■ “Pretenden meternos al bote”, señala líder de los trabajadores rescindidos
■ Gobierno ha brindado apoyos a la empresa por 4.2 mdp para capacitación laboral
Deja “mucho qué desear” el que una empresa que despide de manera injustificada a alrededor de 130 personas 100 por ciento capacitadas, reciba del gobierno a través del Servicio Nacional de Empleo recursos por 4.2 millones de pesos para capacitación, dijo Omar Torres Robles, representante de la dirigencia sindical disidente a la priísta CROC, esta última con quien celebró Triumph Group México el Contrato Colectivo de Trabajo al asentarse en territorio zacatecano.
Luego de un conflicto laboral que se ha extendido desde octubre de 2014 a lo que va del 2015, alrededor de 35 trabajadores de los 130, cuyo contrato fue rescindido por reclamar derechos laborales como el de la libre asociación, fueron demandados penalmente por la empresa de partes e insumos para la aeronáutica de capital estadounidense, a la par que celebraban mesas de negociación en las que intervino Gobierno del Estado y autoridades federales en materia laboral.
Torres Robles definió lo ocurrido como una “burla brutal” por parte de los directivos del consorcio, pues señala, violaron la Ley Federal del Trabajo, los acuerdos a que se había llegado con los trabajadores en vía extrajudicial y -que lo comprometían a no despedir más trabajadores-, y no conformes, “pretenden meternos al bote”.
Fue el 25 de mayo, cuando los trabajadores iniciaron su segundo paro, que el representante legal de Triumph Group México, Omar Andrade Ochoa, interpuso un recurso legal en contra de alrededor de 15 de ellos en que la empresa alega afectaciones y privación ilegal de la libertad, “cuando no hubo absolutamente nada de eso, el que quiso entró y salió”, dijo por su parte Omar Torres.
Ese día, a las 6 de la mañana, patrullas de la Policía Estatal y Municipal hicieron presencia realizando un cerco en torno a las instalaciones de la maquiladora para impedir el acceso a los trabajadores paristas, y presuntamente, salvaguardar la integridad física de las personas involucradas en el conflicto.
La presencia policiaca, con menos elementos que las nueve unidades iniciales, se mantuvo durante los 10 días que duró la acción de los inconformes.
El segundo paro buscaba de manera primordial, al igual que el primero, realizado el 31 de marzo de este año, la reinstalación de trabajadores, algunos que ya sumaban hasta tres años de antigüedad en la empresa, y que habían sido despedidos escalonadamente desde octubre de 2014, han dicho, en represalia por su activismo en defensa de derechos laborales.
Entre las fechas de ambos eventos se celebraron varias reuniones con mediación de autoridades de Gobierno del Estado y la Federación, que han denunciado, sirvieron sólo para que los disidentes fueran identificados por la patronal a fin de ser despedidos en grupos, el más copioso y reciente, implicó a 95 personas y ocurrió el pasado 15 de junio, día en que también se celebró la última de las reuniones que presuntamente buscaban la conciliación extrajudicial de las partes.
El encuentro realizado en un hotel de la capital del estado, -ya no en instalaciones de Ciudad Administrativa como había sido la regularidad-, habría contado con la presencia del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien incluso habría hecho la observación a la representación de la empresa estadounidense de que los finiquitos eran incorrectos porque no incluían el pago de los días del paro, precisó Omar Torres Robles.
“Nos cambiaron la sede a última instancia, y allí ya les informaron a una comisión de trabajadores que a ninguno se le iba a reinstalar y que todos estaban despedidos y que estaban listos los finiquitos”, explicó.
De esta manera algunos trabajadores decidieron no aceptar el dinero que en ese momento se les entregaba y acudir ante las autoridades para interponer demandas laborales, estos son los mismos dice, que luego supieron, también habían sido denunciados por la empresa, en una ampliación de la demanda penal realizada luego del 25 de mayo.
Al respecto comentó Torres Robles, agentes del Ministerio Público “han visitado en sus domicilios a los ex trabajadores para preguntarles datos. Están utilizando al MP para amedrentar y asustar a unos trabajadores que lo único que hacían era defender sus derechos laborales. Es un conflicto meramente obrero-patronal, pero la empresa está muy molesta porque se ventilaron muchas violaciones y quiere desquitarse con la gente”, observó.
“Al final la empresa se cerró, manifestó su postura y las mesas de diálogo solamente fueron para dar largas (…) ya era plan con maña, todas las mesas de diálogo y las negociaciones (…) Ahora nos sorprende mucho que Gobierno del Estado a sabiendas de toda la situación, los está apoyando con 4.2 millones de pesos para capacitar a gente allí, porque sabemos que toda la gente de experiencia está fuera”.
El pasado 27 de agosto fue informado en medios locales que en la presente administración de Gobierno del Estado, desde 2010, ha ejercido 4.2 millones de pesos “en la modalidad de capacitación mixta para la empresa Triumph Group México”.
Martín Gerardo Luna Tumoine, titular del SNE en Zacatecas, precisó que “la capacitación es para empleados de nuevo ingreso y consiste en fortalecer las habilidades de los buscadores de empleo y así facilitar su colocación en las empresas”.
En representación del consorcio, su gerente de Recursos Humanos, Juan Cepeda García, agradeció los apoyos que han significado 52 cursos de capacitación mixta y reiteró a las autoridades “el compromiso de sumar esfuerzos para al desarrollo estatal”.
Recuento: Los trabajadores de la planta de Calera de Víctor Rosales de Triumph Group México se inconformaron el año anterior con la representación sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) por su inactividad en defensa de sus intereses laborales, pues en cinco años, dijeron, la filial priísta no ha promovido una revisión salarial ni el reparto de utilidades con apego a la ley.
A las omisiones se ha sumado su alianza con la empresa para respaldar más violaciones a derechos laborales y humanos. Eso habría detonado el que iniciaran su organización para buscar otra representación sindical, según han denunciado.
La Jornada Zacatecas, que ha dado seguimiento a este conflicto obrero-patronal buscó el pasado primero de septiembre a Gabriel Gallardo Esquer, gerente general de Triumph Group México, u otro directivo de la empresa, para que ofreciera su versión de los hechos.
El medio propuso un enlace telefónico de ser posible al momento, pero manifestó también su disposición para acudir a una cita que propusiera la representación de la empresa.
La respuesta de la asistente de Gallardo Esquer fue, luego de consultar con la persona, que de momento no era posible ofrecer una declaración, y que no tenía una fecha posterior para ello.
