■ En EU actores económicos y políticos son beneficiados de la opacidad e impunidad en México
■ Da conferencia Eréndira Sandoval, directora del Centro de Documentación y Análisis de la Corrupción
Si en Guatemala recientemente fue posible desmembrar la red de corruptelas y colusión de públicos y privados, en gran medida se dio porque actores internacionales empujaron a ello por convenir a los intereses de Estados Unidos, mientras tanto, en México ha sido difícil la presión externa porque al ser país bisagra entre Norteamérica y Sudamérica, no conviene a los intereses del país vecino del norte.
Opinó lo anterior Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Centro de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, quien estuvo ayer en Zacatecas para impartir una conferencia en la Legislatura local.
Tras aseverar que para nadie es desconocido que los mexicanos desconfían en sus representantes públicos, incluso en niveles de confianza por debajo de Jamaica, Gambia, Mali o Senegal, la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creyó que es errado poner mucho la esperanza en actores internacionales institucionales para combatir la corrupción tal cual sucedió en Guatemala.
En este país se debe apostar a que la impunidad, abuso de poder y corrupción terminen por luchas propias de los mexicanos, que son los actores más directamente afectados por esos abusos. De lo contario, en Estados Unidos grandes actores económicos y políticos de poder son los beneficiados de la opacidad e impunidad de esta nación.
Si bien dijo que ha ayudado mucho la presión internacional a favor de la justicia en el caso Ayotzinapa, es porque la han hecho actores completamente desempoderados institucionalmente, mientras que por el contrario, en Francia, un país emblemático de los derechos humanos se recibió al presidente Enrique Peña de manera “pomposa”, sin contar con la perversa protección política que se le da desde Estados Unidos.
Ante esos escenarios, Sandoval Ballesteros opinó que si bien la creación de un Tribunal de Cuentas para la fiscalización del uso de los recursos públicos sería excelente, en estos momentos se trata de una propuesta técnica de lo más acabada, pero sólo funcionaría si hubiera las condiciones institucionales, políticas y sociales, las cuales no hay por ahora.
En el entendido de que lo que merma la vida pública y política de México es la impunidad y para nadie es un secreto la corrupción y los niveles de ineficacia no sólo en la vida pública sino también en lo privado. Los constructores son un ejemplo de la corrupción pública y se requiere que haya un claro compromiso cívico y social en contra de la impunidad.
La profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM refirió además que en el país las actuales reformas estructurales han profundizado la independencia de abuso de poder y se está en una situación de desintegración absoluta del interés público y el Estado como herramienta.
Es decir, México se dirige a un escenario peor, al normalizar la impunidad a costa de legalizar la corrupción y eso tiene que ver con la subcontratación y privatización de las funciones públicas. Sandoval se refirió a la asociación entre lo público y lo privado: el gran caballo de Troya de Felipe Calderón quien aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual es el síntoma más claro de impunidad y legalización de las más altas corruptelas que se van a generar. Por tanto, la necesidad de reivindicar la Constitución en el apartado de resguardo público, en el entendido de que la corrupción no sólo es pública, sino que el asunto del poder que está cada vez más en el ámbito privado, donde se definen las pautas a seguir.
Refirió que el punto de inflexión se dio en 2012 con la normalización de la impunidad, cuando en la elección presidencial hubo triangulaciones con Soriana, Banamex y Waltmart, así como empresas fantasmas y lavado de dinero como el caso Monex, demostrándose en la Cámara de Diputados que Peña Nieto superó 14 veces el tope de gastos de campaña, pero sigue en la impunidad total.
Sandoval consideró que algunas propuestas para desmantelar las estructuras corruptas serían crear la Ley Federal de Conflictos de Interés, protección a los denunciantes de la corrupción para que no ocurra un caso como el de Carmen Aristegui, leyes de procedimientos y responsabilidades administrativas para que de forma automática se generen los procesos penales, echar atrás la Ley de Asociaciones Público Privadas y ciudadanizar las instancias de rendición de cuentas, de lo contrario, si las condiciones siguen como van, para 2035 la corrupción despegará a niveles oprobiosos.
