo a las dos primeras. Pues bien, una fuente de violación de la autonomía del Poder Judicial, (que partidiza su acción) es la supresión de la independencia personal a partir del mecanismo de selección y nombramiento de los magistrados: el hecho de que el Legislativo (en manos del Ejecutivo) analice una terna elaborada por el gobernador, significa que los magistrados en los hechos son designados por el gobernador. Luego entonces, no hay autonomía del Poder Judicial por culpa de la destrucción de la independencia personal. Se tendría que cambiar el mecanismo de selección de magistrados para construir un Poder Judicial autónomo. En otros países los puestos clave de este poder son electos. Aquí deberíamos pensar en una reforma para encontrar un mecanismo de nombramiento que abone a la separación efectiva de poderes. Como la raíz de este vicio es el exacerbado presidencialismo reproducido en los diferentes órdenes de gobierno, debemos pensar en formatos semi-parlamentarios para integrar los puestos clave del Poder Judicial.
Y no sólo se trata de la separación entre los poderes. Es una realidad que padecemos en todos los organismos “autónomos”: el Instituto Electoral (nacional y del estado) y la Comisión de Derechos Humanos (nacional y del estado). No es sano bajo ninguna circunstancia, que el Poder Ejecutivo tenga un poder tan excesivo. Mata las mejores virtudes institucionales por las cuales fueron creados estos órganos. En Derechos Humanos observamos la ominosa omisión que perpetúa la impunidad: no se vigilan ni se promueven realmente los derechos humanos en su integridad. Y en los órganos electorales vivimos el intento de detener a las candidaturas independientes, ¿recuerdan a Doña Catalina? En suma, se requieren sendas reformas a los mecanismos de integración no sólo de magistrados, sino de todos los órganos, que por su esencia, deben ser autónomos. Sin dicha autonomía, la partidización y la corrupción seguirán siendo el pan nuestro de cada día.
