La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga el caso de la presunta privación ilegal de la libertad de 16 personas, cometida por el grupo de manifestantes que iniciaron el 29 de mayo un paro de labores en la mina El Coronel, en Ojocaliente.
El fiscal en la entidad, Arturo Nahle García, detalló que el Ministerio Público de aquél municipio recaba los expedientes que permitan iniciar una serie de órdenes de aprehensión, en contra de quienes resulten culpables por este crimen, el cual todavía no es comprobado.
“Representantes de la empresa (Minera Frisco), interpusieron una denuncia por privación ilegal de la libertad en contra de 16 personas. Se está integrando la averiguación y, de encontrar elementos probatorios suficientes, se ejercitaría la acción penal”, dijo.
Anteriormente, mineros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) acusaron al grupo disidente que tomó las instalaciones de la veta El Coronel, de haber secuestrado a una veintena de trabajadores que no les apoyaron en su lucha laboral.
Por tanto, el secretario general del sindicato minero de la CROC, Juan Sánchez Ortiz, comentó que de existir órdenes de aprehensión sobre el caso, es necesario que la Procuraduría de Justicia las cumplimente, para resolver el problema a la brevedad.
Sin embargo, Nahle García desconoció la fecha en que lleguen a ejecutarse las detenciones -de ser necesarias-, debido a que las averiguaciones correspondientes se encuentran en fase inicial, explicó.
El conflicto en la mina El Coronel inicio hace más de un mes, en la cual un grupo de trabajadores reclama un pago justo en el reparto de utilidades, además de emanciparse de la CROC, para afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige Napoleón Gómez Urrutia
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De acuerdo con Sánchez Ortiz, los inconformes tienen la libertad de hacer esto, aunque advirtió que el contrato colectivo de trabajo, para la mina en cuestión, pertenece al sindicado de la CROC.
Por parte de los mineros en paro también hay denuncias por intimidación y agresiones físicas contra sus familiares.
