La desigualdad económica y social es un tema que aqueja enormemente a la sociedad a nivel mundial. Pero pese a ser un problema que recientemente ha atraído la atención de reconocidos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco mundial (BM), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), nada ha cambiado: la desigualdad sigue existiendo y de manera creciente.
Diversos estudios económicos demuestran que la desigualdad es un rasgo inherente al sistema capitalista, pero a partir de la implementación del modelo neoliberal los niveles de desigualdad económica registran niveles alarmantes, muestra de ello es la concentración de la riqueza en manos de un cada vez menor número de personas: apenas 1 por ciento de las familias en el mundo posee 46 por ciento (casi la mitad) de la riqueza generada, y la mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo, personas que sin temor alguno, publican su opulencia en revistas de circulación mundial. No es casualidad que el año pasado (en medio de la crisis económica que aqueja al sistema) cerca de 210 personas se hayan incorporado al selecto club de los multimillonarios cuya riqueza supera los mil millones de dólares de fortuna.
Más allá de que esta escandalosa concentración de la riqueza evidencia que los mercados no son entes autónomos, sino construcciones sociales con leyes establecidas por instituciones y reguladas por gobiernos que rinden cuentas a estas élites, se observa que los Estados gobiernan para las élites y que por ende, la política económica que prevalece es congruente con los intereses de estos grupos minoritarios. En otras palabras, las causas de la desigualdad económica son políticas, pues responden al grado de influencia que la clase capitalista tiene sobre los gobiernos. Lo que nos ayuda a entender por qué la política económica no ataca los problemas estructurales asociados al ingreso popular, y ha operado más bien de forma compensatoria ante esta situación, al intentar (sin mucho éxito) disminuir los indicadores sociales de marginación y empobrecimiento que constituyen legados de cambios regresivos en el orden económico y social.
Este tema supera lo cuantitativo, pues no sólo se asocia a cuestiones estructurales de orden económico, sino también social y político. En el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se destaca que en América Latina los salarios no sólo se reducen con respecto a años anteriores, sino que además, la informalidad en el trabajo va en aumento; de acuerdo con cifras oficiales, más de 130 millones de personas que habitan la región trabajan en condiciones de informalidad. Lo que explica el desaliento y la frustración de millones de jóvenes que conscientes de su situación han intentado organizarse políticamente y demandar las condiciones mínimas que todo trabajador debería gozar.
Las instituciones creadas en el sistema capitalista no son instituciones “naturales” y de ello deben estar conscientes los sectores que han comenzado a organizarse políticamente. Recordemos que lo que lo que hoy en día se presenta como derechos elementales de la población (libertad, educación pública, sindicatos, sufragio universal, etc.) fueron en el pasado derechos ganados a través de difíciles luchas políticas y sociales durante los siglos 19 y 20, es decir, no fueron consecuencias “naturales” de la conformación del sistema capitalista.
El tan controversial libro de Thomas Piketty titulado Capital in the Twenty-First Century (Capital en el siglo 21, traducción literal al castellano) no descubre el agua caliente, sin embargo, reafirma algo que es cierto: no hay una tendencia general hacia una mayor igualdad económica, como afirman los economistas neoclásicos. Por lo que los gobiernos que se dicen preocupados en los problemas de desigualdad, deben intervenir con políticas económicas efectivas que reviertan esta tendencia, lo cual pasa por dejar de estar al servicio de los intereses particulares de quienes integran el bloque en el poder, y prestar atención a las clases y fracciones de clase cuyos intereses son congruentes con el desarrollo industrial de cada uno de sus países. Proceso que evidentemente no es fácil, pues la historia ha demostrado que tiene que pasar por conflictos de clase, ya que sólo la variable política es la que puede posibilitar el cambio estructural hoy en día tan necesario. ■
