Lo primero que hay que asentar es que el Estado de Derecho no es producto de algún ser divino, tampoco es resultado de principios o valores predeterminados e inmutables. Todo lo contrario, es un producto social, una viva imagen de la dinámica que cobran las relaciones sociales. Por lo mismo, es histórico, siempre adecuándose a las circunstancias. De la misma manera, las instituciones creadas para hacer valer el Estado de Derecho son históricas; es decir, no son eternas e inmutables.
Menciono lo anterior porque, a raíz de la determinación del Poder Legislativo de retirar 13 de 14 fideicomisos que han dado privilegios a la cúspide del Poder Judicial, defensores de ese recurso ilegalmente “almacenado” insisten en que se quebranta el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes y la “autonomía” del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo que; por cierto, no es el facultado para la desaparición de los fideicomisos por lo que, en dado caso, sería un acto del Legislativo contra el Judicial. Pero tampoco lo es.
El Estado de Derecho es producto social justo porque es la sociedad quien va creando las normas y las instituciones responsables de aplicarlas y resguardarlas. El Estado de Derecho no crea las relaciones de la sociedad, sólo las regula. Sin sociedad y sus relaciones históricas, no hay norma alguna.
Los defensores de los fideicomisos se atrevieron, incluyendo a la ministra Norma Piña y la exministra Olga Sánchez Cordero, en sostener que clausurar los fideicomisos (por ilegales y por ser resultado de la promoción de privilegios sociales e inmorales) debilita la capacidad actora del Poder Judicial, atenta contra su autonomía, retrasa la impartición de la justicia, coloca al Poder Judicial en el riesgo de la corrupción y violenta el Estado de Derecho. Todo eso es absolutamente falso.
Se ha podido documentar que el Poder Judicial creó los llamados fideicomisos como instrumentos financieros para almacenar-ocultando los sobrantes del presupuesto que se le destina en cada año fiscal para su normal funcionamiento. Se trata de figuras bancarias ilegales, porque ni siquiera el reglamento del propio Poder Judicial da pauta a su creación. Y, a la vez, es ilegal que alguna institución gubernamental deje, para sí misma, los sobrantes (subejercicios financieros) de lo que se le presupuesta. Al respecto, el propio Presupuesto de Egresos que aprueba el Poder Legislativo mandata a todas las dependencias e instituciones regresar a la Tesorería de la Federación lo no ejercido. Y, lo realmente ejercido se toma como referencia para la futura presupuestación, parte de la idea de no darles más presupuesto de la que realmente ejecutan y les permite su normal funcionamiento.
A los abultados salarios y prestaciones, de los magnates del Poder Judicial superiores a las que percibe el jefe del ejecutivo federal, muchas de estas antes inimaginadas y violatorias de la misma Constitución, se han podido otorgar escandalosas compensaciones, complementos o adiciones provenientes de los llamados fideicomisos.
Sin lugar a duda, estamos ante un flagrante hecho de abuso de confianza, de una administración fraudulenta, premeditada, con alevosía y ventaja; en asociación delictuosa, alimentada por la ausencia de probidad carcomida por la ambición y la codicia. ¿Dónde quedan los valores y los principios? ¿Dónde está la rectitud, la honradez y la ética?
Los voceros del Poder Judicial, achichincles, corruptos, clasistas, racistas, trepadores, opositores a mansalva y enajenados, arguyen que el retiro de los fideicomisos (que ni siquiera implica bajar el salario de los magnates judiciales, de por sí muy elevados) es un atentado contra la “autonomía” del Poder Judicial. ¡Pamplinas!… Es el pretexto para que no se les toque una riqueza guardada y mal habida, ilegal e inmoral mientras hay muchas necesidades en la sociedad mexicana.
Nunca como ahora, el Poder Judicial ha gozado de mayor y real autonomía respecto a los otros dos poderes. Incluso, hay evidencias de la constante intromisión del Poder Judicial sobre la actuación del legislativo y Ejecutivo. Lo que realmente defienden es lo que considera “su derecho” a la codicia, a la corrupción y al ocultamiento de muchas de sus actuaciones en las que han autorizado amparos para proteger a grandes capos de cuello blanco y del narcotráfico y han osado defender “el derecho” de los extranjeros de apropiarse de nuestras riquezas nacionales. No quieren equilibrio de poderes, como alegan, quieren poder por encima de los otros poderes. Ser intocables.
El Poder Judicial debe ser reformado en muchos aspectos. El principal de ellos es someterlo al Estado de Derecho, que va mucho más allá de sus actos de codicia y corrupción financiera, hay que evitar que continúe incurriendo en delitos, sin aún considerar que el mismo Estado de Derecho debe ser reformulado a la luz del México nuevo que se abre en medio de profundas transformaciones.
