La técnica de “¡Al ladrón, al ladrón!” como gritaría un carterista en su huida para despistar a quien lo ve en fuga, esperando que con ello, supongan que el gritón persigue al delincuente, parece ser una de las favoritas de este sexenio.
Así reaccionó Enrique Peña Nieto cuando se refirió por primera vez a la masacre de Iguala, como si fuera un simple ciudadano, uno más, y como si no tuviera el máximo cargo de la nación, dijo: “me encuentro profundamente indignado, y consternado”. Y luego dijo “En el Estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio de impunidad”. Un mes después y su indignación y su poder no han servido para encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Como pocas veces sucede, el tema sigue vigente. Pero ya no a través de los emotivos reportajes de los compañeros que aún los esperan, ni de la impotencia e indignación que sacude al director de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, o de los testimonios de lo ocurrido. Desde hace unos días, no son las cientos de manifestaciones que continúan en el país lo que ocupa los titulares, tampoco lo fue siquiera la protesta que en la India alcanzó a José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores. No, el centro de la noticia es López Obrador y su presunta vinculación con José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, lugar en el que fueron atacados los estudiantes normalistas.
En una curiosa coincidencia, luego de un mes de los hechos, pero exactamente el mismo día en que López Obrador encabezara un mitin en el zócalo de la ciudad de México junto a Elena Poniatowska y Martí Batres, reclamando la consulta de la reforma energética y la aparición con vida de los 43 normalistas, el presidente nacional del PRI, César Camacho, tuiteó que López Obrador “debe explicar por qué apoyó al alcalde de Iguala, sabiendo de sus nexos con el narco”.
Ese tuit que desató la andanada deja dos preguntas, la primera ¿En qué se basa Camacho para decir que AMLO conocía los nexos de Abarca con el narco? Aparentemente, sólo en el decir del contrincante perdedor en la elección de la presidencia municipal de Iguala, quien declara haberle comentado a López Obrador de los vínculos de su rival con el crimen organizado y haber entregado un documento al respecto. Hoy se reclama a López Obrador no haber denunciado lo que le informaron, pero no se le exige lo mismo a quien supuestamente lo informó. Tampoco que demuestre al menos sus dichos.
La segunda pregunta sería ¿En que se basa Camacho para decir que López Obrador apoyó a José Luis Abarca? ¿Qué evidencias hay de ello? Tan sólo una fotografía en una plaza pública, como las cientos que se toma con cuanta persona se lo pida, que de ser aceptada como evidencia, comprometería también a Enrique Peña Nieto, quien por razones igual de naturales que las de AMLO tiene fotografías con Abarca y su esposa.
Quizá argumentarían que militar en el mismo partido sería suficiente para acusar de complicidad, sin embargo, sólo quien ignorara la realidad política de los últimos años podría negar que López Obrador perdió poder dentro del Partido de la Revolución Democrática donde una vez militó, y mismo que postuló a José Luis Abarca a la alcaldía Iguala. Evidencia de ello es que a partir de 2008, cuatro años antes de la elección en cuestión en el municipio guerrerense, la presidencia del PRD cayó en manos de Jesús Ortega, y no de Alejandro Encinas, cercano a López Obrador.
Por otro lado, se supo en su momento que Andrés Manuel envió una lista de figuras de la sociedad civil para ser consideradas en las candidaturas, sin embargo todas sus propuestas fueron rechazadas. Por ello grandes personalidades cercanas al tabasqueño tuvieron que competir por el Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano y no por el PRD, como es el caso del jurista Jaime Cárdenas.
Finalmente, resultaría cómico de no ser trágico que quienes han negado a López Obrador la participación en los medios de comunicación, el derecho de réplica, los que le impidieron hacer uso de la máxima tribuna del Congreso durante su desafuero, y los mismos que mandan decomisar el sistema de sonido en los pueblos en los que se presenta, lo acusen hoy de guardar “sospechoso silencio”, a pesar de que desde el 30 de septiembre Andrés Manuel exigió se castigara a las autoridades responsables, como puede constatarse en sus redes sociales.
Y sin embargo, nada de esto importa, 43 estudiantes siguen desaparecidos, el procurador responsable de dar con su paradero sigue en su cargo, el comandante supremo de los militares que estaban a unos metros de lo sucedido sigue en su puesto, y los responsables de la precariedad y las injusticias diversas que obligaban a los estudiantes normalistas a estar en permanente pie de lucha siguen ahí, en la impunidad y en sus escritorios. No nos distraigamos. ■
@luciamedinas
