Criterios para evaluar la democracia mexicana

Criterios para evaluar la democracia mexicana

En el marco del paradigma del desarrollo humano postulado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la democracia mexicana debe hacer frente a tres desafíos: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, e incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones dotándolas de recursos humanos eficaces. Los avances en estos frentes y en el diseño y la ejecución de políticas públicas eficaces en tres campos clave —la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública—son esenciales para la sostenibilidad de la democracia del país.

Si bien la democracia tiene como punto de partida la legitimidad popular surgida de procesos electorales transparentes, regulares y limpios, va más allá de las elecciones: es una forma de organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones: política, civil y social, y evitar o limitar la dominación de unos individuos o grupos sobre los demás. Esta concepción de la democracia conduce a examinarla no sólo por el origen del poder en la soberanía popular, sino también por su ejercicio a través de las instituciones republicanas de gobierno y normado en el Estado democrático de derecho, y por su finalidad, que es la de garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos en las tres esferas básicas de la ciudadanía.

Evaluar avances en el terreno de la ciudadanía políticaimplica analizar las formas de acceso y las condiciones de permanencia en los cargos públicos; la representación de mujeres y minorías étnicas; los mecanismos de toma de decisiones de gobierno (en particular en lo que respecta a las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo), y el diseño del marco constitucional y sus procesos de reforma. En el campo de la ciudadanía civil, la vigencia de las libertades básicas, el acceso a la justicia y el acceso a la información pública; en el de la ciudadanía social, el deficitario acceso de las mayorías a servicios de salud, educación y protección social, y la enorme extensión de la pobreza y la desigualdad.

El tema del poder se puede examinar como una serie de déficits básicos: en primer lugar, la crisis de representación, emparentada con la debilidad de las opciones electorales, la sustracción de temas fundamentales de la agenda democrática al debate público y la intervención de los poderes facticos, sobre todo mediante la vía del financiamiento de las campañas.

En segundo lugar, las debilidades de los controles y contrapesos entre los poderes del Estado y las insuficientes transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos hacia la ciudadanía, que redundan en mayores oportunidades para la corrupción y, por consiguiente, en el desprestigio de la política, la función pública y finalmente de la propia democracia.

El tercer déficit abordado es el de la estatalidad, que refiere, más allá de la dimensión del Estado, su capacidad y poder para ejercer sus funciones, desde la más clásica de mantener el monopolio del uso (legítimo) de la fuerza dentro del territorio —hoy amenazada por la creciente penetración de ciertos poderes fácticos— hasta las más innovadoras, resultantes de la redefinición y actualización del papel del Estado democrático, consistente en transformar los derechos de la ciudadanía enunciados en leyes y constituciones en realidades cotidianas vividas por los ciudadanos reales.

A partir de este análisis, el PNUD propone priorizar tres áreas de política pública para atacar los déficits de la democracia: la política fiscal, la exclusión social y la seguridad pública. Urge a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones para generar un consenso alrededor de la necesidad de incrementar tanto la progresividad como el monto de los recursos fiscales disponibles.

Puesto que México es uno de los países con mayor desigualdad en el rubro de ingresos, también son prioritarias en su agenda democrática —es decir, en su agenda de constitución de ciudadanía— las políticas productoras de integración social —las cuales, a su vez, no pueden perdurar en el tiempo sin una nueva fiscalidad—. La reflexión publica, el debate académico y la demanda ciudadana convergen en algunos principios sobre los cuales esas políticas deberían fundarse, como la universalidad de las políticas sociales y la formalización del mercado de trabajo, con todas las consecuencias que ello acarrea en términos de acceso a la seguridad social.

Finalmente, un problema inquietante percibido por la ciudadanía es el de la inseguridad pública, que redunda en la vigencia incompleta del derecho más elemental de todos: el derecho a la vida, que finalmente podría provocar un deterioro del apoyo ciudadano a las instituciones democráticas. El problema refiere a las limitaciones de la capacidad del Estado para mantener la vigencia de la legalidad frente a los embates de la delincuencia común y del crimen organizado.

Si tomamos en cuenta los criterios anteriores, una evaluación de la democracia nacional y de Zacatecas no arrojaría buenas calificaciones. Es un asunto de todos resolver esa situación. ■

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