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sábado, 18 mayo, 2024
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Presentan iniciativa de ley contra la corrupción en contrataciones públicas

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA •

■ Se busca establecer órganos de control y sanciones para infracciones en la materia: Femat

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■ Faltas previstas tendrían sanción económica de mil hasta 2 millones de veces el salario mínimo

Se presentó este jueves en la Legislatura de Zacatecas una iniciativa de Ley contra la Corrupción en Contrataciones Públicas para Zacatecas a fin de establecer responsabilidades y sanciones a quienes cometan infracciones con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter estatal o municipal, así como establecer órganos de control para aplicar la normatividad.

La iniciativa, del petista Alfredo Femat Bañuelos, se dirige a las personas físicas o morales mexicanas o extranjeras que participen en las contrataciones públicas de estatales o municipales en su carácter de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos, así como los servidores públicos que participen, directa o indirectamente, en las contrataciones públicas.

En caso de inferirse irregularidades en alguna contratación pública, en contra de los referidos se podrán presentar quejas ante las contralorías municipales y la Auditoría Superior del Estado (ASE) con carácter confidencial de la identidad de las personas denunciantes o incluso se podrá hacer de oficio.

Las infracciones previstas en la ley serían sanciones económicas equivalente a la cantidad de mil hasta 2 millones de veces el salario mínimo general vigente. O bien entre 30 y 35 por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor,  así como la inhabilitación para participar en contrataciones públicas por un periodo que no será menor de seis meses ni mayor de 8 años.

 

Ley de Deuda Pública

También en sesión legislativa el grupo parlamentario del PRD presentó un punto de acuerdo para que el Poder Legislativo no apruebe contrataciones de crédito o empréstito del estado y sus municipios, en tanto no se aprueben y entren en vigor las leyes secundarias y la armonización de la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios aprobada en el Congreso de la Unión.

La propuesta perredista argumenta que actualmente la deuda total de estados y municipios asciende a 510 mil 030.8 millones de pesos con respecto de los 489 mil 877 millones de pesos que eran en 2014, según indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo cual demuestra una tendencia de crecimiento desmedido y falta de control.

El legislador Iván de Santiago señaló en Zacatecas es preocupante que las finanzas públicas y la estabilidad financiera pueda estar comprometida por decisiones poco planificadas, en el entendido de que la política presupuestaria en los últimos años, presenta periodos de inestabilidad y contrastes muy marcados.

Por ejemplo se presenta un descenso en el gasto programable para rubros como infraestructura y ramas productivas en casi 7 por ciento y los recursos destinados a la deuda pública son de casi 39 por ciento de los recursos, priorizando el pago de deuda pública por encima de sectores prioritarios.

Se refirió que en la pasada comparecencia, el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, reconoció que el estado tiene un deuda de más de 12 mil 118 millones de pesos, más el empréstito aprobado de mil 400 millones de pesos, a lo que se suma el déficit de la administración por el orden de 2 mil 400 millones de pesos.

De ahí la necesidad de hacer la homologación local necesaria a la Ley General de Deuda Pública aprobada en agosto del año pasado y cuyo contenido propone establecer las bases para llevar a cabo un endeudamiento responsable y transparente, sin impedir la adquisición de empréstitos, crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública, prohíbe la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente, entre otros.

Se leyó además una iniciativa del gobernador Miguel Alonso para regular las agrupaciones financieras a fin de tener herramientas con las que se logre un equilibrio entre las relaciones de las entidades financieras con los usuarios de sus servicios.

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