Lo que entendemos por régimen de rendición de cuentas (RRC), implica la práctica no sólo de informar, sino de justificar las acciones de gobierno, y para eso se crean órganos del propio Estado para que esto pueda ocurrir. A estos órganos que se encargan de controlar al mismo Estado, se les llama RRC horizontal. Pues bien, todos estos esquemas de RRC no han funcionado, sus objetivos y metas están hechos un vacío lleno de humo. La Ley no se cumple, los funcionarios se nombran en connivencia con los vigilados y la ciudadanía no está enterada de nada. Si preguntamos a cualquier ciudadano de cualquier municipio a cuánto asciende el presupuesto que ejerce su gobierno local, ¡nadie sabe responder esa elemental información! Pero justo: las estructuras horizontales de RRC no informan ni difunden, en ellas queda toda la acción de control. Por ello, ante el fracaso absoluto de dichas estructuras, debemos pensar en otros esquemas de RRC: la rendición vertical y diagonal.
La RRC vertical es la que establece las relaciones de control de la sociedad hacia el Estado. De unos años para acá ha avanzado la idea de replantear el debate sobre la rendición de cuentas, incorporando a la ciudadanía como actor relevante del proceso, creando nuevas modalidades de interacción entre autoridades y ciudadanos a fin de controlar el poder público. Y aún más allá está la llamada RRC diagonal: la posibilidad de que la sociedad civil participe directamente dentro de los mecanismos existentes en las propias instituciones de gobierno.
Sin embargo, hay una serie de inercias que obstaculizan ese cambio sustancial en la interacción de sociedad y gobierno. Hasta ahora lo más que se ha logrado es cierto intercambio de información y formas de interacción no vinculantes. Pero los mecanismos de gestión conjunta está aún muy lejos de tomarse en serio por la clase política; y la sociedad civil se muestra poco exigente en este tema. Sin embargo, el control democrático puede ir avanzando paulatinamente e integrar esta cuestión no sólo en la agenda pública, sino en la propia agenda político-estatal. Y para ello, sería importante que organizaciones de la sociedad civil levanten la mano proponiendo iniciativas de ley a legisladores en torno a una política de RRC desde una perspectiva de control-democrático: mecanismos precisos para que el ciudadano tome centralidad en el régimen de rendición de cuentas. Con esa plataforma, se puede hacer dialogar y conseguir acuerdos de actores gubernamentales y civiles. Y un primer ámbito posible es justamente el municipio, el gobierno local. Ahora mismo, se requiere no tanto claridad en todos los aspectos de una propuesta de RRC’s verticales y diagonales, pero sí promover algunas ideas detonantes. La historia reciente en todos ámbitos del Estado, y especialmente el municipio, es de fracaso en rendición de cuentas, lo cual justifica la urgencia de renovar el debate para encontrar nuevos caminos.
