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sábado, 18 mayo, 2024
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Hay que garantizar el bienestar social de las mayorías, no de las minorías dueñas del país

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Por: JOSÉ NARRO CÉSPEDES •

El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca por ser el instrumento internacional más importante en el reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en la materia, como son: la asistencia médica, las prestaciones monetarias de enfermedad, el desempleo de vejez y familiares de maternidad, para construir sociedades más solidarias, inclusivas y equitativas.

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Para la OIT, los sistemas de seguridad social prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, embarazo, cuidado de los hijos y pérdida del sostén de la familia.

Atentando a esta definición, en México, el 23 de octubre de 2012 la totalidad de los integrantes del Senado votaron de manera favorable las reformas al marco normativo que regula las relaciones obrero-patronales en el país.

La reforma laboral aprobada apresuradamente por el PRI y el PAN, y ratificada por el priísmo zacatecano (incluida la candidata al 3er. distrito, Claudia Anaya) a la fecha, no ha servido de nada para los trabajadores, pues con todo y ésta, en enero de 2014 quedaron desempleadas 228 mil personas, además de que no ha habido mejoras salariales, ni pagos de productividad, ni juicios laborales más ágiles. Ningún beneficio ha generado a la clase trabajadora del país.

Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social en Zacatecas hay 267 179 familias sin ningún tipo de afiliación a alguna de Institución de Seguridad Social, mientras que el IMSS atiende a 430 793 y el Seguro Popular tiene afiliados a 759 375 zacatecanos con sus farmacias vacías y sus clínicas abandonadas.

Entre las medidas laborales impuestas en México, destacan la flexibilización de la compra y venta de la fuerza de trabajo y la libertad del patrón de contratar y despedir libremente a los trabajadores —de hecho esto es la flexibilidad—; la ampliación de los contratos a prueba; la anulación de los tribunales del trabajo como los de Conciliación y Arbitraje; la legalización del outsourcing (o subcontratación que ya involucra a más de 2.5 millones de trabajadores) que precariza el trabajo y liquida muchos de sus derechos laborales y prestaciones contractuales; también se establece el pago por horas, el abaratamiento de la indemnización por concepto de despido y/o liquidación por cualquier causa que lo provoque.

Los representantes de las cámaras patronales, de la burocracia política y de la partidocracia coinciden en que los aspectos sustantivos del régimen de explotación del trabajo vigente en México, por ello sólo “ajustan” el modelo, lo “modernizan” y perfeccionan en concordancia con el abaratamiento del valor de la fuerza de trabajo para ser “competitivos”, su flexibilidad y precarización con el fin de disponer de las masas de plusvalor requeridas por el capital en sus procesos de acumulación y reproducción.

No atender a esta premisa histórica de la globalización capitalista es, según entienden los ideólogos patronales, “desfasarse” del mercado y de los “beneficios” de la libre competencia.

Los incrementos salariales, que en su mayoría han sido de 3.9 por ciento, se los ha comido el aumento a los productos de la canasta básica y de los energéticos.

Se están dando las condiciones para que el sector obrero y las clases mayoritarias del país sufran un colapso económico, en tanto que no se ven por ningún lado las políticas públicas que incentiven la generación de empleo.

El punto nodal de la misma, que era la creación de trabajos, que quedó en entredicho, ya que al arranque de 2004 hubo 9.4 por ciento más desempleados que en el último mes del año pasado.

A su vez, los salarios no han mejorado, los incrementos se han multiplicado y esto se agrava por el hecho de que la inflación se ha elevado por encima de las remuneraciones obreras, particularmente en lo que respecta a productos básicos y gas natural, indicó esta universidad.

El Banco Mundial señaló recientemente que la pobreza en México y América Central no se ha reducido en los años recientes, a pesar del incremento en el gasto social.

En la región, incluso la población que vive con 2.25 dólares al día, creció 41 por ciento en un año, cifras que son preocupantes, pues demuestran que se viene arrastrando una pobreza.

Por todo ello, trabajaremos desde la Cámara de Diputados para derogar la reforma laboral, al tiempo que fortaleceremos el crecimiento del salario y las condiciones laborales.

Buscaremos hacer realidad un sindicalismo que no sea una herramienta de control y una herramienta electoral del PRI, por ello, impulsaremos a los sindicatos independientes que siempre han pugnado por construir en México relaciones obrero-patronales libres, justas y equitativas.

Tenemos que reconstruir al IMSS y al ISSSTE, para garantizar que sean la herramienta a para que la Seguridad Social de los trabajadores no sea sólo un discurso. Debemos incrementar la cobertura de estas instituciones para una atención digna y eficiente.

Tenemos que construir herramientas para fortalecer el empleo sin que se vea disminuida la calidad de las condiciones laborales. Tenemos que tener como prioridad a los trabajadores y no al capital.

El Estado debe garantizar el bienestar social de las mayorías, no de las minorías dueñas del país.

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