Antes de 1980, los municipios eran considerados sólo como apoyos administrativos que brindaban algunos servicios importantes para la vida cotidiana de su población. Sin embargo, a partir de las reformas del artículo 115 de la Constitución General de la República de 1983 y 1999, se reubicó el papel del municipio en la esfera de las políticas públicas: se le concedió el carácter de nivel de gobierno y se le asignaron responsabilidades administrativas, de servicios públicos y desarrollo urbano.
Desde finales de los 90, se impulsó la descentralización de funciones y competencias de gobierno, para fortalecer el federalismo en el país. Es la cosa curiosa que hemos tenido en México desde el siglo 19: construir un federalismo por descentralización y no por unificación, (etimológicamente foedus significa alianza o unificación de fuerzas distintas, que nace ante la necesidad que tuvo Roma de aliarse con los pueblos germánicos que los invadían por el norte). Pues en México ha sido al revés: Gobierno federal ha concentrado poder y poco a poco comparte funciones de gobierno a los estados y luego a los municipios.
Por este discurso federalista se elaboran leyes que dan nuevas competencias al municipio y nuevos instrumentos para que se inserten en la ejecución de política pública (como los convenios únicos de desarrollo). En esta tesitura está, por ejemplo, la creación de la Ley de Desarrollo Social en el 2004, donde se le atribuyen una gran cantidad de nuevas competencias a los municipios: generar programas de desarrollo social propios, así como sus programas operativos, convertirse en ejecutores de los programas, recursos y acciones federales en materia de desarrollo social, emitir un marco normativo propio de desarrollo social y crear explícitamente el programa municipal de desarrollo social.
Asimismo la recién elaborada Ley de Cambio Climático induce a los municipios a crear sus propios programas municipales de cambio climático. Y muchas competencias más en materia de salud, economía e incluso educación. Además, se han elaborado instrumentos operativos por parte del Inafed para ayudar a los municipios a adaptarse a esta nueva visión que se le concibe como gestor de desarrollo y no sólo como dotador de servicios básicos.
Sin embargo, esta ampliación de competencias ha resultado un fracaso. Y lo ha sido no porque esté mal que se piense así, sino porque se transfieren responsabilidades pero no los recursos; y además, no hay la debida cooperación intergubernamental que apoye el crecimiento de las capacidades de los municipios, con nueva institucionalidad, personal capacitado para dichas tareas y relaciones con organismos no estatales que apoyen en las mismas.
En suma, se le dan competencias al municipio pero no las condiciones para desempeñarlas, y lo llevan al fracaso. Con la desastrosa situación de los municipios que ahora tenemos, los discursos que apuntan a objetivos sociales fuera de los servicios básicos, suenan a inocente bufonería. Las promesas de los políticos quedan disueltas en el ácido de la incredulidad ciudadana, de la risa con malestar.
