La situación actual del país, en el que las reformas estructurales más que traer los beneficios esperados por toda aquella población que confiada, entregó su voto al que parecía ser el mejor postor, si no fue el caso que a cambio de una despensa, una beca o la promesa de bienestar, como siempre incumplida, acudió a los comicios del pasado primero de julio de 2012 a efectuar el sufragio, que lejanamente de este acto, semejó más un concurso de popularidad, en el que el supuesto triunfador y su partido, hicieron alarde de un gran gasto en la estrategia mediática que circundó su campaña, en este México que hoy día paga con intereses elevados su displicencia y en dado caso su entreguismo y pasividad, se observa que más que un simple hurto, como ha sido común en las gestiones del partido tricolor, la fórmula de represión, silenciamiento y acicate se ha recrudecido, cobrando lo entregado a cambio del voto, de tal manera, que inclusive los gremios siempre acompañantes de las campañas de los partidos oficiales se han visto atacados y menguados en materia de derechos y que más que una innovación con el fin de impulsar el crecimiento del país, dichas reformas han significado el yugo que ha impuesto a cambio de no perder sus empleos, la codependencia infame y maliciosa de congraciarse y actuar como cómplices con la corrupta clase política.
La concepción del Estado, ya sea democrático, socialista, absolutista o bien despótico, es la suma de todos los miedos, con el único fin de ser utilizados para el sometimiento de las masas, en el caso del Estado mexicano, estos miedos han sido nefastamente utilizados por quienes llevan las riendas del gobierno, llegando a extremos deplorables, incluso, a grado tal, de subyugar bajo el temor de perder su empleo a los trabajadores dependientes de las instancias gubernamentales, tal es así, que como en el caso de los trabajadores de educación y de otras instituciones gubernamentales, quienes viviendo a expensas del salario raquítico que perciben por un trabajo ya de por sí devaluado y mal visto por la sociedad mexicana; aunado a esto, también toleran llevar sobre sus espaldas el abandono y el despojo de dichas instituciones, desprovistas de lo más elemental para su correcto funcionamiento, resultando así como culpables de malos manejos y deficiencias de las instituciones.
No obstante, los miedos que empuña el gobierno no sólo son utilizados para amedrentar y amagar a los gremios que laboran en las paraestatales a su cargo, de igual modo a la población en general se le mantiene en constante zozobra en un país militarizado por las fuerzas que deberían velar por el orden y la paz, y asolado por flagelos como la economía por de más debilitada y el subsecuente y resultante crimen organizado, que arrebata a las jóvenes promesas de sus hogares con la falacia de una vida mejor, al engrosar las filas de los grupos paramilitares de narcotraficantes y criminales que sin mesura ni recato delinquen, socavando la tranquilidad y paz de las familias mexicanas, por supuesto las más pobres y desprotegidas, que si bien logran con su esfuerzo llevar a sus hogares un poco más, el esfuerzo resulta vano ante el temor de perder lo poco a lo que acceden, padeciendo la incesante amenaza de ser despojados de su patrimonio ya sea por criminales o bien por los encargados de guardar el orden, que más que perseguir a los verdaderos criminales parecieran ser parte de la misma problemática que están destinados a combatir.
Las reformas que el país requiere, lejos de estar contempladas en la maraña demagógica del reformismo del gobierno actual, que en lugar de combatir la pobreza pareciera que están ideadas para recrudecerla, para lograr un cambio de fondo, real y benéfico para las mayorías, tendrían que considerar la gravedad de la situación por la que el país transcurre, debieran, si es que su intención es hacer el bien al país y no dilapidar sus recursos ofertándolos al mejor postor, iniciar por contemplar legislaciones que aseguraran la repartición justa de la riqueza de manera equitativa, plena y sin acaparamiento.
Sin embargo, la clase política y empresarial difícilmente otorgará por su mano y sin agresiones los derechos que corresponden al pueblo mexicano, antes de esto, atacarán a los transgresores de su dominio hegemónico con las milicias que para perpetuar su imperio han dispuesto; por lo tanto, es deber y obligación de todos solidarizarse con las causas justas, establecer frentes comunes en las luchas gremiales y no sólo pugnar y presionar, sino evitar a toda costa que dramas tan lamentables como el de los normalistas de Ayotzinapa y los encarcelamientos injustos de los luchadores sociales se repitan. ■
*Profesor de primaria y disidente
